La privatización del Tamarugal, una provincia del norte chileno…

Juan Pablo Ortuño N. / Consejero Regional de Tarapacá

Por sus capacidades ecológicas, identitarias y productivas, la Provincia del Tamarugal es sin duda la llave para abrir las puertas del desarrollo regional. Desarrollo sustentable, por cierto, entendido como el aprovechamiento de nuestras capacidades económicas en armonía con la calidad de vida de la población y el respeto al medio ambiente. Sin embargo, esta perspectiva se encuentra hipotecada por rapaces intereses privados, que en complicidad con el aparato público, se apropiaron ilegítimamente de las riquezas de nuestra provincia para explotarlas de forma descontrolada. Ejemplos hay muchos, pero sin duda el más dramático es el del agua: un recurso tan vital como escaso en la Región, que por la sobreexplotación de grandes corporaciones privadas, está poniendo en riesgo la propia vida de sus habitantes.

Entre las valiosas riquezas del Tamarugal, destacar en primer término su patrimonio cultural, su larga historia, de raíces tan profundas y tan dramáticas que han marcado con sus surcos la identidad regional. Mencionar también la capacidad alimentaria de la Provincia, una zona que desde siempre ha proporcionado alimentos frescos y sanos para toda la población; están también sus enormes riquezas mineras; está su envidiable potencial para el desarrollo de Energías Renovables No Convencionales (ERNCs), como la eólica o solar. Pero por sobre todo, están sus reservas de agua, concentrando prácticamente toda el agua dulce de la Región. Un recurso que está en el centro de nuestro drama, porque precisamente la gran minería privada es que está secando nuestra agua, y con ellos matando nuestra agricultura… y más aún, la posibilidad misma de seguir viviendo donde lo hicieron nuestros padres.

Y es que el agua, por más que las voces oficiales digan lo contrario, no es pública… tiene dueño. “Bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas”, esta es la definición del Código de Aguas; es decir las aguas son de todos, pero sólo las pueden usar unos pocos. Se define como un derecho social –bien nacional de uso público- pero sólo algunos tienen un derecho real sobre ella. Lo anterior permite la apropiación de derechos de agua con el único objetivo de la acumulación y especulación con el recurso, sin otorgarse derechos con una función determinada, y dejando en manos privadas la planificación para un “uso sustentable”.

En el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), ratificado por Chile, señala que: “el agua debe ser considerada un bien social y cultural y no un producto básico de carácter económico”, pero en Chile la transan las grandes corporaciones, financiadas por el pago cautivo de los millones de usuarios de agua potable.El agua es un recurso estratégico y un derecho humano, pero en Chile no es más que una mercancía transable.¿Es posible que el desarrollo y futuro de nuestra Región dependa de valores bursátiles y de la especulación financiera? Lamentablemente, hasta hoy, la respuesta es sí.

Es por todo lo anterior que la nacionalización del agua es un imperativo ético. Repetiré la palabra, nacionalización, que para algunos es palabra prohibida. Urge desideologizar la discusión, y dejar de considerar el agua una mercancía. Lo verdaderamente relevante es no dejar esta discusión en manos de los grupos de interés propietarios del vital elemento. El problema es que al mercantilizar el agua, privatizaron el Tamarugal… y si un Tamarugal privatizado no tiene futuro, nuestra Región tampoco.

Impotencia e indignación genera ver lo que están haciendo con nuestra tierra y nuestra gente. Cuando veo lo que está pasando se me viene a la memoria aquella canción del trovador catalán, en que un hijo le pregunta a su padre pescador por qué están matando el bosque y el mar, para terminar con un mandato que, en el Tamarugal y en Tarapacá entero, se hace cada día más vigente: “Padre deja de llorar, que nos han declarao la guerra…”