Cambio 21/ Por Mario López Moya.- El reciente hallazgo de varias osamentas humanas pertenecientes -según peritos- a tres menores y un adulto cuyo cráneo presenta un orificio presumiblemente atribuible a bala, recientemente descubiertos dentro del predio perteneciente a este enclave de inmigrantes alemanes, ha puesto nuevamente sobre el tapete los horrores que se ocultan en aquel lugar, del que fuera uno de los centros más temibles de detenciones y torturas durante la dictadura de Pinochet. Las redes de protección han evitado su cierre definitivo.
Los restos humanos fueron descubiertos el pasado 24 de febrero por turistas que recorrían los terrenos de una planta extractora de arena, situada en la Colonia Dignidad, terreno de alemanes en la provincia de Ñuble, a sólo 400 kilómetros de Santiago y a no más de 8 horas de viaje, la Colonia en total, posee más de 16 mil hectáreas de extensión.
La planta chancadora ubicada en un predio aledaño de 2 hectáreas, pertenece a la sociedad Abratec SA., que es una de las cuatro sociedades que se quedaron con el patrimonio de la antigua corporación de derecho privado (Colonia Dignidad), luego que el gobierno de Patricio Aylwin le cancelara la personalidad jurídica, después de 30 años de existencia.
Resulta desde luego poco serio y prematuro afirmar que dichos restos pertenecerían a detenidos cuya desaparición se sitúa al interior de ese centro de torturas y crímenes, sobre todo cuando se desconoce la data de muerte de dichas personas. Sin embargo no resulta del todo ajeno presumir que podría haber más restos en dicho lugar y tampoco puede excluirse por familiares de víctimas, que ellos pertenecieran a algunos de los detenidos desaparecidos cuyos rastros perdieron a partir de su retención ilegal en ese lugar.
Ya se encuentran en el lugar, el equipo multidisciplinario de ocho profesionales pertenecientes al Servicio Médico Legal (SML) de Santiago, que viajaron exclusivamente para reforzar las indagatorias sobre los restos encontrados de manera fortuita por turistas extranjeros.
El señalado descubrimiento ha generado alarma y nuevo dolor entre los familiares de los detenidos desaparecidos durante la dictadura de Pinochet, que hizo, según consignaran el Informe Rettig y múltiples sentencias judiciales, de la Colonia Dignidad un campo de torturas y exterminio de prisioneros políticos.
Paul Schaffer el tío permanente
Ex suboficial del Ejército nazi, perteneció a las Juventudes Hitlerianas y durante la Segunda Guerra Mundial, se desempeñó como médico en los batallones alemanes. Nació en Alemania en 1921 y a Chile llegó en 1961, cuando fundó la Colonia Dignidad.
Saltó al tapete en nuestro país, a propósito de las denuncias de abusos sexuales cometidos a menores de edad del mismo enclave alemán. Ante las múltiples denuncias y antecedentes fidedignos que se hicieron valer judicialmente en su contra, huyó en 1997 a Argentina para ocultarse, pero fue detenido en 2005 y murió en Chile el año 2010 en la cárcel, donde cumplía una condena de veinte años de prisión por violaciones y abusos sexuales contra más de una veintena de niños y otra de siete años por infracción a la ley de armas.
Baste reproducir parte de la sentencia, resultando innecesario todo comentario: «Que de los hechos establecidos que configuran los ilícitos de abuso sexual y violación se puede advertir que si bien se identifica sólo a un sujeto como autor de los mismos, el que actualmente está muerto (Schaffer), claramente resulta la participación de otros sujetos que por actos anteriores o simultáneos cooperaron con él en la ejecución de los hechos; y la de otros que con conocimiento de la perpetración de los crímenes o simple delitos o de los actos ejecutados para llevarlos a cabo, sin haber tenido participación en él como autores ni como cómplices, intervinieron con posterioridad a su ejecución ocultando o proporcionando la fuga al culpable, o acogiendo, receptando o protegiendo habitualmente a los malhechores, sabiendo que lo son, aún sin conocimiento de los crímenes o simples delitos determinados que hayan cometido, o suministrándoles auxilios o noticias para que se guarden, precavan o salven», señala el fallo fechado en 2013.
