Comisión Rettig evidenció falta de legalidad del segundo consejo de guerra en Pisagua

El informe de la Comisión Verdad y Reconciliación, reeditado en 1996 y también conocido como Informe Rettig, estudió los casos de atropellos a los Derechos Humanos de manera acuciosa, incluido el segundo consejo de guerra, sobre el cual  el juez Mario Carroza, como ministro de fuero, acaba de levantar acusaciones.

Este consejo de guerra, ocurrido en Pisagua el 29 de octubre de 1973, estuvo revestido de una serie de irregularidades, aparte de lo que indica el sentido común que hoy se impone, en la idea de  que no había estado de guerra en Chile, sino que un golpe de estado. Para ello enumera una serie de faltas al proceso legal

No hubo unanimidad de los sentenciadores: La Comisión Rettig estableció que este Consejo de Guerra actuó ilegalmente, ya que el  Auditor Ad hoc no comparte el criterio de la pena de muerte y propone 10 años, por irreprochable conducta anterior. La legislación señala que deben estar de acuerdo en la pena la totalidad de los sentenciadores y en este caso no hubo unanimidad.

Delitos no fueron debidamente probados: Además, establece que los delitos de los que se les acusó, no fueron debidamente probados, y por los cuales legalmente no debía imputárseles. Y peor aún, si se hubiesen ejecutados, la misma condena, cita el informe, que reconoce que los delitos se cometieron “en grado de frustración”. Es decir, no se concretaron.

También reconoce el sometimiento a tortura sistemática, aplicado para obtener confesiones.

La Comisión establece que los 4 fueron “ejecutados por agentes del Estado en un proceso, que por no haberse ajustado a derecho, vulneró las reglas de resguardo a los DDHH de los procesados”.

*Información competa de este caso, en el Tomo 1 del Informe Verdad y Reconciliación, páginas 240 y 241.

LOS FUSILADOS

Producto del dictamen, fueron fusilados:

RODOLFO FUENZALIDA FERNANDEZ,  43 años, piloto civil, detenido el mismo 11. Era militante del Partido socialista. Como casi todos los detenidos, hizo el periplo desde su lugar de detención al Regimiento de Telecomunicaciones y de allí a Pisagua.

JUAN ANTONIO RUZ, 32 años. Se desempeñaba como funcionario de Aduanas y se entregó voluntariamente en el Telecomunicaciones,

JOSE SAMPSON OCARANZA,  33 años, quien se desempeñaba como relacionador público de la municipalidad de Iquique, También se presentó voluntariamente. Lo hizo ante Carabineros.

FREDDY TABERNA GALLEGOS, era el más joven de este grupo, con sólo 30 años y como los otros, se presentó voluntariamente, sin presagiar que esa decisión sería sin vuelta atrás. Hoy, una calle de su barrio El Morro, le recuerda con su nombre.