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Profesor, Dr. Haroldo Quinteros Bugueño. I. Venezuela enfrenta al imperialismo norteamericano. América Latina es un subcontinente en desarrollo, y en muchas regiones, sub-desarrollado. Especialmente... Venezuela en la encrucijada

Profesor, Dr. Haroldo Quinteros Bugueño.

I. Venezuela enfrenta al imperialismo norteamericano.

América Latina es un subcontinente en desarrollo, y en muchas regiones, sub-desarrollado. Especialmente en éstas abunda la miseria, la desnutrición, la falta de educación para las grandes mayorías, además de la corrupción en la economía, en la administración del Estado y en la política ¿Cómo salir de ello? Primero, entendiendo las causas del sub-desarrollo en la región. Las dos mayores de ellas son las viejas desigualdades sociales heredadas del colonialismo, y hoy, más que nunca,  la dependencia económica de voraces empresas y bancos internacionales, en su mayoría manejados directa e indirectamente por la super-potencia imperialista del norte, Estados Unidos.

¿Por qué Venezuela, un país latinoamericano en desarrollo, está ahora tan en la mira de Estados Unidos? Muy simple: Primero que nada, es uno de los países más ricos de la tierra. He aquí datos objetivos que no admiten duda: Se ha certificado de manera definitiva que las reservas de petróleo más grandes del mundo están en Venezuela, y no en Arabia Saudita ni en Rusia, como se creía hasta hace unos años. Venezuela posee reservas de petróleo 30 veces mayores que las de Arabia Saudita, y muy superiores a las de Rusia, Irak y otras naciones petroleras. Por este mismo motivo, posee también las mayores reservas de gas del planeta. Hace poco, en 2016, se descubrió que Venezuela tiene también la reserva mayor de oro del mundo y de coltán, un metal raro, también conocido como el Oro Azul, indispensable en la nano-ciencia, la ciencia del futuro que se aplica a la materia en micro-escala, con una medida equivalente a la décimo-millonésima parte de un milímetro. No sólo eso, Venezuela es también el segundo país del mundo en reservas de agua dulce subterránea, sólo inferior a Libia.

A propósito de Libia, de modo natural se nos viene a la mente el recuerdo de cómo la OTAN, que encabeza Estados Unidos, intervino militarmente en Libia con la complicidad, aunque tan soterrada como relativa, de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, cuando esta nación árabe decidió seguir un camino propio de desarrollo, independiente del sistema financiero global que encabeza la superpotencia del norte americano, seguida por las mayores potencias europeas. Tropas de la OTAN integradas por fuerzas en soldados y equipos estadounidenses y de todas las naciones que fueron colonialistas hasta el siglo pasado (Francia, Inglaterra, España y Bélgica) invadieron brutalmente Libia. En esta empresa no sólo usaron las más sofisticadas armas pesadas y ligeras conocidas en la actualidad, sino bombas tácticas de uranio empobrecido, prohibidas por la ONU. Luego de matar a miles de civiles, los invasores pusieron allí un  gobierno títere que se apresuró en dar muerte al presidente Gadafi y a su hijo, con el pretexto de “restablecer allí la democracia,” y “proteger a la población civil” en los desórdenes y enfrentamientos que se estaban dando entre gobierno y oposición, obviamente instigados desde el exterior.

El drama de Venezuela cuadra perfectamente con esta línea general imperial. Sin consultar ni pedir permiso al imperio norteamericano, y actuando libre y democráticamente, este país decidió  la independencia económica nacionalizando sus riquezas básicas, negándose a aceptar las reglas del juego impuestas tradicionalmente  por el imperialismo estadounidense en materia de explotación y comercialización de sus materias primas, particularmente del petróleo. Sobre la base de esa política de independencia, Venezuela también se propuso realizar cambios estructurales que garantizaran la posibilidad de eliminar la pobreza y las desigualdades sociales, así como la vieja corrupción en la política y en la administración del Estado. Es decir, hoy Venezuela está llevando adelante con mucha dificultad y esfuerzo una revolución de marcado acento socialista por la vía de la democracia parlamentaria, tal como se lo había propuesto en Chile el gobierno de Salvador Allende en 1970. Esto, para el imperialismo, es, obviamente, un muy mal ejemplo para el resto de los pueblos latinoamericanos, que bien podrían un día atreverse a alzarse en grupo contra las oligarquías internas y contra la dominación imperialista y seguir aquel camino liberador.

