Aysén, Calama, Pelequén, Punta Arenas. La rebelión de las ciudades que buscan por su propia cuenta ser escuchadas

Cambio21.cl / Por Maria Cristina Prudant.-  El año pasado el movimiento de “los indignados” provocó un gran remezón en el mundo. En Chile, todo comenzó con las movilizaciones de los estudiantes, siguió con Hidroaysén, Punta Arenas, el Movimiento social por Aysén, y las protestas en Calama y otras urbes. La comunidad optó por organizarse en torno a sus propias necesidades, con líderes propios, prescindiendo de las autoridades políticas que no entienden este nuevo fenómeno cultural.

Los ciudadanos están demostrando que ya no están dispuestos a aceptar que se les impongan cosas. Están perdiendo el respeto por las autoridades políticas y por las instituciones. Si bien en otros procesos lideraron los cambios, ahora no han estado a la altura de este cambio cultural que está empujando la propia gente. Se cansaron de esperar y se han volcado a las calles a pelear por su territorio, identidad, medioambiente, tradiciones, patrimonio y muchas otras cosas.

El antropólogo Mauricio Rojas Alcayaga ve este tema en un contexto mayor, «de un desplazamiento de lo sociopolítico a lo sociocultural, en el entendido que tenemos movimientos sociales que no tienen sujeto político como siempre ocurrió en la historia moderna de Chile del siglo XX, en que los distintos actores sociales tenían un símil político. Por ejemplo, movimiento obrero: Partido Socialista, Partido Comunista; sectores medios: Democracia Cristiana, Partido Radical; sectores católicos cristianos: Democracia Cristiana o Partido Conservador».

Empero, a juicio del antropólogo, «aparentemente estamos asistiendo a un cambio de paradigma que algunos especialistas llaman la post política, en donde los ciudadanos empiezan a tomar su propia acción, prescindiendo de los partidos, y esto la acercarían a cierta base de tipo cultural, en el entendido de que reivindican su territorio, su medioambiente, sus tradiciones, su patrimonio».

Es así como vemos que en Valparaíso están organizados contra la construcción de un mall que atenta contra la identidad del puerto; en Pelequén, contra una empresa que estropea su patrimonio ambiental. Hace poco, en Pichidegua también hubo una rebelión contra una central termoeléctrica, lucha que terminaron ganando sus habitantes.

Lo mismo pasó en el norte, con la Central Termoeléctrica Barrancones, a 25 kilómetros del santuario de la naturaleza de Punta de Choros donde, luego de la indignación ciudadana expresada por las redes sociales, Sebastián Piñera -marcando un giro a la decisión de la Conama regional de Coquimbo, que aprobó la instalación del megaproyecto-, rechazara la construcción para cumplir con una promesa de campaña.

Casos y casos

Estas son otras de las rebeliones que hemos vivido en el último tiempo:

Miles de habitantes de Calama, donde se concentra la mayor producción minera del país, se manifestaron para reclamar más recursos como compensación por su aporte al presupuesto del Estado.

Una treintena de movimientos ciudadanos marcharon por la ciudad de Arica para denunciar «39 años de abandono» del Estado central.

En tanto, Alhué y Chillán Viejo protestaron porque se instalarían en sus terrenos cárceles que fueron rotundamente rechazadas por la comunidad con las respectivas protestas.

El caso de Punta Arenas, junto con el de Aysén, los más emblemáticos del último tiempo, son movimientos que han logrado poner de cabeza al gobierno central que finalmente debió ceder a las peticiones de sus habitantes.

Pelequén, que es el más reciente, representa también el malestar de la comunidad que no acepta que su medio ambiente se vea alterado por una planta de residuos de la empresa Colhue que provoca malos olores y la proliferación de moscas que no dejan vivir sanamente a la población.

Centenares de habitantes de Baquedano, dependiente de la comuna de Sierra Gorda y ubicada a 70 kilómetros de Antofagasta, demandaron algo tan básico como una mejor calidad del agua, porque la que tienen ha generado enfermedades infecciosas, especialmente en niños, a pesar de lo cual la autoridad no ha declarado emergencia sanitaria.

La construcción de la central hidroeléctrica Hidroaysén es el tema pendiente, puesto que, a pesar de que la comunidad se ha manifestado multitudinariamente en contra, no ha logrado desbaratar el proyecto que se instalará en La Patagonia.

El precio del progreso

Los ciudadanos, al no sentirse representados por «ningún actor o sujeto político» empiezan a organizarse en torno a sus propias preocupaciones, dimensiones en donde una nueva cultura chilena está actuando como el actor detonante.

Según dijo a Cambio21 el antropólogo Mauricio Rojas, «en un marco de teoría mayor también se da un cierto descrédito y agotamiento de la idea o paradigma de progreso. La gente comienza a preguntarse sobre el costo del progreso, empieza a sentir que éste puede ser dañino. Si consideramos que todo el discurso de nuestra elite gira en torno al progreso y el desarrollo y, por otra parte la ciudadanía empieza a darse cuenta de que no todo progreso ni desarrollo es bienestar, tenemos un jaque mate: sujeto social sin sujeto político y un discurso de la elite política que no está haciendo sentido en la ciudadanía. Entonces, estos dos vectores están detonando esta suerte de rebelión de las ciudades en base a preocupaciones de su identidad, territorio y bienestar».

