Consejo Regional de Seguridad Pública de Tarapacá definió los delitos priorizados  para combatir durante el 2024: Violaciones y otros delitos sexuales y robos con violencia e intimidación

Una nueva sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública tuvo lugar esta semana en la Región de Tarapacá. La instancia, que estuvo liderada por la Delegación Presidencial Regional y la Coordinación Regional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito, contó con la participación de municipios, policías y diferentes instituciones de la región ligadas al área de la seguridad.

El objetivo de esta instancia fue realizar un balance de los avances en las medidas implementadas durante el año recién pasado y presentar el diagnóstico para la elaboración de los nuevos planes regionales de seguridad pública para el año 2024.

Los diagnósticos de la situación de seguridad de cada región se construyen a partir de tres fuentes. En primer lugar, el análisis de los casos policiales de Carabineros y la Policía de Investigaciones, que son ponderados según su gravedad. En segundo lugar, la Consulta Comunal de Percepción de Seguridad, en la que se pregunta a los diferentes actores locales sobre sus prioridades y principales problemas de seguridad. Y, en tercer lugar, la Consulta Comunal Rural, que por primera vez se aplicó a 270 comunas rurales y semi rurales del país, a fin de conocer de manera diferenciada los fenómenos delictuales que más las afectan.

A partir de los diagnósticos, cada año se elabora un plan regional de seguridad pública, el cual establece los tres delitos priorizados, las incivilidades, los problemas de seguridad emergentes para cada región, una prioridad rural, así como una serie de compromisos para abordarlos.

En la zona se definieron como delitos priorizados las violaciones y otros delitos sexuales, los robos con violencia e intimidación, y la violencia intrafamiliar y de género, este último circunscrito como “delito transversal” a nivel nacional. En tanto, el comercio ilícito ambulante y el consumo de alcohol en la vía pública fueron calificados como las principales incivilidades a abordar en las estrategias de seguridad de manera coordinada. Además, se catalogó como delito emergente la violencia escolar, y el robo en lugar no habitado en bodegas, galpones o similares, y las quemas no autorizadas como las dos prioridades rurales definidas en la instancia.

“Sabemos que la seguridad es una de las prioridades de la ciudadanía y parte de las urgencias de las familias, y por lo mismo, la respuesta del Estado debe ser una respuesta coordinada y masiva para poder atender cada una de estas situaciones. Hemos hecho un ejercicio de priorización de los delitos en función de recoger las percepciones de cada una de las comunas de la región, entre ellos los robos con violencia e intimidación, los delitos asociados al consumo de drogas, y también fenómenos emergentes como la violencia escolar. También, y de forma muy interesante, incluimos una consulta rural a los 270 municipios rurales de todo el país que nos han permitido focalizar esfuerzos en territorios que no son urbanos pero que tienen también problemáticas de seguridad asociadas”, señaló el delegado presidencial regional, Daniel Quinteros.

En la oportunidad la Coordinadora Regional (s) de la Subsecretaría de Prevención del Delito de Tarapacá, Paula Fortte, manifestó que “definidas claramente las prioridades y estrategias de trabajo por parte del Consejo Regional de Seguridad Pública, iniciaremos un intenso y sostenido trabajo de coordinación intersectorial, con el objetivo preciso de fijar las acciones concretas que cada entidad ejecutará en la prevención de los delitos, incivilidades y problemáticas. Es esencial establecer que la priorización de delitos no quiere decir que se dejará de trabajar en las otras problemáticas delictuales que se registran en Tarapacá. Las continuaremos abordando por medio de otras acciones de trabajo intersectorial», afirmó.