Y continúa: «De la prueba reseñada en los motivos precedentes puede concluirse -fundamentalmente porque todas apuntan en la misma dirección, proporcionando informaciones precisas y, por lo mismo, convincentes, acordes con otras (por ejemplo, las pericias médico legales) que verificaron los abusos sexuales- que Hopp, Seewald, Kurt Schnellenkamp, Dennys Alvear y Mücke eran los directivos de Villa Baviera y que, como tales, constituyeron en ese lugar una especie de instituto que Paul Schäfer nominó «internado intensivo», al cual asistían niños de localidades vecinas que eran reclutados por Mücke y Alvear, haciendo firmar a los padres de los menores un compromiso donde se establecía que los niños estarían a cargo de algunos personeros de la agrupación, lo que no ocurrió, privándolos de un sistema educacional reglamentario».
«Además .continúa la sentencia- debe concluirse que tal organismo permitió a Paul Schäfer violar a algunos de ellos y a otros abusarlos sexualmente, en un modus operandi que generalmente comenzaba con tocaciones en los genitales de los menores cuando este sujeto los bañaba en el servicio aledaño a la habitación que ocupaba en la casa de huéspedes de la Villa, y que continuaba -con algunos de ellos- en el dormitorio de ese individuo donde hacían pernoctar a los ofendidos. Los menores del internado eran dirigidos por Gunter Schaffrick, quien trasladaba a los menores hasta la residencia de Schäfer, lo que también hizo en algunas oportunidades el acusado Uwe Cöllen. Dicho internado intensivo funcionó durante los años 1995 a 1997, y durante su vigencia se produjeron la mayoría de los ataques sexuales a las víctimas, sin perjuicio de que con anterioridad a ésa época, durante los encuentros de fines de semana que se desarrollaban en la Villa, también se reportaron ataques de esa índole». La sentencia fue dictada en enero de 2013.
El Estado dentro del Estado
Schaeffer y los otros alemanes que la fundaron, la llamaron «Villa Baviera» y, de forma paulatina, fueron generando una poderosa red de influencias y la transformaron en un verdadero enclave cerrado, al margen de las leyes chilenas. Ello les permitió la impunidad durante décadas de los crímenes de lesa humanidad que se les acusaba y de los delitos sexuales que se le imputaban.
Pinochet y muchos uniformados -entre ellos el propio jefe de la DINA, Manuel Contreras- y varios políticos de derecha visitaron el predio. Muchos de ellos han sido acusados también de formar parte de su red de protección. Un grupo de líderes del movimiento gremialista, surgido en la Pontificia Universidad Católica, y que era encabezado por Jaime Guzmán -inspirador además de la Constitución de 1980-, fueron asiduos visitantes del fundo «El Lavadero», donde realizaban sus seminarios políticos e ideológicos e incluso adoctrinaban a los colonos.
El ex presidente Patricio Aylwin (1990-1994) definió el lugar como «un Estado dentro del Estado», y su gobierno emprendió una ofensiva legal para desmantelarlo, como aconteció efectivamente, al menos en parte en 1991. Pero no fue una tarea fácil, un importante grupo de parlamentarios de derecha, de la UDI y RN, cuestionó la cancelación de la personalidad jurídica de Colonia Dignidad ante el Tribunal Constitucional, para alegar la inconstitucionalidad del decreto del ministerio de Justicia que declaraba disuelta la persona jurídica Sociedad «Benefactora y Educacional Dignidad».
El año 1994, otros miembros de la derecha formaron «un grupo de amigos» a favor de Villa Baviera. Entre ellos se encontraban el senador por la zona, Hernán Larraín; los diputados Evelyn Matthei, Andrés Chadwick, Jaime Orpis y Juan Antonio Coloma, entre otros amigos de Colonia Dignidad.
El poder frente al Estado de Chile por parte de Villa Baviera se refleja en múltiples informes (18) de distintas instituciones públicas que desde 1968, fueron emitidos con resoluciones concretas para aclarar lo que sucedía al interior de Colonia Dignidad. Ninguno de prosperó, todos quedaron sumidos en el fracaso.
También fracasaron cinco comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados entre 1968 y 1997; dos ministros de Corte en visita (1989 y 1996); dos del Consejo de Defensa del Estado (1969 y 1991); y uno surgido de una sesión especial del Parlamento alemán en 1988, al que hay que agregar el acuerdo del Bundestag de mayo de 2002, que propuso a Chile una serie de medidas específicas para abordar conjuntamente el problema, ninguna de las cuales se implementó. A esto hay que añadir un informe del Registro Civil y otro del Servicio de Impuestos Internos, en los que se abordan los ilícitos cometidos por la dirigencia alemana.