Hasta hoy, todavía, a pesar de la mar de evidencias y confesiones explícitas del propio imperio, ¡explícitamente, por la propia CIA! , hay gente en Chile que sostiene que el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende fue sólo un asunto interno del país. En estos instantes, al igual que en Chile en 1973, Estados Unidos está promoviendo la caída del gobierno constitucional de Venezuela con la complicidad directa de su aliado interno, la derecha política de ese país. Producido ya el caos que tramaron con el desabastecimiento y los sabotajes contra las industrias y los campos con el argumento que el país está “sin control,” Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se acaba de auto-proclamar “presidente interino” o “presidente encargado” del país, acto que, por supuesto, tuvo el inmediato reconocimiento de Estados Unidos y sus aliados estratégicos, los gobiernos europeos miembros de la OTAN, y los que son regidos hoy por la derecha pro-estadounidense del sub-continente americano.

II. El gobierno constitucional de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional de Venezuela.

La oposición al gobierno venezolano tiene, en efecto, mayoría en la Asamblea Nacional, pero no la suficiente para destituir a Maduro; mucho menos para haber acordado la ficción “presidente Guaidó.” Me explico:  para acabar con cualquier gobierno por la vía legal en todo el mundo de democracia parlamentaria en nuestros tiempos, debe haber una acusación constitucional del Parlamento con ese fin, como la que se hizo contra el gobierno de Helmut Schmidt en Alemania en 1982, o  años antes, en 1974 en Estados Unidos, aquella que obligó a Richard Nixon a dimitir como presidente. Para cursar esa acusación, es preciso alcanzar una mayoría parlamentaria de dos tercios, cuestión universal, repito, en los sistemas democráticos parlamentarios de nuestros días. Volviendo a Chile, a diferencia de los casos Schmidt y Nixon, la ilegalidad del golpe de estado contra Allende en 1973 es indiscutible, puesto que la oposición de la coalición que formaron la derecha y el partido centrista Demócrata-cristiano, unidos, así como la derecha parlamentaria venezolana hoy,  no consiguieron la mayoría legal de dos tercios para destituir al Presidente de República.

En ambos casos, las derechas políticas chilena y venezolana, con el abierto y confeso respaldo político y financiero de Estados Unidos, no trepidaron en crear una tóxica atmósfera de violencia interna y de desabastecimiento de los productos básicos antes de las elecciones que llevaran masivamente al pueblo a apoyar a sus candidatos. Esta estrategia, pensaba en Chile la oposición a Allende, les permitiría la obtención de los dos tercios de los votos en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, lo que significaría la expulsión de Allende del gobierno. La misma convicción tuvo la derecha venezolana en las elecciones parlamentarias de Venezuela en 2015 y en las presidenciales de mayo pasado. En suma, en Venezuela la oposición no tuvo mayoría constitucional para destituir a Maduro en 2015, y tampoco pudo elegir presidente del país a su candidato Henri Falcon el 20 de mayo pasado, aun cuando el país estaba sumido en una gravísima crisis general.

 III. Legitimidad del gobierno de Maduro, la conspiración en su contra y el desbastecimiento de los productos básicos.

El gobierno de Nicolás Maduro es absolutamente legítimo. Decir lo contrario sólo corresponde a la vieja estrategia de repetir una mentira mil veces hasta que se convierta en verdad. En Venezuela, efectivamente, hubo elecciones presidenciales. Se realizaron el 20 de mayo de 2018, es decir, antes del 10 de enero de 2019, día en que de acuerdo con los artículos 230 y 231 de la Constitución política venezolana se vencía el período presidencial 2013-2019 de Nicolás Maduro. El gobierno de Maduro hubiera violado la Constitución si las elecciones las hubiese convocado para después del 10 de enero de 2019, o peor aun, si simplemente no las hubiese convocado y  tras un auto-golpe hubiese tomado el poder, lo que le era posible en razón del  respaldo que tiene de las Fuerzas Armadas. Fue, además,  la oposición venezolana la que solicitó el adelanto de las elecciones, reto que fue aceptado por los partidos políticos de gobierno y por el propio presidente Maduro. Sin duda, la aceptación de ese desafío fue un acto de manifiesta tolerancia y democracia; incluso, debilidad, porque se produjo cuando en el país arreciaba el desabastecimiento y cuando ya, desde 2014, se había iniciado el bloqueo estadounidense a la economía del país, ante los ojos de todo el mundo. En esas elecciones de mayo del año pasado, algunas organizaciones políticas de derecha llamaron a la abstención, a lo que tenían pleno derecho porque en Venezuela el voto no es obligatorio.

