Partido Comunista emite declaración rechanzando primeras medidas del Gobierno de Kast

«El gobierno de Kast apenas comienza, pero ya ha dejado claro su rumbo: más privilegios para los de arriba, más sacrificios para los de abajo, y una concepción de la política que roza el desprecio por las instituciones».  Con esta frase el Partido Comunista de Tarapacá, concluye un crudo análisis al nuevo gobierno.

Mediante una Declaración Pública, la Dirección Regional del PC, acusa que: «El gobierno de Kast parece haber llegado con un manual bajo el brazo que confunde autoritarismo con eficacia. Se habla de “mano dura” contra la delincuencia, pero se actúa con mano blanda frente a quienes buscan entorpecer investigaciones sensibles…»

LA DECLARACIÓN 

Ultraderecha en acción: entre el tarifazo, el lawfare y la soberanía en riesgo

A pocos días de haber asumido, el gobierno de José Antonio Kast ha pasado de la promesa de una “emergencia nacional” a una realidad que no solo confirma los peores temores de quienes advertimos sobre su proyecto político, sino que los supera en rapidez y crudeza. Como Partido Comunista de Tarapacá,  la Dirección Regional “Luis Emilio Recabarren” señala que las políticas del gobierno de ultraderecha proempresarial, hoy se expresan con crudeza en frentes críticos y sensibles: el bolsillo de los chilenos, la autonomía de las instituciones y la soberanía sobre nuestros recursos estratégicos.

El denominador común de estas primeras medidas es claro: beneficiar al 1% más rico del país, al mundo empresarial,  mientras se ajusta el cinturón a las y los trabajadores, se vulneran derechos humanos y se subordina el interés nacional a intereses foráneos.

Debemos ser Pobres pero felices, esa es la consiga de este gobierno. El tarifazo o bencinazo  de José Kast, destaca una contradicción central: el gobierno se apresta a eliminar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), lo que implicaría un alza semanal de hasta $400 por litro para la ciudadanía. Mientras tanto, bajo cuerda, se negocia un subsidio exclusivo para los empresarios del transporte.

No es una política de eficiencia económica, es una decisión política: el costo de la movilización cotidiana se traslada a las familias trabajadoras, mientras los sectores concentrados mantienen sus privilegios, la pregunta de fondo es inevitable: “¿por qué, si en 2022 se optó por proteger  hoy se decide exponer y que paguen el costo las más desvalidos de nuestra sociedad, la mal llamada clase media. No es el mercado el que cambió de manera radical, es la voluntad política la que se ha modificado.

Pero la ofensiva no se limita al bolsillo, el gobierno ha abierto como al menos cinco flancos de críticas en sus primeros días: el anuncio de indultar a uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019. Esto no es un gesto de “pacificación”, sino un mensaje explícito a las fuerzas represivas de que pueden operar con impunidad. Es una provocación directa a la memoria de las víctimas y a la propia institucionalidad democrática que tanto costó construir. A ello se suma el retiro de decretos ambientales y la amenaza de eliminar reglamentos ambientales, así como  avanzar en tratativas secretas con el gobierno de Trump para la explotación de tierras raras en el sur de Chile, poniendo en riesgo la biodiversidad y la soberanía económica.

El flanco más preocupante para la estabilidad democrática es el que se ha abierto en el corazón del sistema de persecución penal. La remoción de la prefecta general Consuelo Peña, jefa de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, revela un patrón de interferencia política inaceptable, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, debe asumir su responsabilidad política de esta intromisión, situación que lo revela los oficios reservados. La respuesta de la ministra ante el Congreso fue que “jamás pedí antecedentes propios de la investigación, solamente los fundamentos del cambio de todo un equipo investigativo”.

Esa distinción es, en el mejor de los casos, ingenua, y en el peor, una forma de lawfare. El mensaje que se envía es perturbador: los funcionarios que se atengan a los protocolos internos de control pueden ser represaliados por el poder político.

El gobierno de Kast parece haber llegado con un manual bajo el brazo que confunde autoritarismo con eficacia. Se habla de “mano dura” contra la delincuencia, pero se actúa con mano blanda frente a quienes buscan entorpecer investigaciones sensibles. Se promete “orden” en la frontera, pero se genera caos institucional al patear el tablero de la autonomía policial. Se anuncia un “gobierno de emergencia”, pero sus primeras medidas son indultar a represores y negociar en secreto la soberanía de recursos naturales.

 “Los trabajadores y el pueblo de Chile  debe estar alertas y movilizados”. No es un llamado a la violencia, es un llamado a la conciencia. Porque lo que está en juego no es solo el precio del combustible o la composición de una brigada policial en Iquique. Lo que está en juego es el modelo mismo de país: si será uno donde las decisiones se toman con transparencia y en beneficio de las grandes mayorías, o uno donde el poder se ejerce desde la arrogancia, la opacidad y el privilegio de unos pocos.

La oposición política, y especialmente los parlamentarios de Tarapacá, tienen una responsabilidad histórica en este momento. No pueden limitarse a la crítica retórica. Deben usar todas las herramientas institucionales —desde los oficios fiscalizadores hasta la negativa a aprobar leyes que profundicen estas desigualdades— para poner un freno a esta deriva. La ciudadanía, por su parte, debe estar atenta y organizada. Porque si hay algo que la historia reciente de Chile nos ha enseñado, es que los derechos no se regalan: se conquistan y se defienden en la calle, en las organizaciones sindicales y en las urnas.

El gobierno de Kast apenas comienza, pero ya ha dejado claro su rumbo: más privilegios para los de arriba, más sacrificios para los de abajo, y una concepción de la política que roza el desprecio por las instituciones. Frente a ello, la unidad de los sectores populares y democráticos no es una opción, es una necesidad. Como concluye la declaración del Partido Comunista, “es tiempo de que las organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales tomen conciencia de los tiempos que se vienen, y se preparen con unidad y fuerza para desarrollar las acciones necesarias”. El futuro de los derechos sociales y laborales en Chile depende de ello.