Las lecciones del vínculo Ponce Lerou con Fulvio Rossi
CrónicasDestacado 21 febrero, 2015 Edición Cero
El Ciudadano/ La arista Soquimich del caso Pentagate evidencia que el empresariado financia transversalmente la política chilena. Una colonización empresarial manifiesta por la investigación sobre el grupo Penta y que ya comienza a oler a un pacto “de gobernabilidad” muy propio de la democracia de los acuerdos, que pasa por el silencio de los medios y el olvido de los políticos. La jugada ya comenzó con la poco elegante salida del fiscal Carlos Gajardo del caso Penta y de la investigación sobre SQM.
La última arista del caso Penta, las boletas de Soquimich (SQM), da cuenta del financiamiento transversal del empresariado de la política chilena. Si con el Pentagate nos enteramos del maridaje entre el holding de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano y la UDI; con Julio Ponce Lerou, nos damos cuenta de que a la hora de ponerse con lucas, estas alcanzan hasta al senador Fulvio Rossi.
En agosto de 2014, un análisis de la Fundación Nodo XXI, próxima al diputado Gabriel Boric, acusaba la colonización empresarial de la política chilena. Destacando la reforma tributaria hecha en consenso con el empresariado, daban cuenta de que “la negociación llevada adelante entre la Comisión de Hacienda del Senado y los representantes empresariales que concluyó con un “pacto social” cuya duración está garantizada, según algunos senadores, por un mínimo de veinte años”.
Menos de un año después y curados de espanto con las revelaciones del caso Pentagate y lo que se anuncia con SQM, el concepto adquiere una plasticidad empírica abismante.
Durante décadas los chilenos nos fuimos acostumbrando a ver invadidos nuestros espacios por groseras campañas presidenciales si preguntarnos mucho por el origen de tanto dinero. También durante años el clientelismo político se preocupó de sumar votos inventando centros en sus distritos o paseos para el adulto mayor y otras vainas.
Hace semanas el diputado Hugo Gutiérrez viene denunciando el financiamiento de la minera Collahuasi yminera Los Pelambres del grupo Luksic a la fundación Casa Abierta, abierta por el senador Fulvio Rossi y que sería para la divulgación de la astronomía. O sea, los parlamentarios se preocuparon de llenar esos espacios sociales y de necesidad en sus distritos dejados el abandono por un Estado forzadamente anoréxico. En ese ejercicio de la caridad de nuestros días, entraban las grandes fortunas para colonizar a los parlamentarios.
¿Quién no recuerda la cruzada del senador Jaime Orpis ‘contra la droga’ en el norte, abriendo centros de rehabilitación? ¿Quién financiaba esa caridad que resume todo el imaginario del enemigo y la colaboración público-privada de la post dictadura?
La otra arista de la colonización empresarial de la política se daba en los ministerios. Tampoco los chilenos nos sorprendimos del enroque habitual al terminar cada gobierno desde ministerios a directorios de grandes empresas. Ahí tenemos a René Cortázar, Ximena Rincón, Jaime Estévez, Jorge Rosenblut y, como no olvidar, al transversal Enrique Correa. En el actual gabinete de Bachelet, da una potente señal de probidad el ministro de Energía, Máximo Pacheco, quien antes fue director de las empresas Lucchetti y Banco de Chile.
No en vano el documento de Nodo XXI de agosto de 2014 también resaltaba la agenda energética llevada por el ministro Máximo Pacheco y el empresariado tras bambalinas, que persigue “reducir el costo de la energía y, de esa forma, volver lo suficientemente atractivo el margen de utilidades para la inversión extranjera directa”.
EVALUANDO MERCADOS POLÍTICOS
Cada cierto tiempo los grandes grupos económicos van evaluando donde poner sus fichas políticas. Al igual como evalúan mercados futuros, nuevos yacimientos para explotar o sondean cómo intervenir comunidades, se dan una pasada por el mercado de ofertas políticas en la democracia neoliberal.
Nadie pensaba que quien hizo fortuna siendo yerno del dictador Pinochet, Julio Ponce Lerou, que de ingeniero forestal tras su paso por Celulosa Constitución (Celco), Endesa, Compañía de Teléfonos (CTC), IANSA , Corfo y Soquimich, terminó siendo dueño a través de la sociedad Pampa Calichera de esta última en 1987.
