Cambio21.cl / Por Pilar González.- Casos como el de los funcionarios del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), o del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes son algunos casos de trabajadores reintegrados o que han sido indemnizados con plata sacada del bolsillo de los contribuyentes.
Diversos reintegros de funcionarios públicos que fueron despedidos y que tras apelar a dicha decisión han vuelto a sus lugares de trabajo o bien han recibido una indemnización por la discriminación sufrida al momento de ser desvinculado de sus funciones. Todo eso le está costando un gran gasto al gobierno…con la plata de todos los chilenos.
Tal es el caso de Mónica Torrealba, ex funcionaria del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), quien logró un triunfo histórico al ser condenado al Estado por discriminación en su despido el año 2010, por lo cual recibió un cheque indemnizatorio por más de 8 millones de pesos.
En conversación con Cambio21, la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Cultura (Anfucultura), Marianela Riquelme, señaló que «lo que pasó con este caso es que lo llevamos a los tribunales del trabajo, ahí abordamos alrededor de 25 casos y el de Mónica Torrealba excepcionalmente fue encontrado válido y por eso el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, tuvo que pagar indemnización. Lo importante de esto es que se validó la discriminación en el despido de Mónica».
«A nivel de servicios públicos en general, el único caso de todos los que se judicializaron y que hemos podido ganar, es el de Mónica. Además, el Consejo es el primer servicio en la historia que debe publicar íntegro un fallo en su contra, documento en que se ratifica la discriminación que sufrió Mónica con el despido. A lo que obliga la justicia es publicar el fallo en los lugares donde se desempeñó la funcionaria, esto es en Santiago y Valparaíso solamente».
Por último, la dirigenta señaló que «se le pagó con ocho millones con la referencia que dictaminó la Corte; sin embargo desde la fecha del fallo hasta que termine todo este proceso, seguirán sumándose los intereses por lo cual la suma es un poco más alta. Con ello se ratifica la discriminación que sufrió esta funcionaria y que da cuenta que todos los despidos que ocurrieron en el Consejo fueron discriminatorios».
Casos en el Senadis
Otro caso fue sobre los despidos ocurridos en el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis). El 30 de noviembre de 2011, significativamente a dos días del inicio de la última Teletón, se notificó a siete funcionarios de sus despidos por «no tener afinidad con el gobierno de Sebastián Piñera». Frente a ello, la asociación de funcionarios, Asoffon, inició una campaña, tanto política, como judicial con el objetivo de revertir esta injustificada medida.
Por ello, los tribunales laborales resolvieron que «estas medidas eran injustas y arbitrarias y constituyen vulneración de derechos y garantías fundamentales establecidas en la Constitución y en convenios con la OIT».
Se ordenó la reincorporación inmediata de Félix Manterola, Jonathan Muñoz, Roberto Pavéz y Cecilia Calderón, así como el pago inmediato de las remuneraciones y demás prestaciones adeudadas derivadas de la relación laboral durante el periodo comprendido entre la fecha del despido y aquellas en que se materialice la reincorporación efectiva del trabajador señalado, dentro de quinto día de verificada la reincorporación, lo que se deberá dar cuenta al Tribunal.
Para el presidente de la Federación de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, José Oda, «esto es un triunfo de los trabajadores; en este caso hemos demostrado jurídicamente que habían razones para que estas personas siguieran en sus trabajos porque los procedimientos que se están haciendo, no son acordes con lo legal, nosotros creemos que hay un conjunto de procedimientos que no se respetan en estas renovaciones de contrato, no están siendo considerados los elementos de calidad, sino más bien factores políticos, para decidir quién sigue o no trabajando», concluyó el dirigente.
Otros casos
Frente a la reincorporación de funcionarios se produce un gasto innecesario por parte del Estado. Si se piensa fríamente, la indemnización, además de todos los pagos que deben hacerse al despedir a alguien y luego al recontratarlo, son dineros salen del bolsillo de todos los chilenos. Es decir, por el error de algunos, que despiden gente de forma indiscriminada, pagamos todos.
Otros hechos donde se repite la situación son, por ejemplo, el caso de la campaña de vacunación 2011 contra la influenza, la cual partió con una licitación tardía, debido a un error administrativo y que implico una mayor inversión. En esa oportunidad, la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), compró 3.626.000 dosis para adultos con un valor total de $10.659.220.320. Las vacunas pediátricas adquiridas fueron 550.000 a un costo total de $1.570.800.000. Este hecho fue reconocido por la ex subsecretaria de Salud, Liliana Jadue, en una sesión de la Comisión de Salud de la Cámara, pero luego fue desmentida por el ministro Mañalich y obligada a renunciar a su cargo.
Del universo de compra sólo se ocupó el 80% y el resto quedó inutilizado porque según los expertos para que la vacuna tenga efecto deben pasar al menos dos semanas; por eso en pleno invierno, cuando se supo de este entuerto, y el virus estaba en su punto máximo no sirvió de nada inocularse.
Por ello, sobre el proceso de vacunación el diputado Juan Luis Castro (PS) en conversación con Cambio21 aseguró que «se han dado cifras muy contradictorias y eso habla de que no se está cumpliendo la meta y no se quiere reconocer ese hecho».
«Por lo tanto yo dudo. Recordemos que aquí hay un retraso desde el origen en que se presentó la licitación, producto de errores administrativos en octubre del año pasado (2010), que fue nuevamente hecho en enero (2011) y obligó a un retraso de todas las partidas de los proveedores internacionales».
Sobre el exceso de vacunas, el parlamentario dijo que «este año está pasando lo mismo que ocurrió el anterior que finalmente se tuvieron que repartir a diestra y siniestra. Terminaron vacunando a cualquier vecino que pasaba por los consultorios. Así terminó la campaña para tratar de consumir las dosis».
«No me extraña que eso vuelva a ocurrir y sería muy negativo, porque significa que no se aprendió nada y de las desprolijidades que hubo en diseñar una mala campaña que no tuvo buen resultado en la meta esperada, que hubo igual brotes de influenza, que finalmente igual se colapsaron los hospitales y consultorios producto de esta actuación», sentenció el parlamentario.