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Colectivo Lumi Videla Moya.-  El debate en torno al festival MUDA, a realizarse en el Estadio Nacional —antiguo centro de detención y tortura—, ha... Festival MUDA: Cuando el «Nunca Más” y el futuro se sostienen en una entrada de concierto.

Colectivo Lumi Videla Moya.- 

El debate en torno al festival MUDA, a realizarse en el Estadio Nacional —antiguo centro de detención y tortura—, ha dejado al descubierto una discusión incómoda pero urgente. Mientras algunos lo defienden como un acto de resignificación y encuentro colectivo, otros denuncian la mercantilización de la memoria. Sin embargo, en el centro de esta polémica late una ausencia aún más profunda y peligrosa, la despolitización del recuerdo.

La pregunta fundamental es ¿Qué memoria estamos construyendo? Aun con buenas intenciones, la lógica del festival corre el riesgo de encapsular el horror en una experiencia cultural gestionable, donde el “Nunca Más” se convierte en un eslogan escuchado entre canción y canción, desvinculado de su raíz política.

Se recuerda que el Estado violó derechos humanos, pero se diluye sistemáticamente por qué y a favor de quién lo hizo. Así, la memoria se transforma en un monumento a la violación abstracta de principios éticos, y no en una reflexión consciente sobre la lucha de clases y el proyecto político que el terror buscó exterminar.

El meollo no es solo la responsabilidad del aparato estatal, sino la clase social que lo instrumentalizó. La dictadura no fue un “accidente” institucional, sino la herramienta violenta de la derecha política, el empresariado nacional y el imperialismo estadounidense para aniquilar el proyecto del socialismo democrático encarnado en la Unidad Popular y las expresiones de poder popular.

Esta verdad incendiaria brilla por su ausencia en la propuesta del festival. Se neutraliza, se convierte en un “doloroso pasado” a reflexionar, en lugar de una herramienta para comprender el presente y las continuidades del poder económico que, aún en democracia, sigue moldeando la exclusión.

La democracia liberal muestra, una vez más, su capacidad notable para cooptar y vaciar los discursos radicales, transformándolos en bienes de consumo o políticas de Estado despolitizadas. El Estado, que fue verdugo, hoy puede aparecer —o ser sustituido por la autogestión mercantil de los sitios de memoria— como custodio benigno del recuerdo, siempre y cuando ese recuerdo no cuestione los fundamentos del modelo económico que aquel terror instaló.

La autonomía de los proyectos de memoria se ve así estrangulada por una doble tenaza: la falta de financiamiento estatal genuino —que obliga a recurrir al mercado— y la presión tácita de que la memoria sea un relato de “consenso” abstracto, no de combate político.

La cuestión del financiamiento resulta sintomática. Aunque el cobro de entradas pueda parecer una discusión superficial, actúa como una barrera de clase que restringe la participación y asistencia al evento.

Asimismo, los recursos, cuando existan, deberían asignarse de manera transparente y con destinos específicos, no bajo conceptos o beneficiarios ambiguos. A su vez, este tipo de iniciativas —como muchas otras— surge desde sectores distantes de las organizaciones territoriales, lo que reintroduce un factor de clase y político. Además, en el contexto actual, donde el Estado —bajo un gobierno abiertamente hostil— no destina recursos a los derechos humanos, la dependencia de campañas de financiamiento se vuelve inevitable, pero también riesgosa, ya que puede reforzar la misma lógica mercantil que se pretende cuestionar.

Ahora, mientras la discusión se centra en el precio de la entrada, se nubla una verdad central, Chile no fue Auschwitz. Aquí no se exterminó a personas por religión o etnia, sino que se asesinó, torturó y desapareció con precisión burocrática y política a marxistas, antiimperialistas y revolucionarios. La matanza fue la venganza de los patrones, la liquidación programada de una alternativa sistémica al capitalismo. Callar esta razón, también equivale a convertir la memoria en mercancía, vendiéndola barata, cambiando el proyecto socialista por un manifiesto genérico sobre derechos humanos que hasta un gerente de la CPC podría firmar.

El Estadio Nacional no fue solo un “espacio de dolor”; fue un aparato del proyecto contrarrevolucionario. Allí fue encarcelado el profesor de educación popular, el obrero organizador, el campesino de la reforma agraria, el intelectual antiimperialista. Su crimen fue de clase y de proyecto, creer y luchar por el socialismo en Chile. Las conmemoraciones despolitizadas omiten este contenido y presentan a las víctimas como mártires pasivos de un “quiebre democrático”, no como combatientes activos de una guerra social.

¿Dónde está en el manifiesto del festival la denuncia al gran empresariado —los Matte, Edwards, Angelini— que financió y se benefició del golpe? ¿Dónde la mención al imperialismo norteamericano y su rol, ayer y hoy, en la desestabilización de proyectos soberanos?

Esta omisión es funcional a la democracia liberal, que puede administrar el recuerdo del horror siempre que no se vincule a una crítica orgánica al capitalismo y al imperialismo que lo produjeron. El Estado promueve una memoria como reconciliación nacional, no como herramienta de lucha de clases. Se conmemora a las víctimas, pero se borra la razón por la que fueron victimizadas, a saber, su desafío al orden de propiedad.

Hoy, cuando la derecha —la misma que avaló y reivindica la dictadura— vuelve a controlar el Estado mediante la máquina electoral y coloca a los empresarios directamente en el gabinete, la urgencia de una memoria política es absoluta. Es el mismo proyecto de defender los privilegios de unos pocos. Un festival en el Estadio Nacional que no nombre esto, que no señale la continuidad entre el terror de ayer y el dominio económico de hoy, es un festival que, en el mejor de los casos, entretiene la nostalgia y, en el peor, neutraliza el potencial subversivo de la memoria.

La cuestión no se reduce únicamente a quién puede pagar la entrada, sino a cuál versión de la historia se está adquiriendo. El verdadero peligro radica en que la memoria, al comercializarse, se edulcore y pierda su filo crítico. Que el Estadio Nacional deje de simbolizar el lugar donde fueron encarcelados quienes luchaban por un mundo más justo, para convertirse en un escenario “cargado de significado” pero desprovisto del más esencial: recordar que aquellos por quienes decimos “Nunca Más” murieron por creer y construir el socialismo.

Entonces, honrar la memoria de las violaciones a los DDHH en nuestro país exige más que música y un manifiesto. Exige recuperar el horizonte por el cual lucharon y por el cual fueron masacrados. De lo contrario, su memoria, convertida en mercancía o ritual vacío, habrá sido desaparecida y asesinada nuevamente.

 

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