Organizaciones aymaras de Arica y Parinacota llaman a no validar consulta impulsada por el Gobierno

Su total rechazo a la iniciativa que está llevando a cabo el Gobierno para generar una nueva normativa de Consulta y Participación Indígena en conformidad a los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) manifestaron nueve organizaciones aymaras de la Región de Arica Parinacota. Las organizaciones basan su rechazo en que el Gobierno con esta iniciativa busca facilitar la inversión de las empresas transnacionales, especialmente mineras en territorio aymara, anulando y desactivando todos los recursos de protección que puedan presentar las comunidades aymaras en los tribunales cuando se vulnere el derecho a ser consultado previamente y a la participación indígena por parte de proyectos que buscan intervenir el territorio indígena.

Además de hacen un llamado a todos los aymaras de la región a no validar el proceso actual de consulta que lleva adelante el gobierno y que hoy se encuentra en una “Etapa de Consenso”, en donde se ha conformado una Mesa de Acuerdo en que sus integrantes, “en su mayoría solo obedecen a los intereses del gobierno”

Respecto a su afirmaciones  precisan que “Consolidar la Política de Desarrollo Minero en nuestra región ya que es de conocimiento público como este gobierno ha legislado para poder beneficiar a los sectores económicos trasnacionales, como ejemplos tenemos la creación de la Ley de Pesca la cual solo favorece a los consorcios pesqueros trasnacionales y nacionales, también en nuestra región vemos como de las 1.000 hectáreas en Pampa Concordia el actual gobierno le entrega el 50% de esas hectáreas a una empresa transgénica transnacional en desmedro de los agricultores de la región. Esta situación nos revela que este gobierno solo busca favorecer y facilitarles la inversión a las empresas trasnacionales”.

Además agregan “el actual gobierno ha tenido presiones por parte del Consejo Minero, en el cual su presidente Sr. Joaquín Villarino expreso a un medio de comunicación lo siguiente “Los derechos de estos pueblos indígenas no pueden estar sobre la legislación vigente que rige a todos los chilenos” ( La Tercera, Jueves/22/2013), esta situación se da en el marco del rechazo de varios proyectos mineros los cuales han sido paralizados por las organizaciones indígenas por la vía judicial en donde los tribunales chilenos están asentando jurisprudencia del cumplimiento del deber que tiene el actual gobierno de aplicar el derecho a la consulta previa y participación indígena, con los estándares que establece el convenio de lo contrario se estaría lesionando la garantía de la Igualdad ante la Ley que tienen los indígenas cuando se quiera intervenir en sus territorios para extraer los recursos naturales del subsuelo, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT”.

En la declaración de las organizaciones indígenas de la Región de Arica Parinacota, precisan que “Teniendo presente que en nuestra región el presidente Sr. Sebastián Piñera E. en Junio del año 2010 vino a nuestra ciudad a impulsar una Política Minera en la región que consistía en desafectar 40.000 hectáreas de las áreas silvestres protegidas (Parque Nacional Lauca, Reserva Nacional Las Vicuñas y Monumento Salar de Surire) para el desarrollo minero y a establecer las condiciones para convertir a esta región como una “Región Minera”, situación que fue rechaza por las organizaciones aymaras y ciudadanas de esta zona debido a que no fue consultada a la comunidad y porque pone en riesgo la agricultura, los recursos naturales, la salud y la calidad de vida tanto de la zona rural como urbana”.

Decreto 124

En su declaración las organizaciones indígenas de la Región de Arica Parinacota recuerdan que en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet fue promulgado el Decreto 124 el cual regula el Art. 34 sobre la participación indígena de la ley Indígena 19.253 que establece “que los servicios de la administración del Estado y las organizaciones de carácter territorial, cuando traten materias que tengan injerencia o relación con cuestiones indígenas, deberán escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas que reconoce la ley”.

Agregan  que “este decreto lo que hace es derivar la participación indígena hacia la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente en donde sólo se contempla una “participación ciudadana” que se traduce en una mera reunión informativa en donde las organizaciones aymaras no tienen injerencia, ni tampoco pueden incidir en el proyecto, actuando solamente como meros observadores”.

Precisan que “Ahora se busca hacer lo mismo con el derecho de Consulta y participación indígena que establece el Art. 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT, que tienen los pueblos indígenas en relación a cuestiones que puedan afectarles, en este sentido el Gobierno actual presento una propuesta de esta nueva normativa, la cual pone en riesgo la existencia de los pueblos indígenas en su territorio, en el cual en su Art. 5 respecto a los proyectos de inversión en territorios indígenas, deriva el derecho de consulta y participación indígena hacia la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente y al Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental SEIA”.

“Además, el relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas Sr. James Anaya objeto la propuesta del gobierno referente a regular el derecho de consulta y participación indígena, argumentando que los articulados de dicha propuesta vulneran los derechos fundamentales que tienen los pueblos indígenas en el Convenio 169 de la OIT.

“Respecto a la Comisión Regional de Consulta creada el 28 de Agosto del 2012 impulsada por la CONADI regional, consideramos que ha entregado una confusa y escasa información hacia las organizaciones aymaras y comunidad de la región. Debido a que las organizaciones aymaras deben entender a cabalidad la real situación de lo que pretende el actual gobierno con respecto a crear una normativa para poder regular el derecho de consulta y a participación indígena que establece el Convenio 169 de la OIT.

“Por ende ha faltado una mayor sociabilización, difusión, transparencia, debate y reflexión en un asunto tan trascendental que puede determinar el futuro del territorio, los recursos naturales, el medio ambiente, la salud, la economía del pueblo aymara.

“También consideramos que a la Comisión Regional de Consulta carece de representatividad en relación al último censo del 2012, por lo tanto No tiene la Potestad y la Legitimidad de tomar decisiones que puedan afectar directamente al pueblo aymara de la región. Además no está tomando lo que dice el convenio 169 de la OIT respecto a los requisitos esenciales para ser consultados, los cuales son: proporcionarse la información completa y adecuada, realizarse  mediante procedimientos apropiados acordado en tiempo, temas, plazos y lugares acorde a cada realidad de las comunidades, efectuarse de manera apropiada en idioma aymara, modalidades de dialogo, participación y adopción de acuerdos, a través de sus instancias representativas de todo el pueblo aymara, establecer un dialogo de buena fe entre los interesados de todo el pueblo aymara con la finalidad de poder llegar a un consenso amplio de todo el pueblo sin excepciones.

«Estos requisitos esenciales tienen una connotación jurídica especial que no es reducible a “Reuniones Informativas” o procedimientos comunes, es por ello que llamen a los indígenas de la Región de Arica Parinacota a no validar el proceso de consulta gubernamental»: