El fallo de La Haya

Haroldo Quinteros Bugueño/ Profesor universitario. Doctor en Educación

Si nuestros gobernantes de la post-independencia hubiesen comprendido bien el sacrificio y la doctrina política de los Libertadores, se habrían unido y conformado una gran comunidad de naciones latinoamericanas, tan poderosa como solidaria, y con un régimen económico basado en la justicia social y la cooperación internacional entre nuestros países y pueblos. Hicieron todo lo contrario. Nuestras naciones se dividieron y se desangraron en guerras que fueron siempre alentadas, para su beneficio, por los grandes imperios modernos, con la complicidad de las élites aristocráticas terratenientes criollas. El diferendo limítrofe con Perú es sólo reflejo de ello. Así como el pueblo chileno no fue beneficiario directo del salitre, hoy nuestro mar, incluida la zona que reclama Perú en estos momentos, se lo reparten amigablemente unos cuantos voraces clanes económicos, que, además de enriquecerse sin ninguna consideración por el interés nacional, tienen en la miseria a miles de pescadores artesanales, y en la explotación más inicua a otros miles de obreros portuarios. En Perú, es igual. No serán los pobres los que se beneficiarán con el fallo favorable de La Haya.

El Estado peruano está organizado sobre la base de la desigualdad social, la miseria y, en buena medida, por la corrupción política. El actual conflicto, precisamente, lo detonó Alan García, el mismo gobernante peruano que, luego de ser desaforado como senador por cargos de corrupción y fraude, debió esconderse como un delincuente en casas de amigos, para luego huir de su país (¡y ni hablar de Fujimori!). Esto es tan cierto que en las últimas campañas presidenciales en que García participó como candidato, sus adversarios Toledo y Humala le enrostraron que pudo volver al Perú no porque se hubiese dictado un fallo absolutorio por sus fechorías, sino sólo porque sus delitos, simplemente, habían prescrito.

Hoy da pena como los tres, muy unidos, las emprenden contra Chile haciendo propia la iniciativa emprendida por García, y así, avivando revanchismos y patrioterismos que hagan olvidar al pueblo peruano los agudos problemas económicos y sociales que tiene. Lo mismo ya había hecho Fujimori, que llevó a su país derechamente a la guerra con Ecuador, también por disputas territoriales, en 1995. En efecto, Perú, unilateralmente, ha abierto un foco de conflicto que sólo aumentará las tensiones y la xenofobia entre nuestros países. Es un país inmenso, con una costa tan grande y rica, que por una bagatela de aguas, el gobierno peruano no tenía razón alguna para poner en peligro la paz y la estabilidad internacional en la región; vale decir, perfectamente el diferendo pudo discutirse y resolverse a nivel diplomático. Chile también tiene sus responsabilidades, por lo menos por no haber aclarado bien y en su oportunidad el tema fronterizo con Perú antes del tratado de 1929, y por mostrarse tradicionalmente como un país cerrado e indolente a la petición boliviana de una salida al Pacífico.

En fin, el hecho es que nuestro país se ha edificado sobre bases territoriales que no pueden ser discutidas ahora, pasados ya 135 años después de la Guerra del salitre. La revisión de cualesquiera líneas fronterizas es inaceptable, y esto es válido para cualquier tipo de gobierno o de Estado, del signo ideológico-político que sea. Evidentemente, la tinterillada que exhibe Perú para conseguir mover hacia el sur su frontera marítima con Chile, puede perfectamente tener éxito. Se reduce a un solo argumento: hasta ahora, según Perú, en la zona en disputa, no hay demarcación de fronteras, sólo un tratado sobre explotación pesquera, y las fronteras de tierra y mar se trazan, por costumbre, con una línea recta desde su inicio terrestre, en este caso, desde el Este. Lo más probable es que La Haya acoja ese reclamo, y su fallo, aunque sea relativo y salomónico (dejarnos un pedacito del triángulo que reclama Perú), será una derrota para Chile, puesto que siempre, todos los gobiernos chilenos, sin excepción, han alegado la inmutabilidad de nuestra soberanía fronteriza a partir del paralelo 18º, 21min, 0,3” al norte de Arica; agregando, además, el principio “uti possedetis” sobre el área hoy en disputa, desde la devolución de Tacna al Perú, en 1929. Entonces, lo que no deja de llamar la atención, es por qué Chile llegó a esta situación.

Ningún país que haya tenido antiguas guerras por territorios y con pleitos aun pendientes con un vecino problemático y hostil, debería someter a terceros su soberanía territorial, sobre todo si ha transcurrido un tiempo demasiado largo desde el origen de un conflicto. Si seguimos siendo signatarios del Pacto de Bogotá, que obliga a acatar los fallos de la Corte Internacional de La Haya, habrá que prepararse para nuevos litigios y pérdidas territoriales, pues éste ha sido sólo el comienzo; quizás sólo un “tanteo” para nuevas reclamaciones. ¿Por qué no se llama a plebiscito para decidir si seguimos o no en ese pacto, máxime si, evidentemente, nada indica que ahora nos irá bien?