Edición Cero

Aprobar un voto político de rechazo a la Consulta Indígena que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social, y además, solicitar al Gobierno de Chile,... Consejeros recomiendan al Pleno del CORE aprobar voto político de rechazo a la consulta indígena, por ilegítima

Aprobar un voto político de rechazo a la Consulta Indígena que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social, y además, solicitar al Gobierno de Chile, que elimine definitivamente esta propuesta por carecer de legitimidad según lo denunciado por las propias comunidades indígenas, acordaron los integrantes de la Comisión de Régimen Interno del Consejo Regional de Tarapacá y solicitar el respaldo del pleno del órgano colegiado, que sesionará este jueves.

De esta manera, los consejeros regionales quisieron manifestar su apoyo al requerimiento de las organizaciones que agrupan a las comunidades aymara y quechua de la región, quienes han denunciado que la Consulta Indígena fue impuesta por el Gobierno, y su aplicación no fue analizada ni consensuada con las comunidades.

Los cores que conforman la Comisión de Régimen Interno, que presidió el consejero Iván Pérez, acordaron apoyar a las agrupaciones indígenas, en su rechazo al instrumento propuesto por MIDESO, luego de escuchar los testimonios de los dirigentes Bárbara Quenaya de la Cooperativa de Trabajo Apacheta de Miñe Miñe, y de Mario Calisaya, Consejero del ADI Jiwasa Orage, quienes expusieron las razones de su rechazo a la Consulta Indígena.

Los dirigentes dijeron oponerse a la propuesta del Gobierno, que considera 11 puntos, entre los que destaca la modificación de la Ley Indígena, que considera un cambio en lo que respecta a la pertenencia de las tierras ancestrales que ocupan las comunidades.

Dicho cambio se estipula en el Decreto 66, que es el reglamento que regula la Consulta Indígena, y que modifica la aplicación del Convenio 169. Los líderes indigenistas señalaron que este cambio en la normativa beneficia los conceptos de subdivisión, parcialización y capitalización de los terrenos, lo que favorece a empresas privadas como las mineras, y se opone directamente a la perspectiva ancestral de la pertenencia colectiva de las tierras.

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