Inician peritaje de elección presidencial venezolana

Carlos Graña Sarmiento, periodista.- 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela inició, el 6 de agosto del 2024, el proceso de peritaje del material electoral solicitado para dirimir el contencioso presentado por el ciudadano y presidente Nicolás maduro. La presidenta del (TSJ) venezolano, Caryslia Beatriz Rodríguez. Así lo anunció, el 5 de agosto del 2024, luego que el titular del Consejo Nacional (CNE) Elvis Amoroso consignara los escritos y anexos solicitados por la Sala Electoral del máximo órgano judicial del país.

Rodríguez puntualizó que se dejó constancia de “haberse recibido todos los recaudos solicitados por parte del Consejo Nacional Electoral, dando cumplimiento a la orden judicial”. El Tribunal Supremo solicitó las actas de escrutinio de las mesas electorales a nivel nacional; la de totalización definitiva del proceso electoral  y de adjudicación y proclamación del mencionado proceso. También las pruebas relacionadas al ataque cibernético denunciado contra el sistema informático del Poder Electoral que impidió la oportuna transmisión de los resultados electorales, “al tratarse de un hecho público, notorio y comunicacional”. Pidió asimismo al máximo órgano comicial “todos los elementos de prueba asociados a tal evento”.

La titular del TSJ explicó que el proceso tendrá un lapso de 15 días prorrogables para lo cual hará uso de “todos los mecanismos disponibles en el ordenamiento jurídico en tal propósito”.

En ese sentido procedió a consignar “todos los instrumentos electorales que se encuentren en posesión de los partidos políticos y de los candidatos”, a los cuales citó en “intuitu personae”, es decir, que no pueden ser sustituidos ni delegar en alguna otra persona.

Anunció al respecto la conformación de un cronograma al cual deberán asistir con la información requerida y responder las preguntas que les sean formuladas por el órgano jurisdiccional.

La Sala Electoral ordenó la citación de los referidos ciudadanos y advirtió que “la falta de comparecencia acarreará las consecuencias previstas en nuestro ordenamiento jurídico vigente”.

El proceso comenzó, el 7 de agosto del 2024, con la citación a los partidos y movimientos políticos que integraron la Plataforma Unitaria Democrática y su candidato Edmundo González, y sucesivamente el resto.

Para el 9 de agosto del 2024, está prevista la asistencia al Tribunal Supremo de Justicia de los representantes del Partido Socialista Unido y del Gran Polo Patriótico, y el mandatario Nicolás Maduro.

En audiencia pública y oral el órgano jurisdiccional solicitó a los candidatos, partidos políticos , CNE y demás sujetos intervinientes en el proceso del 28 de julio “todos los documentos legales de relevancia que le sean requeridos”

Se espera que, tras la realización de este peritaje del Tribunal Supremo de Venezuela , la controversia, que se originó  por un posible fraude electoral, se dirima por la vía institucional. En forma expedita se deben dar a conocer  los datos desglosados  de las mesas de votación presidenciales.

La comunidad mundial tiene que apoyar todos los esfuerzos de diálogos y búsqueda de acuerdo que beneficien al pueblo venezolano, que concurrió a las urnas en forma masiva, el 28 de julio del 2024, para elegir a un nuevo presidente o para reelegir a Nicolás Maduro

Sin embargo, la líder opositora venezolana, María Corina Machado y el candidato presidencial, Edmundo González Urrutia  pidieron , en una declaración, 5 de agosto del 2024, a los militares y funcionarios policiales no reprimir a los ciudadanos, y defender los resultados electorales, al tiempo que les ofrecieron “garantías a quienes cumplan con su deber constitucional”, tras organizar una protesta masiva contra el gobierno de Nicolás Maduro.

En el documento proclamaron al excandidato Edmundo González, en clara vulneración de la estabilidad democrática de Venezuela, e instaron a la milicia, a la policía y al pueblo a desacatar las órdenes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del gobierno instituido  constitucionalmente.

Tras la declaración, el Ministerio Público les abrió una investigación por considerar que hicieron una “abierta incitación a funcionarios policiales y militares a la desobediencia de las leyes”.

“Se evidencia la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración”, precisó un comunicado firmado por el fiscal general Tarek William Saab, en el que insiste en que el único órgano calificado para proclamar a un candidato es el Consejo Nacional Electoral.

El organismo electoral venezolano dio como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio al presidente Nicolás Maduro, pero la oposición insiste en que tiene las actas que demuestran que la victoria fue de González Urrutia, con el 67 % de los votos.

María Corina  Machado y Edmundo  González Urrutia pueden ser  acusados de presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones; difusión de información falsa para causar zozobra; instigación a la desobediencia de las leyes, a la insurrección, a la asociación para delinquir y a la conspiración.

Los gobiernos del mundo no deben inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. Se debe respetar el derecho a la autodeterminación de los pueblos, y  la soberanía de Venezuela. De allí la importancia que el Tribunal Supremo de Venezuela lleve a cabo el peritaje de esta elección presidencial, que ha provocado una crisis, política y social, y que se utiliza para fomentar disturbios, violencia y generar un caos, que afecten la estabilidad democrática de ese país.

Venezuela posee la mayor reserva de petróleo en el mundo, y sin embargo, no puede comercializar su gas y crudo en los mercados internacionales por las medidas impuestas por el gobierno de Estados Unidos, tras de  considerar el régimen de Nicolás Maduro, como un gobierno dictatorial, que viola los derechos humanos, y que  ha provocado una crisis humanitaria, donde más de 7,7 millones de personas han salido de Venezuela.  Sus divisas están bloqueadas con las sanciones económicas, que se le aplicaron. El oro de Venezuela valorado aproximadamente en 2 mil millones de dólares, se encuentra congelado en el Banco de Inglaterra desde el 2019, cuando Estados Unidos y el Reino Unido  reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, considerando que la elección ganada por Nicolás Maduro en el 2018 fue fraudulenta.

 La República Bolivariana de Venezuela es una nación soberana, con instituciones sólidas, que son las únicas con legitimidad para decidir los asuntos que concierne a su pueblo sin ningún tipo de injerencia extranjera.

La comunidad mundial tiene que esperar el resultado del peritaje, que realizará  el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, máximo órgano del sistema judicial de ese país.