Para el Diputado Sergio Aguiló (PS), un ministro en visita «debiera investigar no una asociación delictual e ilícita y criminal, sino que un Estado delictual, donde no podía entrar ni siquiera la policía».
El arsenal tras los bonachones colonos
En junio de 2005, en el predio de la comuna de Bulnes, fue descubierto uno de los más grandes arsenales de armas, todas pertenecientes a la colonia. Fue la mayor incautación de armas efectuada en Chile desde Carrizal Bajo, en 1986. Lanzacohetes, productos químicos, fusiles, ametralladoras y múltiples explosivos, se ocultaban en la Colonia. Naturalmente no estaban destinados a defender el restaurante que funciona en dicho lugar.
Ésta fue la primera condena de la Corte Suprema contra Colonia Dignidad. La Sala del máximo tribunal sentenció a tres años y 300 días de presidio al ex jerarca, Paul Schaeffer, por infracción a la Ley de Control de Armas debido al arsenal de guerra que mantenía en el enclave. Además fueron condenados Karl Van Den Berg Schuurmann y Kurt Schnellekamp a dos años y 300 días de prisión, por último, Harmut Hopp fue sentenciado a 40 días de prisión.
La incautación de las fichas que contienen valiosa información
Junto a las armas se descubrieron 40 mil fichas individuales conteniendo información valiosa que ha permitido desentrañar muchos misterios acerca de la forma de operar de la dictadura en Chile y el destino de muchos compatriotas detenidos desaparecidos. Las fichas se confeccionaban en el interior de dicho recinto. Se trata de fichas recopiladas por el colono Gerd Seewald desde 1974 en adelante. Fueron hechas llegar al Ministro Jorge Zepeda.
Apenas incautadas las fichas, el ministro en visita Jorge Zepeda les aplicó la «Ley de Inteligencia», lo que impide saber algo respecto de ellas. Lo único que se ha logrado desentrañar de su contenido, son los datos que han ido apareciendo en diversos fallos judiciales, que han ido demostrado paso a paso la certeza de todo lo denunciado desde 1973 respecto de la Colonia y su uso no sólo como campo de concentración, sino como un lugar de eliminación de personas.
Ministro en visita y ¿el fin de Colonia Dignidad?
El diputado (DC) Jorge Sabag pidió hoy al Presidente de la Corte Suprema «designar un Ministro en Visita Extraordinaria, para investigar el hallazgo de osamentas humanas en terrenos que pertenecieron a la ex Colonia Dignidad, y que .según señala- tendrían una data de muerte de entre 30 y 40 años».
El parlamentario, formuló esta petición a través de un oficio en la hora de incidentes de la cámara, oportunidad en que señaló: «ya se han descubierto cuatro cráneos en las inmediaciones de la villa Baviera, en la comuna de Bulnes, en la ribera del río Itata, a los cuales la PDI le está haciendo los peritajes criminalísticos, que además de establecer preliminarmente una data de muerte de entre 30 a 40 años, indican que uno de ellos había sido atravesado por una bala».
El diputado Sabag precisó que «el actual sistema procesal eliminó la figura de los ministros en visita, pero como este crimen, según los peritajes, se habría producido varios años antes de su entrada en vigencia, es posible solicitar este tipo de juez investigador», aseguró.
El diputado Sergio Aguiló (PS), ratifica la idea de solicitar un ministro en visita. Estima que se debe «pedir a los tribunales de justicia la más amplia investigación acerca de la posibilidad de que allí hayan otros restos pertenecientes a detenidos desaparecidos». Y señala que «corresponde al Gobierno pedir un ministro en visita, pero además que preste una colaboración muy significativa en medios, estamos hablando de una inmensa extensión de terreno (16.000 Hectáreas), por lo que se debe incorporar tecnología, como radares tierra, incluso tecnología satelital, muchos vehículos y personal. En caso contrario -concluye- será imposible encontrar más restos, a menos que sea por casualidad».
