Diputada Astudillo destaca proyecto de seguridad Municipal, que otorga mayores facultades a inspectores y permite uso de elementos defensivos

“Esta ley va a permitir entregarle más herramientas a los inspectores municipales, quienes ahora van a colaborar con la función preventiva en materia de seguridad y así ayudar a descongestionar el trabajo de las policías, que deben estar abocadas a crímenes de mayor gravedad”. Así  lo señaló la diputada Danisa Astudillo, tras la aprobación de proyecto de seguridad municipal en la Cámara.

Dijo la parlamentaria, que este proyecto, anhelado por la gran mayoría de las municipalidades de Chile,  permitiría «entregarle más herramientas a los inspectores municipales, pensando en que tienen que tener una formación ad hoc al cargo que van a ejercer y que va a consistir en colaborar con la función preventiva en seguridad».

Añadió la parlamentaria iquiqueña que esto permitirá descongestionar el trabajo de las policías pensando en que deben abocarse a crímenes de mucho mayor gravedad».

Dijo Astudillo que los inspectores municipales van a estar habilitados «por ley para poder hacer un trabajo preventivo de seguridad en sus comunas y que contarán con armas de defensa, de protección para poder ejercer esta función con ciertas facultades».

Le parece a la diputada que «lo más importante es que en este proyecto, de manera unánime, en la Comisión de Vivienda velamos para que los municipios que hoy día tienen menos recursos para trabajar esta labora de seguridad ciudadana, seguridad municipal, seguridad comunal, va a contar  a través de una fórmula que creo el Ministerio, para ser compensados en la distribución de recursos que se haga a nivel nacional».

Además se consiguió duplicar el presupuesto inicial de este proyecto. «Para nosotros es muy importante que este proyecto signifique en su implementación en los territorios, que los vecinos puedan vivir más tranquilo y se sientan más seguros», concluyó la diputada.

CÁMARA

Desde la Cámara se informó que el texto, despachado este miércoles es fruto de un mensaje presidencial y un proyecto parlamentario refundidos. Dentro de sus objetivos, se encuentra disminuir las brechas de desigualdad comunal en el acceso a la seguridad. Asimismo, aumenta la participación ciudadana en la elaboración y validación de planes comunales de seguridad pública.

Para lo anterior, se establecen normas que fortalecen el rol preventivo de las municipalidades y que actualizan los planes comunales de seguridad pública. Entre ellas, dispone que los municipios podrán contar con inspectores de seguridad. Actuarán como coadyuvantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el ámbito de la seguridad pública y la prevención del delito. El texto precisa los requisitos para su nombramiento y las actividades que podrán realizar.

Adicionalmente, se permite que los municipios contraten inspectores patrulleros para ejercer funciones de seguridad comunal. La propuesta contempla que, tanto a patrulleros como a inspectores, se les deberá proporcionar elementos defensivos, sólo para protección y resguardo de su integridad física.

En este marco, el proyecto contempla la creación de una asignación en el presupuesto de la Subsecretaria de Prevención del Delito por tres años. Esta contará con $5.100 millones, fraccionado en $1.700 anual.

De todas maneras, la norma establece que la autoridad no podrá facilitar ningún tipo de arma de fuego. Tampoco utensilios u objetos cortantes o punzantes, así como otros elementos que sean calificados como letales o potencialmente letales.

Sin embargo, la Sala rechazó que sea un reglamento expedido por el ministerio encargado de la seguridad pública el que establezca los elementos defensivos y de protección mínimos con los que deberán contar inspectores y patrulleros.

SEGURIDAD MUNICIPAL

El proyecto también considera la creación de las organizaciones comunitarias funcionales de seguridad. Además, otorga más atribuciones y flexibilidad en el funcionamiento de los consejos comunales de seguridad y la figura del director de seguridad municipal.

Por otro lado, se proponen nuevos mecanismos de participación ciudadana en materia de seguridad y se crea el Registro de Seguridad Pública Comunal. Éste estará interconectado en una plataforma electrónica con antecedentes del Banco Unificado de Datos y el Sistema Táctico de Operación Policial a nivel comunal. Para esto, se destinarán cerca de $208 millones de pesos.

Paralelamente, la iniciativa contiene artículos transitorios para definir la entrada en vigencia de los diferentes contenidos del proyecto. En términos generales, la norma comenzará a regir seis meses después de su publicación en el Diario Oficial.

Sin embargo, el Registro de Seguridad Pública Municipal comenzaría a operar un año y tres meses posteriores a la publicación de la ley. La razón es que sería el tiempo requerido para la construcción de la plataforma que permitirá la interconexión entre todas las instituciones involucradas. Junto a esto, se establecieron los procedimientos y plazos para la contratación de nuevo personal para hacer frente a los objetivos que se establecen en el proyecto.

INTERVENCIONES

intervinieron Juan Fuenzalida (UDI), Alejandra Placencia (PC), Bernardo Berger (IND), Ana María Bravo (PS), Renzo Trisotti (IND), Catalina Pérez (RD), Sara Concha (PSC), Fernando Bórquez (UDI), Ricardo Cifuentes (DC), Miguel Ángel Becker (RN), Carolina Tello (IND), Leonidas Romero (IND), Cristián Tapia (IND), Lorena Fries (PCS), Agustín Romero (PREP), Alberto Undurraga (DC), Cristhian Moreira (UDI), Héctor Barría (DC), Jorge Brito (RD), Rubén Darío Oyarzo (IND), Joanna Pérez (DEM), Gael Yeomans (PCS), Natalia Romero (IND), Erika Olivera (DEM), Carlos Bianchi (IND), Matías Ramírez (PC), Nelson Venegas (PS) y Mauricio Ojeda (IND).