Despidos de funcionarios públicos continúan. Acuerdo firmado por ministros Larraín y Matthei con ANEF es letra muerta

Cambio 21/ Por María Cristina Prudant.- La estabilidad laboral de los funcionarios pende de un protocolo e instructivo acordado entre el Ejecutivo y la ANEF. Se supone que los despidos tendrán que atenerse a una nueva regulación y criterios administrativos. Sin embargo, ya van alrededor de mil 500 expulsiones en las últimas semanas. Dirigentes esperan que la autoridad cumpla con la palabra empeñada

Con motivo de las discusiones sobre el reajuste salarial para el sector público, que llegó a buen puerto como nunca antes (5%), también estuvo sobre la mesa el tema relacionado con la estabilidad laboral de los trabajadores públicos, puesto que desde que asumió Piñera se produjo una verdadera razzia de empleados en las diversas reparticiones y a través de todo el país. En lo que va corrido del gobierno liderado por la derecha, alrededor de quince mil personas han perdido sus puestos de trabajo en la administración pública.

De hecho, por estos días innumerables funcionarios ya recibieron el aviso de que sus contratos no serán renovados para 2013. Por ejemplo, en Dipreca son 150 trabajadores los que quedarán sin trabajo, once en la Agencia de Cooperación Internacional del Ministerio Relaciones Exteriores (AGCI); 33 en Indap; 12 en Sernam; 31 Mineduc; 12 Chiledeportes; 50 en la Subsecretaría de Desarrollo Social; 30 en el Instituto de la Juventud. También se anuncian en Fonasa, el Sename y reparticiones públicas de regiones. El total aproximado es de mil 500 expulsiones.

Ahora la misión de los dirigentes sindicales es lograr que se concrete este acuerdo que, según ha sido calificado por ellos mismos, es un instrumento muy valioso que nunca antes habían conquistado para defender a sus afiliados.

Sin embargo, como van las cosas, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, optó por solicitar apoyo y se reunió con el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Ezzati, para pedir su intervención ante los despidos que se han producido en los últimos días en el sector público.

De hecho, el diputado Mario Venegas denunció que el gobierno no estaría cumpliendo con el protocolo acordado con la ANEF que, entre otras cosas, ponía término a los despidos injustificados.

El parlamentario señaló que «los casos que hemos conocido son de personas altamente calificadas. Al parecer al gobierno no le interesan las calificaciones, esta es una muy mala señal».

Añadió que «se nos dijo que no habría despidos, que cualquier no renovación de contrato sería sólo un caso especial, sometido además a comisiones evaluadoras. Se nos prometió que se utilizarían criterios fundados, hoy vemos todo lo contrario y llamamos al gobierno a cumplir con el protocolo. De lo contrario, esto habrá sido un engaño y la fe pública nuevamente se habrá dañado, con un acuerdo que se transforma en letra muerta».

De la Puente: «Instrumento poderoso»

El presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, afirmó a Cambio21 que «existe por lo menos este instructivo y por lo tanto va a ser un instrumento poderoso para que nosotros podamos, como asociación, defender a nuestros compañeros trabajadores, porque anteriormente no teníamos nada. Por lo tanto, ahora tendremos una herramienta que haremos valer y que denunciaremos a la comisión de Derechos Humanos, a la comisión de Trabajo de la Cámara y a la propia ministra del Trabajo (Evelyn Matthei) y al ministro de Hacienda (Felipe Larraín), que firmaron estas declaraciones. De hecho, ya he hablado con la ministra (del Trabajo) para decirle que se están anunciando despidos en diversas reparticiones».

El dirigente explicó que durante la negociación con el gobierno «hemos llegado a un acuerdo sobre el reajuste, pero allí van incluidos dos temas que son muy importantes, que tienen que ver con la instalación de once mesas de trabajo respecto de temas estructurales de la administración pública como el empleo, la legislación laboral, el trabajo decente, la carrera funcionaria, la libertad sindical y otros que son muy importantes para la administración pública. Pero junto a eso también hemos logrado que el gobierno implemente un instructivo a los jefes de servicio para impedir el despido arbitrario de funcionarios públicos con motivo de la renovación de las contratas que se producen en noviembre».

De acuerdo a la información de la ANEF, son 105 mil trabajadores que están a contrata (60% de los funcionarios públicos) y que «ven con mucha incertidumbre la continuación de sus trabajos para el próximo año dado que sus contratos de trabajo tienen esta calidad temporal y, por lo tanto, lo que hemos logrado es que aquí se impartan instrucciones claras respecto a las ideas que contiene el instructivo».

Éste plantea básicamente que «las no renovaciones de la contrata deberán entenderse como restrictivas y limitadas a casos debidamente fundados y acreditables sobre la base de que concurran criterios objetivos que impidan arbitrariedades».