Sin embargo, votó más del 50% de los electores inscritos, mucho más de lo que los abstencionistas calculaban. Votaron exactamente  9.389.056 ciudadanos y participaron en la elección 16 partidos políticos de todas las corrientes políticas. Postularon 6 candidatos: Nicolás Maduro, Henri Falcón, Javier Bertucci, Reinaldo Quijada, Francisco Visconti Osorio y Luis Alejandro Ratti (estos dos últimos decidieron retirarse de la contienda electoral pocos días antes). Maduro ganó con un amplio margen. Obtuvo 6.248.864 de votos, el 67,84% de los votos emitidos; le siguieron el opositor Henri Falcón con 1.927.958 votos,el 20,93% y Javier Bertucci con 1.015.895 votos, el 10,82%. Maduro triplicó la votación del candidato de la derecha Henri Falcón, con un diferencia de 46,91 puntos porcentuales. La propaganda anti-venezolana coreada también por opositores y seudo-opositores que han llegado a Chile con especial trato migratorio otorgado por el gobierno de Piñera, miente cuando dice que hubo fraude en esas elecciones, y, claro, ahora pide volver a repetirlas.

No hubo fraude porque el proceso electoral fue observado oficialmente por 14 comisiones electorales de 8 países; 2 misiones técnicas electorales; 18 periodistas en materia política de distintas partes del mundo; un europarlamentario, y una delegación técnico-electoral de la Central Electoral de Rusia. Todos ellos, sin excepción, declararon ante el mundo que el proceso fue legal, limpio y transparente. Las elecciones se realizaron con el mismo sistema electoral empleado en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, en las cuales resultó ganadora la oposición, pero, como ya señalé, con una mayoría que no le permite destituir al Presidente ni elegir uno “interino” o “encargado.” El argumento para proclamar presidente a Guaidó no es constitucional. Se basa en el cínico supuesto de la existencia de un “caos” en el país, en circunstancias que el gobierno venezolano no es su responsable.

El sistema electoral de Venezuela consiste en un moderno dispositivo automatizado sometido a auditorías que se ejecutan antes, durante y después de los comicios. Sólo con la huella dactilar se desbloquea la máquina de votación y así se garantizan los dos principios básicos de las elecciones en democracia, el “secreto del voto” y el de “un elector, un voto.” Después de las elecciones se realizaron 18 auditorías al sistema, porque así lo pidió la oposición. Se realizaron con la presencia de observadores extranjeros y representantes de la candidatura del propio Henri Falcón.  Finalmente, la oposición suscribió las actas electorales y en ellas manifestaron su conformidad con los resultados. Las auditorías fueron públicas y televisadas en vivo por el canal del Consejo Nacional Electoral. Una vez realizadas las auditorías, el sistema se bloquea automáticamente y la única manera de acceder a él nuevamente es con la introducción simultánea de los códigos secretos que tiene cada organización política.

En resumen, ni el mayor candidato opositor, ni ninguno de los candidatos ni partido político alguno impugnó los resultados de la elección de mayo; tampoco hubo presentación de  pruebas de fraude. Por lo tanto, esas elecciones presidenciales fueron libres, transparentes, confiables, seguras y ajustadas a la Constitución y a las leyes. Es más, fueron mayoritarias,  a pesar del llamado a la abstención por parte de un sector de la oposición de derecha que, obviamente, calculaba que Maduro las ganaría. Es de concluir, entonces, de manera tajante y categórica que en Venezuela no hay ninguna dictadura, y es realmente patético que la derecha chilena, que gobernó con Pinochet, que se enriqueció con su dictadura, que miró a un costado cuando ésta mataba, torturara, encarcelaba y exiliaba a miles de chilenos, aparezca ahora como gran defensora de la democracia y los Derechos Humanos en Venezuela.

El cinismo de Piñera y los dirigentes de la derecha nacional es abismante. Saben que la constitución venezolana fue aprobada en un referéndum popular nacional en 1999, como también saben al igual que todo el mundo, que el engendro espurio de 1980 en Chile, fue impuesto bajo la égida de una atroz dictadura y con probadas pruebas de fraude. La Constitución venezolana está intacta, el parlamento no ha sido disuelto aunque sigue en rebeldía y hasta proclamando ilegalmente un “presidente interino;” hay total respeto a los derechos humanos, existe plena libertad de expresión; la participación política es plural dentro del país; los partidos políticos existen y funcionan; y, finalmente, hay libre acceso a la justicia. ¿Existía eso en los tiempos de Pinochet, señores Piñera, Coloma, Chadwick,  van Ryselberghe y demás corifeos de la derecha chilena, cuando ustedes gobernaban como reyes absolutos?

El desabastecimiento, que tanta desesperación produce a las familias de un país, no se debe en Venezuela a la caída de la producción industrial ni agropecuaria. La FAO (es decir, la ONU), así como las cifras estadísticas internas señalan que la producción de alimentos no ha bajado en Venezuela, a pesar de la bombas y atentados terroristas de la ultra- derecha que ha destruido fábricas y maquinarias industriales y agrícolas. Por lo tanto, es de concluir que si bien puede haber habido errores en las decisiones económicas del gobierno, la causa única del desabastecimiento en Venezuela reside en la acción sistemática y organizada de acaparamiento y contrabando de productos.