Pero el diputado Aguiló va aún más allá: «Colonia Dignidad debiera desaparecer. Es una ficción, la más típica ficción que hay en Chile, el pensar que esa gente que hoy día está a cargo de Colonia Dignidad, es gente que fue víctima y por lo tanto se les quiere reivindicar como un centro casi turístico». Y reafirma que «Esa gente amparó a todas las personas que están detenidas por violación sexual de menores, y la amparó hasta el día que los tribunales dieron el cúmplase y los delincuentes debieron ir a la cárcel, de tal manera que, las personas que hoy día están a cargo de Colonia Dignidad, fueron cómplices de esos delitos», termina señalando.
Operación «Retiro de Televisores»
Según se establece en el informe Rettig, en el interior de la Colonia fueron asesinados al menos 20 prisioneros, que fueron sepultados en dos fosas clandestinas. Muchos de esos cuerpos fueron removidos más tarde por «órdenes superiores» atribuibles al mismo general Pinochet, para evitar que fueran encontrados, en la llamada operación «Retiro de televisores».
De acuerdo a la investigación del juez Jorge Zepeda, a cargo de aquel caso, en 1978 esos cuerpos fueron desenterrados por los alemanes y quemados con fósforo químico, y las cenizas lanzadas al río Perquilauquén, que cruza la Colonia Dignidad. Ésta maniobra fue expresamente confesada en juicio por quien la tuvo a su cargo, el colono Gerhard Mücke, otrora uno de los guardaespaldas de Paul Schaeffer, el fundador y líder del enclave.
Ese año la misma operación se llevó a cabo en todo Chile, la que consistía en exhumar todos los cadáveres de prisioneros asesinados y sepultados clandestinamente en el país, para ser arrojados al mar o, como en este caso de Colonia Dignidad, al río. La decisión se tomó después del descubrimiento, en la localidad de Lonquén, lugar cercano a Santiago, de cadáveres correspondientes a campesinos detenidos tras el golpe de 1973.
¿Dónde están los prisioneros que desaparecieron desde Colonia Dignidad?
Durante la dictadura de Augusto Pinochet, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que cerca de 1.200 están aún desaparecidos. Las estimaciones más conservadoras de familiares de detenidos desaparecidos calculan en cerca de 100 los detenidos que desaparecieron en la Colonia, o en tránsito de este lugar, desde o hacia algún recinto de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
De acuerdo lo establece uno de los fallos sobre desaparecidos del ministro Zepeda, las fichas han logrado determinar que, «GU» correspondía a una abreviación de «GURMIR», el exótico seudónimo con el cual conocían al interior de la colonia al entonces capitán Gómez Segovia. La «D» era mucho más siniestra: era la sigla que indicaba el destino de la persona mencionada en la fecha. Significaba «Desaparecido».
El emblemático caso Maino
La mayoría de las aristas que se han producido en las investigaciones de tribunales que se han realizado en torno a los misterios de la DINA y su vinculación con la Colonia Dignidad, tuvieron su origen a partir de un caso en particular, en la causa rol 2182-98, correspondiente al secuestro de los militantes del MAPU Juan Maino, Elizabeth Rekas (embarazada de cuatro meses al momento de su desaparición) y su esposo Antonio Elizondo, todos los cuales fueron secuestrados en Santiago en mayo de 1976, por agentes de la DINA.
Las indagaciones a partir de este caso, fueron desentrañando de manera compartimentada la verdad de lo sucedido en torno a estos detenidos desaparecidos. La investigación acusiosa de los tribunales, al menos en este caso, terminaron con la condena de toda la dirigencia de la DINA y de dos jerarcas de la Colonia Dignidad, Gerhard Mücke, y Johan Van Den Berg.
Señala la sentencia, que los tres secuestrados fueron enviados a Villa Grimaldi y desde allí rumbo a Colonia Dignidad, desde donde se perdió su rastro junto a dos citronetas que les fueron robadas al momento de ser aprehendidos. En el caso de Maino, existe la presunción fundada en el fallo, de que el último lugar en que estuvo prisionero fue la bodega de papas de la colonia, donde habría sido custodiado por Van Den Berg.
El juez Zepeda, estableció como un hecho de la causa, que la DINA secuestraba personas y vehículos para «pagar» con estos a la colonia por sus servicios represivos. Así, en su sentencia el ministro señala que los autos eran entregados a Schäfer y sus cómplices «por la contribución a la privación de libertad y desaparición de las víctimas sustraídas».