Aborto

Profesor Haroldo Quinteros Bugueño.- 

El tema del aborto es uno de los que más ha suscitado la atención pública en Chile desde hace unas décadas. El aborto voluntariamente decidido por una mujer embarazada e inducido profesionalmente es legal, total o parcialmente, en la mayor parte de los países del mundo, especialmente en los de mayor importancia política y económica, con la sola condición que el embarazo no esté avanzado.

En el caso del aborto sin causales se parte de la doctrina que la mujer tiene todo el derecho a hacer lo que estime con su cuerpo, porque es suyo. Sin embargo, también hay un segundo tipo de aborto, llamado “aborto terapéutico,” o más conocido como el “aborto por causales,” que se practica en caso de inviabilidad del feto, violación, incesto y si el parto conlleva el riesgo de muerte para la embarazada. Esta es la figura legal que existe prácticamente en todo el mundo.

Como sabemos, la iglesia católica se opone al aborto en cualquiera de sus formas, aunque cada vez más está obligada a revisar esta postura. Veamos por qué:

No existen en el mundo países confesionales cristianos, como los había en el pasado y en Chile hasta 1925. Los países de mayor población católica en el mundo son Polonia, Italia, Irlanda, México y Brasil. En todos ellos, existe el aborto por causales. Polonia, el único país de Europa en que el aborto era ilegal, introdujo hace unos años un cambio clave en su ley sobre el aborto al aprobar constitucionalmente el aborto terapéutico. Seguir negando no solo la discusión a fondo del problema, sino derechamente seguir oponiéndose al aborto terapéutico, es, en verdad, un anacronismo evidente; es negarse a hacer ley lo que ya es realidad en la abrumadora mayoría de las naciones de la Tierra.

No deja de llamar la atención el hecho que el problema del aborto ya había sido resuelto en Chile en 1931, año en que se legalizó el aborto terapéutico. Por lo tanto, el viejo status jurídico del aborto fue revocado bajo la égida de la dictadura ultra-conservadora que barrió a sangre y fuego con nuestra antigua democracia. En el acta del 14 de noviembre de 1974, suscrita por el grupo de abogados convocados por la dictadura para redactar la constitución política de 1980, la llamada “Comisión de Estudios de la Nueva Constitución,” consta que el más radical de los asesores políticos de la dictadura, Jaime Guzmán Errázuriz, propuso la siguiente redacción para una ley sobre aborto, sustitutiva de la que existía:

«La madre debe tener el hijo aunque este salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o, aunque de tenerlo, derive su muerte.”

También consta en esa acta que sus congéneres, aunque también eran conservadores, no aceptaron tan macabra redacción, y votaron, como también propuso Guzmán, solo por ilegalizar todo aborto, además de penalizarlo. Léase: cárcel no solo para la comadrona, médico(a) o vecina que realiza la operación, sino para la embarazada. El texto final decía:

«No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar el aborto»…

Guzmán, cuyo integrismo conservador es conocido, fue, por lo menos, sincero. Al final de cuentas, no le importaba la muerte de la parturienta, y si sobrevivía, iba presa aunque fuera madre de dos, tres o más niños. Como lo ordena el sentido común y el más caro sentido de humanidad, la propuesta de Guzmán y sus colaboradores era, simplemente, inhumana.

No existen estadísticas sobre los muchos casos de aborto no terapéuticos que se producen en el país cada año. Lo que sí se sabe es que el aborto, terapéutico o no, se practica desde los estratos sociales más altos hasta los más vulnerables, con o sin causales. En el caso de las mujeres que pertenecen a las clases sociales pobres, el número de ellas – en su mayoría adolescentes y jóvenes- que mueren por aborto, es abismante, por cuanto esta operación es aplicada por personas sin ninguna preparación médica.