En opinión de Rojas, la ciudadanía ve agotados los liderazgos políticos: «Primero, con la lucha contra la dictadura tuvo un fuerte sentido. Después, en la transición, lo sintieron un eje ordenador. Pero hoy sienten que el país ya cerró su ciclo a la transición y no ven que haya ningún actor político que represente un proyecto nuevo de futuro que de por cerrada la transición. Yo lo veo ejemplificado sobre todo en el sistema binominal y, más en su amplitud, en el sistema de modelo de desarrollo basado meramente en el crecimiento económico y de consumo, que no logra generar bienestar para todos. Y no hay nadie, efectivamente, en el escenario político que esté rompiendo con ese encapsulamiento del binominal en que todo tenía que estar controlado para no afectar el desarrollo y el progreso».

Las consecuencias de una rebelión

Como todo proceso histórico, esta rebelión de las ciudades es una puerta abierta. ¿Hacia dónde nos llevará todo esto?

«Sería peligroso si se sigue desgastando la credibilidad en el sistema político y es más grave aún porque todas las encuestas dan cuenta de una incredulidad frente a todo sistema institucional: van para abajo las fuerzas armadas (caso Juan Fernández); carabineros y la PDI aparecen baleándose, mientras la iglesia católica protege a un pedófilo y no apoya a Zamudio. La ciudadanía está asistiendo, por lo tanto, a la caída de todas sus instituciones que fueron guía del siglo XX, que están en una franca decadencia», manifiesta el antropólogo.

Lo más peligroso, a juicio del especialista, es el riesgo de que no sólo caigan los partidos políticos, sino que todo el sistema institucional. Pero también se abre una posibilidad para que, en algún momento, la clase política entienda que la ciudadanía está exigiendo una nueva forma de representación, nuevos actores políticos y nuevas maneras de pensar lo político.

Abrir los ojos

«Si nuestra clase política no abre los ojos o escucha con más atención, ese cambio va a ser imposible. Lo saludable sería que surgieran nuevos actores que comprendieran ese clamor y se adaptaran a los nuevos tiempos y diéramos por cerrada la transición» plantea Rojas.En cuanto al rol del gobierno en este plano, dice el académico, «lo veo complicado. Creo que, lamentablemente, si bien este gobierno no es responsable de todos los problemas, sí lo es de tener una incapacidad absoluta para comprender el fenómeno.

Yo creo que son ciegos a comprender la parte social y humanista de la política. Ellos pensaban que todo se solucionaba con cifras económicas y no logran entender que tienen excelentes cifras económicas, pero les explotan problemas políticos sociales por doquier, en cada esquina del país; no tienen la capacidad, o no la han demostrado, para tener un análisis más allá de lo meramente económico».

Rojas no percibe cómo el gobierno solucionará la situación, «porque su bancada de expertos, que nos prometieron traer un gobierno de excelencia, no han dado el ancho y definitivamente no comprenden el problema y se refugian siempre en que las cifras van a mejorar cuando la gente entienda que el país está creciendo. Yo ahí veo, francamente, un zapato chino. Al parecer, este gobierno no tiene las herramientas conceptuales para asimilar este nuevo fenómeno cultural».

Ciudadanía empoderada

El cientista político Guillermo Holzmann también analizó con Cambio21 este fenómeno desde su óptica, y lo califica como propio del siglo XXI.

«Del punto de vista teórico, lo que hoy genera el movimiento, aparte del Estado y el mercado, que son las dos naturales áreas donde se definía el funcionamiento de la sociedad, es que ha emergido con mucha fuerza la ciudadanía, en un concepto muy amplio, empoderándose para poder exigir elementos mínimos que consideran propios de la dignidad de vida y que están dentro de los derechos humanos del siglo XXI. Éstos tienen que ver con un acceso a la salud, educación, alimentación y una vivienda, pero además, en un medio ambiente que sea acorde a un estilo de vida razonable desde el punto de vista del ser humano para poder desarrollarse y poder disfrutarlo», comenta.

Para el cientista político, asociado a esto empiezan a haber otros elementos que cobraron sentido para que la ciudadanía se organice. A su juicio, «el primer elemento que aparece es la ineficiencia del Estado para poder preocuparse por el bien común de las personas y los mecanismos burocráticos con los que se procesan una serie de solicitudes que terminan afectando el entorno de los individuos».

¿País desarrollado?

Holzmann también destaca que «influye mucho la percepción de lo que se repite hasta el cansancio, de que Chile tiene un alto estándar en términos de ingreso per cápita. Tiene unas condiciones de país desarrollado, pero este beneficio la gente no lo ve ni en términos del ingreso ni de mejores condiciones de vida asociado a los derechos humanos que ellos consideran mínimos para poder subsistir, trabajar y desarrollarse».

«Lo que queda en evidencia a raíz de esta demanda ciudadana es la debilidad o las carencias que tiene nuestro sistema democrático que, particularmente en Chile, funciona en torno a que la principal decisión con la cual el gobierno opera son las leyes y reglamentos. Sin embargo, la dinámica de las demandas sociales es muy distinta y requiere del gobierno una capacidad de anticipación», puntualiza Holzmann.