Ponce Lerou gozó durante décadas de la estimación de la derecha más dura. Si hasta se había ganado la licitación del litio en el gobierno de Sebastián Piñera hasta que otra empresa concursante reclamó que ni siquiera se respetaron las bases en la adjudicación. Hasta el año pasado había pocos empresarios más a la derecha que el ex yerno del dictador, pero su fino olfato político tras el caso Cascadas y el fracaso cultural de la derecha tras el movimiento estudiantil de 2011, lo obligaron a ir más allá en sus ‘aportes’ de campaña.
Partió como parten muchos: para entrar al sector la puerta es el reconocido lobista Enrique Correa, vinculado al Partido Socialista. Lerou, sin asco y con una buena dosis de oportunismo apoyó al diputado DC Roberto León y al ‘emergente’ candidato a senador por el norte, Fulvio Rossi.
Las boletas hasta ahora conocidas dan cuenta de un aporte en julio de 2009 al hijo del diputado León por $2.500.000 y otra por $4.444.444 a la asesora del senador Rossi, Mariel Molina. Otro beneficiado fue el miltante DC y ex embajador Marcelo Rozas, quien aparece con una boleta por $2.222.222. El mismo monto aparece facturado por su esposa, Michelle Reymond, además del hijo de ambos, Daniel Rozas, quien figura con una boleta por $2.500.000.
Por eso llamó la atención que cuando el SII en vez de exigir investigar las evasiones de impuestos en su totalidad, al presentar la querella limitó el rango temporal de sus causas sólo al mes de julio de 2009.
Con la jugada, Ponce Lerou entró al grupo de los grandes en la política. Los conglomerados que dividen transversalmente sus repartos a los partidos políticos, los Angelini y Luksic o cualquier transnacional (como Endesa España en los ’90 o el grupo Slim poco tiempo después) con ánimo de explorar “oportunidades de negocios’ en el país laboratorio.
Los más grandes vienen financiando la política chilena desde la campaña del No. Sería ingenuo preguntarse sobre quién apoyaron los grupos Luksic y Angelini en las pasadas parlamentarias y presidenciales.
Tras la caída de la UDI, los medios comenzaron a abrir más carpetas para sumar a los de la Nueva Mayoría en la caída. Pero ¿hasta dónde llegarán?
Se huele un pacto intra elite, muy propio de la democracia de los acuerdos, que pasa por el silencio de los medios y el olvido de los políticos. La jugada ya comenzó con la sorpresiva salida del caso Penta y de la investigación sobre SQM del fiscal Carlos Gajardo en las últimas horas del miércoles 18 de febrero.
Se sabía que el fiscal Gajardo tiene en su poder una lista con 19 personas que habrían emitido boletas a SQM en julio del 2009.
Las operaciones han perdido toda elegancia. A pocas horas de conocida la salida del fiscal Gajardo, radio Bío Bío denunciaba que la fiscal Nacional (s) Solange Huerta, que tomó la decisión fue militante del Partido Socialista cuando universitaria y sustancia el Caso Tsunami, paralizado por un requerimiento en el Tribunal Constitucional.
El fiscal designado para investigar las boletas de SQM es el hijo del senador socialista Carlos Montes,Andrés Montes. Sobre él está el fiscal de alta complejidad centro norte José Morales, quien está a cargo del Caso Cascadas, que como resalta Bío Bío tiene sólo dos formalizados: el gerente general de la sociedad Norte Grande, Aldo Motta y la secretaria de actas de la sociedad, Claudia Morales. O sea, peces chicos.
Esas movidas por abajo.
Por arriba se anuncia ya un pacto de no agresión muy similar al convenido entre Ricardo Lagos y Pablo Longueira cuando el primer mandatario socialista tras dictadura era asaltado por el caso MOPGate en 2003. Un nuevo pacto para proteger la “gobernabilidad”. La salida del fiscal Gajardo marca el primer paso, lo más probable que a medida que los nuevos responsables del caso achiquen la investigación, los medios harán lo suyo reduciendo la cobertura.
Mauricio Becerra R. @kalidoscop El Ciudadano
LEA ADEMÁS: