Rigoberto Sánchez Fuentes, Historiador. Magíster en Relaciones Internacionales
La Región de Tarapacá es gobernada por el Gobierno Regional y explotada por las compañías mineras transnacionales. Dichas estructuras burocráticas están orientadas a gestionar cosas: el Gobierno Regional, recursos, bienes servicios públicos en beneficio de los ciudadanos; las compañías mineras, en tanto, gestionan recursos naturales de todos los chilenos en beneficio de sus accionistas, privados, corporativos y extranjeros.
En esta relación, las demandas de los ciudadanos por más y mejores servicios y bienes públicos, educación, seguridad, vivienda, cultura, deportes, aumentan y se complejizan; mientras, también, se incrementan las exigencias de los dueños de las compañías mineras por aumentar la tasa de ganancia que obtienen de los yacimientos tarapaqueños.
Por tanto, mientras el Gobierno Regional ve constreñido los recursos para producir bienes y servicios de uso y disfrute público en la cuantía y calidad requeridos; las compañías transnacionales incrementan la explotación de las infraestructuras y del sistema urbano regional, de los sistemas naturales y de los trabajadores, aumentando, en consecuencia, el “aporte sumergido” que el espacio social regional realiza a la ganancia de las compañías extranjeras. Se incrementa, por tanto, la desposesión de los diversos capitales heredados y acumulados por la sociedad regional.
La superación de esta dinámica supone varios cursos de acción posibles, entre los cuales cabe mencionar la nacionalización de las compañías mineras transformando, así la ganancia privada con bienes públicos agotables en ganancia pública de uso público.
Otra alternativa consiste en aumentar los impuestos a las compañías mineras y radicar una porción relevante de la recaudación en las regiones mineras, orientada al financiamiento de infraestructuras sociales, programas efectivos de innovación productiva y generación de conocimiento y aprendizajes científico y técnico, que permitan rentabilizar los recursos disponibles y generar nuevas fuentes de crecimiento y desarrollo. La sanción de las prioridades de inversión, en un horizonte estratégico, podría realizarse mediante la decisión democrática de los ciudadanos.
Al respecto, la propuesta de FONDENOR, no sólo es mezquina e irrelevante en cuanto a su potencia para generar desarrollo, sino que además, dada la variable escogida para seleccionar las comunas beneficiadas, desconoce el impacto de las actividades mineras sobre el conjunto del sistema natural y urbano de la región.
En el debate tributario que se inicia la ciudadanía, organizada y difusa, tiene la oportunidad de proponer un nuevo modelo tributario para las compañías mineras y un nuevo sistema de financiamiento regional y comunal. Al mismo tiempo, sería posible iniciar un diálogo con dichas compañías para persuadirles que la mejor y más eficiente acción de “responsabilidad social” consiste en pagar mayores impuestos.