Pablo Valenzuela Ramírez, Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Tarapacá.-
La Cuenta Pública 2024, que llevó a cabo nuestro Presidente de la República, permitió destacar distintos avances alcanzados en los poco más de dos años de gobierno, exposición que además incluyó varios anuncios respecto de las distintas carteras. En lo que compete a Justicia y Derechos Humanos, podemos destacar los siguientes.
Un plan maestro de infraestructura penitenciaria: El que será presentado durante el segundo semestre de este año e incluirá la habilitación de más de 5 mil nuevos cupos antes del término de nuestro gobierno y, 12 mil nuevas plazas operativas de aquí al año 2030. En este contexto, es importante destacar que, 740 plazas estarán incluidas en un Centro Penitenciario Femenino que se construirá en un espacio aledaño a la cárcel de Alto Hospicio, mientras que, 100 nuevos cupos serán habilitados en un módulo de máxima seguridad, que se ubicará al interior de la actual unidad penal de la referida comuna.
Es decir, 840 nuevas plazas que estarían operativas en 2027, destinadas a descongestionar las cárceles de nuestra región de Tarapacá.
En materia de Derechos Humanos, nuestro Presidente destacó la implementación del Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia, el que tiene como uno de sus objetivos, reconstruir la trayectoria de aquellas personas que fueron víctimas de desaparición forzada, durante la dictadura cívico militar que asoló nuestro país a partir de 1973. En dicho contexto, considerando la gran relevancia de honrar la memoria de las víctimas, se anunció un proceso de expropiación de terrenos pertenecientes a la ex Colonia Dignidad, con el propósito de establecer un sitio para dicho ejercicio de memoria y reflexión.
Esta iniciativa se suma a otras diversas que se han desplegado en distintas regiones, las que siempre han contado con el encomiable apoyo y trabajo de las agrupaciones de Derechos Humanos de nuestro país.
Asimismo, se destacó el proyecto de ley que avanza en el Senado, y que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, el que permitirá otorgar asistencia jurídica especializada en distintos ámbitos, reforzando la atención integral de víctimas de delitos (en particular los delitos violentos) lo que se constituirá como un pilar esencial en materia de seguridad ciudadana. Es relevante mencionar, que dicho proyecto tiene un apoyo transversal, por lo que se espera sea despachado pronto desde el Congreso.
Además, se relevó la implementación del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, el que, a principios de este año, reemplazó al Servicio Nacional de Menores, en las cinco regiones que van desde Arica y Parinacota hasta Coquimbo; y que tiene como objetivo romper con las trayectorias delictivas de aquellos jóvenes que han infringido la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
En relación con el punto anterior, también se anunció la creación de una comisión especial para reparar los actos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes que se encontraban al cuidado del Servicio Nacional de Menores, la que contará con el apoyo de Unicef, así como de la Defensoría de la Niñez, y cuyo objetivo es otorgar reparación a quienes sufrieron vejámenes durante su estancia en el servicio.
Sin duda que, lo expuesto, son avances y anuncios significativos para la ciudadanía. Detrás de ello existe un arduo trabajo que tiene como faro, la promoción y el respeto a la Justicia y los Derechos Humanos, senda en la que continuaremos avanzando.