Alcalde de Colchane niega categóricamente entrega de permisos desde el Municipio para cruzar la frontera. La ley no lo permite

El alcalde de Colchane, Javier García Choque, desmintió rotundamente las afirmaciones del diputado Enrique Lee (IND) sobre la supuesta entrega de autorizaciones para cruzar la frontera a ciudadanos chilenos. El edil calificó las declaraciones del parlamentario como «totalmente desinformadas y sin conocimiento de la realidad del territorio aymara».

El alcalde aclaró que, por ley, ningún alcalde tiene la facultad de otorgar permisos de entrada y salida del país a ningún ciudadano, chileno o extranjero. En el caso de Colchane, existe un documento que se emite desde el municipio, pero este no es en ningún caso una autorización para salir del país, como afirma el diputado Lee.

Este documento, que se originó durante el estado de excepción en el gobierno anterior, tiene como objetivo evitar confusiones entre las autoridades militares y los pobladores aymaras chilenos, quienes a menudo son confundidos con bolivianos. El documento se emite en el contexto del convenio 169 de la OIT, que garantiza los derechos de los pueblos indígenas.

PASO ANCESTRAL Y CONVENIO 169 DE LA OIT

En cuanto al paso de pobladores aymaras entre Colchane y la localidad boliviana de Pisiga Bolívar, García explicó que se trata de un paso ancestral, ya que se trata de un pueblo originario que fue dividido en dos por las fronteras de Chile y Bolivia tras la Guerra del Pacífico. El tránsito de estos pobladores está garantizado por el convenio 169 de la OIT, ratificado tanto por Chile como por Bolivia. Sin embargo, Chile, a diferencia de Bolivia, no ha implementado este tratado.

El alcalde García enfatizó que la autorización o rechazo del paso de los pobladores por el paso ancestral recae en el Ejército y Carabineros de Chile, apoyándose en el documento emitido por el municipio. «De ninguna manera el municipio tiene la potestad de hacerlo», afirmó.

Falta de compromiso y contradicciones del Estado

García criticó la falta de compromiso del Estado para implementar mecanismos que faciliten el tránsito expedito de los miembros de comunidades indígenas de Colchane y Pisiga Bolívar. «La legislación internacional establece que los estados deben emitir una tarjeta de tránsito vecinal para estos casos, como ocurre en el sur del país. Bolivia está de acuerdo con este mecanismo, pero Chile se ha negado a dialogar al respecto», señaló.

El alcalde también denunció las contradicciones del Estado en esta materia. Las leyes del Ministerio de Educación obligan al municipio a recibir estudiantes migrantes, a quienes se les emite un RUT chileno especial. Sin embargo, en el caso de Colchane, estos estudiantes no viven en Chile, sino en Bolivia. «Entonces, por un lado, el Estado autoriza a los estudiantes migrantes que viven en Bolivia a estudiar en Chile, pero no les permite a sus padres ir a dejarlos al colegio, poniendo en riesgo la seguridad de estos niños que ingresan a Chile solos y a su suerte por pasos no habilitados», lamentó García.

MILITARIZACIÓN Y HOSTIGAMIENTO

García también cuestionó la militarización de la frontera, calificándola como un fracaso para controlar la migración irregular. «Actualmente, el rol del ejército se limita al control y hostigamiento de los aymaras chilenos», afirmó.

El alcalde denunció que, en los mismos lugares donde el ejército controla exhaustivamente a los pobladores locales y a los apoderados bolivianos, los migrantes irregulares ingresan sin ser revisados y son trasladados en vehículos del Estado al dispositivo de migrantes irregulares, donde se les emite un documento que les permite el libre tránsito por Chile.

Finalmente, García invitó a los parlamentarios a conocer la realidad del territorio junto al municipio y los pobladores, «y no con instituciones ajenas al territorio que tienen funcionarios que a veces tienen una versión sesgada de la realidad».

Asimismo, solicitó al gobierno que realice las gestiones diplomáticas necesarias para otorgar la Tarjeta de Tránsito Vecinal que los aymaras vienen solicitando desde que el Estado ratificó el convenio 169 de la OIT.