Niñez haitiana centro de disputas políticas y mediáticas

Alejandra Flores Carlos. Ex convencional exconstituyente.-

La reciente controversia en torno a niños y niñas haitianos que ingresaron a Chile mediante procesos de reunificación familiar ha dejado al descubierto una preocupante tendencia en nuestro país: convertir situaciones complejas en instrumentos para la confrontación política y mediática.

Durante días se instalaron acusaciones de extrema gravedad. Se habló de trata de personas, explotación sexual, tráfico de órganos e incluso de una supuesta desaparición masiva de menores. Parlamentarios, medios de comunicación y diversos actores públicos apuntaron responsabilidades hacia gobiernos anteriores, mientras se construía una narrativa que rápidamente ocupó titulares y espacios de debate a nivel nacional y escalando “la noticia” a medios internacionales.

Sin embargo, los antecedentes conocidos posteriormente muestran una realidad diferente. La Policía de Investigaciones logró ubicar a la mayoría de los niños inicialmente catalogados como “inubicables”, constatando que se encontraban junto a sus familias, asistían a escuelas y tenían acceso a servicios de salud. Nunca estuvieron perdidos. Las propias familias haitianas y representantes de la comunidad han señalado que no existían denuncias de desaparición y que el principal problema radicaba en fallas de registro, seguimiento y coordinación entre diversos organismos del Estado.

Esto no significa que se deban desconocer las irregularidades detectadas e informadas por Contraloría, ni descartar investigaciones cuando correspondan. Toda situación que involucre a niños y niñas debe ser esclarecida con rigurosidad y prontitud. Pero una cosa es investigar y proteger y otra muy distinta es emitir condenas anticipadas o instalar sospechas sin evidencia suficiente, como lo vimos día a día y con alta profusión mediática.

Por otra parte, resulta imposible analizar este caso sin observar el contexto nacional. Chile mantiene una deuda histórica con la protección de la niñez. Las graves vulneraciones ocurridas durante décadas en el SENAME, reconocidas por organismos nacionales e internacionales, demostraron que miles de niños chilenos fueron abandonados por el propio Estado. A ello se suman problemas persistentes de pobreza, exclusión y desigualdad. Según datos de UNICEF, el 18,4% de los niños, niñas y adolescentes vive en situación de pobreza multidimensional.

Estos datos recuerdan una verdad fundamental: la vulneración de derechos de la infancia no distingue nacionalidad, origen étnico, color político ni condición migratoria.

La Ley N.º 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez establece que el Estado debe asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ratificada por Chile. El interés superior de niños y niñas debe constituir la consideración primordial en toda decisión que les afecte.

Por ello, la discusión pública debe abandonar el sensacionalismo y las disputas partidistas. La niñez no puede transformarse en un instrumento para obtener réditos políticos ni como objeto de campañas comunicacionales. Lo que espera la población es que se  fortalezcan las instituciones, se mejoren los sistemas de información y haya coordinación efectiva y eficaz de los organismos públicos y así se pueda garantizar que todos los niños y niñas —chilenos, haitianos o de cualquier origen— vivan protegidos, acompañados y con sus derechos plenamente resguardados.

Porque los derechos de la infancia no tienen color político. Y cuando se trata de niños y niñas, la verdad, la responsabilidad y la protección deben estar siempre por encima de cualquier cálculo o disputa política.