IV. El gobierno de Piñera se suma a la conspiración anti-venezolana.

¿Cómo se explica que el gobierno de Chile participe tan abiertamente en toda esta intriga contra Venezuela, una causa que no es nuestra, sino del imperio norteamericano? ¿Qué daño le ha causado Venezuela y su pueblo a Chile? Obviamente, ninguno. En cambio, Venezuela sí le está causando un gran daño al imperio norteamericano. Es importante anotar que no sólo es la derecha oficial y tradicional de Chile la que actúa de modo servil ante la superpotencia del norte, la que controla el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la mayor parte del funcionamiento de la economía global planetaria.

También en el grupo de los políticos incondicionales al imperio figura Ricardo Lagos, quien había reconocido a los golpistas venezolanos que con apoyo del gobierno de Estados Unidos  consiguieron derrocar por dos días al presidente constitucional de Venezuela, Hugo Chávez, en 2002. Ahora, y, por cierto no es ninguna sorpresa, se suma a Lagos su hijo y otros “izquierdistas.” La irresponsabilidad de Piñera de desconocer el gobierno de Maduro no tiene explicación racional, porque ha embarcado al país, sin ninguna consulta al Parlamento ni menos al pueblo de Chile en una aventura que hace hoy inminente la intervención militar norteamericana en un país latinoamericano. Esto podría  comprometer severamente a Chile en una eventual vorágine de carácter bélico en la región.

 V. Guaidó y lo que viene.

La usurpación del cargo de Presidente de la República que pretende la derecha venezolana con el apoyo de Estados Unidos, con el argumento de un supuesto vacío de poder, es completamente ilegal. No es una figura jurídica que esté contemplada en la Constitución Política de Venezuela, como tampoco lo está la instauración de un “gobierno de transición” como se pretende con esta maniobra. Por si fuera poco, Guaidó, evidentemente en caso que fracase la conspiración, ya ha anunciado su intención de ejercer ese falso poder fuera de las fronteras venezolanas (seguramente en Miami)  violando el artículo 18 de la Constitución que establece que es sólo la capital de Venezuela, Caracas, la única sede de los poderes públicos. Esto tendría el mismo patético fin que tuvo en los años 60 el “gobierno cubano en el exilio” que se instaló en Miami, y que se esfumó en el aire.

El intento de  golpe de estado contra Maduro ha fracasado por el hecho clave que las Fuerzas Armadas están mayoritariamente con el gobierno constitucional. Por lo tanto, sólo queda la intervención militar desde fuera de las fronteras venezolanas. Y esto sí podría producirse. En estos precisos instantes, varias flotas norteamericanas navegan por las costas del país, no con el objetivo de apoyar un golpe de estado, puesto que éste ya no tiene ninguna posibilidad de darse; por lo tanto, este merodeo naval puede ser la antesala de la invasión del país, lo que ocurrió en Guatemala, en 1954, en Panamá en 1964, y en República Dominicana en 1965.  En verdad, la historia se repite. A días del golpe de 1973 en Chile, frente a las costas de Valparaíso estaban tres flotas norteamericanas al acecho si el golpe contra el gobierno de Salvador Allende fracasaba. En efecto, luego de terminada la tradicional “Operación Unitas” no se movieron de allí, como solía hacerse siempre. Se quedaron ahí por si los golpistas fallaban en llevar a cabo la traición que terminó con el gobierno constitucional de Chile.

Prueba contundente de la existencia de la preparación de la intervención militar imperial en Venezuela, la constituye el hecho que la invasión ya ha sido anunciada sin ningún tapujo por los dos últimos secretarios de estado de Estados Unidos; primero, Jack Tillerson, y ahora Michael Pence. Es más, la invasión y ocupación de Venezuela ha estado en la mente de los más termocéfalos políticos de derecha del primer enemigo de los pueblos latinoamericanos, el imperio estadounidense. Hace ya varios años, por ejemplo, el ex – candidato presidencial republicano contra Obama, John Mc Cain, dijo en plena campaña electoral:  “hay que estar preparados con una fuerza militar para entrar en Venezuela y garantizar  el flujo petrolero hacia Estados Unidos, velando por nuestros intereses globales.” Ante esta situación, pregunto a los venezolanos que circulan por aquí denostando al gobierno de su país: ¿Qué harán si los marines yanquis invaden su país? ¿Se sumarán a los invasores o defenderán su patria con la propia vida si fuese necesario si ésta fuese amenazada, como lo pidió el Libertador Simón Bolívar a todos los venezolanos?

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