Años de servicio, edad de jubilar y otros

También se tomarán especialmente en cuenta los años de servicio de las personas y las situaciones de funcionarios en edad de jubilar o próximos a cumplirla y /o con enfermedades graves. Además, existe la posibilidad de que puedan producirse reconsideraciones en las cuales podrán participar las asociaciones de funcionarios de la administración pública.

«Aquí tenemos un instrumento para impedir los despidos arbitrarios o, por lo menos, poder regular un poco más esta situación», dijo De la Puente, quien reconoció que se vienen semanas muy tensas en materia de renovación de contratas.

En cuanto a los funcionarios a honorarios, tan criticados por la derecha durante los gobiernos de la Concertación, también podrán ser defendidos por los criterios especificados en el acuerdo logrado con el gobierno, porque esto es para todas aquellas personas que no son de planta, lo que hace que su situación sea .»aún más delicada», explicó De la Puente, pues «para los efectos del estatuto administrativo ellos no son declarados trabajadores formales de las instituciones, no son funcionarios públicos», pero «vamos a defender a esos compañeros en base a estas instrucciones que se han impartido también».

Piñera en campaña: No habrá despidos

El presidente de la ANEF recordó las promesas de campaña Piñera en materia de despidos de funcionarios fiscales. Sus seguidores, encabezados por su hermana Magdalena, recorrieron todos los servicios públicos entregando un carta para los trabajadores en la que el candidato Piñera hacía ver que había una campaña del terror del gobierno de Bachelet en el sentido de que cuando él llegara al poder iban a haber muchos despidos. Obviamente, ellos aseguraban en la carta que eso no ocurriría y que, al revés, los funcionarios a contrata y honorarios regularizarían su situación.

Siendo ya presidente, Piñera se reunió en La Moneda con la directiva de la ANEF y se comprometió nuevamente a que no habría despidos en su administración y, por último, en abril de 2010 fue a una Asamblea Nacional de la ANEF donde, frente a 500 delegados, dijo que no habría despidos.

Sin embargo, durante su gobierno alrededor de quince mil personas han sido despedidas y, por lo tanto, «hay una grave inconsecuencia entre lo que él dijo y lo que posteriormente se hizo», señaló De la Puente.

En tanto, el vicepresidente de la CUT Nolberto Díaz expresó su conformidad con el acuerdo que eventualmente evitaría los despidos en el sector público. «Siempre pueden ser mejores, pero este es un buen acuerdo y que esperamos ponga fin al tema de los despidos aún cuando, lamentablemente, estamos conociendo desde hace unos días despidos en varias reparticiones. Esperamos que esto se revierta, no haya despidos y el gobierno cumpla su palabra. La CUT está haciendo todas las gestiones para detenerlos» expresó.

Tema recurrente en la salud municipal

También la presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), Carolina Espinoza, comentó a Cambio21 que «para los funcionarios de la salud municipal este es un tema recurrente donde cada cuatro años, donde hay cambios de autoridad, deben pasar por el proceso de ver si están o no despedidos».

En su opinión, «lo que más afecta de todo este proceso es que las desvinculaciones no se producen por temas profesionales ni de desempeño o bien de la necesidad de los servicios de salud de cumplir sus funciones, sino por un tema político».

Añadió que «es una situación que lamentablemente ocurre y debemos afrontarla y luchar contra esto para que no estemos cada cuatro años preocupados por el color político que entra o sale».

En la AGCI despido de mujeres

El diputado DC José Miguel Ortiz (DC) pidió al gobierno no despedir a los funcionarios que están a contrata en la administración pública y destacó el acuerdo alcanzado en este sentido.

«Lamentablemente, esto no se está respetando, ya que en la Agencia de Cooperación Internacional, la AGCI, 11 de sus funcionarios fueron notificados del término de sus contratos, sabiendo que en esos mismos momentos había una mesa de negociación entre el gobierno y todos los gremios, pero desde que está en su cargo el actual director, Jorge Daccarett, su especialidad precisamente ha sido despedir gente».

El diputado Ortiz agregó que, «concretamente, desde que el señor Dacarett asumió su puesto, se ha desvinculado principalmente a mujeres. Parece que no les tiene mucha simpatía a las damas, ya que en 2011 despidió a cinco mujeres, en abril de 2012 despidió a la fiscal de la institución y ahora son once personas más, ocho de las cuales son mujeres».

Finalmente, el parlamentario Ortiz destacó «el compromiso que obtuve del ministro de Hacienda en este tema. Lo que él tiene que hacer es evaluarlo con sus jefes de servicios, ya que de lo contrario significa que nadie hace caso en este gobierno. Por lo tanto, esto es un tema pendiente que tiene que solucionarse en función de los acuerdos a los que llegamos».