Caso Muebles: Contraloría observó que pagos se hicieron con fotocopias y no con originales

Prensa Fiscalía Tarapacá  / En su tercer día de declaración en el Juicio del Caso Muebles, el ex jefe de la unidad de control externo de la Contraloría Regional de Arica, Rodrigo San Martín, fue enfático en señalar que no era posible dar curso al pago del proyecto de adquisición de mobiliario para los colegios de Arica, basándose en las fotocopias de unas supuestas actas de entrega y recepción conforme.

San Martín explicó para proceder al pago, el Gobierno Regional sólo podía recibir documentos originales que dieran cuenta que se había recibido el mobiliario en las fechas fijadas por el proyecto y que este cumplía con especificaciones técnicas determinadas. Agregó que, en este caso, se presentaron 37 fotocopias de actas de entrega, las cuales tenían fechas muy posteriores al término del plazo de entrega fijado en la adjudicación, y no contaban con firmas de un representante del Gobierno Regional como entidad mandante.

El funcionario señaló además, que en la fiscalización de Contraloría se confirmó que sólo se había entregado el 50% del mobiliario y que éste no cumplía con las especificaciones técnicas establecidas en las bases ni con las normas fijadas en Chile para los muebles escolares.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó una propuesta de bases que había elaborado previamente el Servicio Municipal de Educación en Arica. San Martín explicó que, a diferencia de las bases aprobadas finalmente para la licitación, esta propuesta establecía que los pagos a la empresa adjudicataria sólo se realizarían tras la recepción conforme de los bienes, y no con un pago anticipado como ocurrió en el caso investigado.

Además, la propuesta incluía la celebración de un contrato de compraventa entre el Gobierno Regional y la empresa adjudicataria, y la designación de profesionales especializados y un proceso detallado para la recepción del mobiliario y la confirmación de que éste cumpliera con la calidad establecida; situaciones que no fueron fijadas en las bases que se usaron definitivamente.

San Martín confirmó que el Gobierno Regional de Tarapacá no logró la finalidad del proyecto, que era entregar más de 22 mil muebles a los colegios municipales de Arica, ni en cantidad ni en calidad, afectando los principios de eficiencia y eficacia que deben regir el actuar de la administración pública. Agregó que tampoco se cumplió el principio de legalidad (ya que se transgredió la Ley de Compras) ni el principio de probidad.

El funcionario señaló también que todos los funcionarios públicos y autoridades que aprobaron y visaron el pago a la empresa Génova tenían la obligación de custodiar los fondos públicos, y que tras la fiscalización realizada, denunciaron estos hechos a la Fiscalía por considerar que podría haber un delito.