Jaime Esponda, Abogado y docente universitario, especializado en Derechos Humanos y Derecho Migratorio.
Hace una semana, 42 extranjeros, 25 de ellos autores de delitos y el resto concurrentes en irregularidad administrativa, fueron expulsados del país. Considerando la información proporcionada por el Servicio Nacional de Migraciones a la Cámara de Diputados[1], el costo de esta operación sumó sobre los $73.000.000. De otro lado, la reconducción de extranjeros que ingresan irregularmente en la Región de Tarapacá alcanzó, en lo que va corrido de 2024, a cerca de tres mil personas.
Estas novedades son manifestaciones de la “crisis migratoria” que vive el país, en el contexto de la más grave crisis mundial y regional de los últimos decenios, en cuanto se refiere a desplazamientos humanos. Toda crisis migratoria se caracteriza por flujos forzosos a gran escala, mayoritariamente integrados por personas vulnerables, que son producto de graves situaciones de guerra, conmoción política o crisis de subsistencia, cuyo volumen dificulta o supera la capacidad de gestión por los gobiernos.
Actualmente, son más de 120 millones las personas que han abandonado sus lugares de residencia, de las cuales 43,4 millones son refugiados bajo la protección del ACNUR, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial[2]. En lo que va de 2024, más de dos mil migrantes han muerto o se encuentran desaparecidos en el Sahara y más de 800 en el Mediterráneo[3]. La crisis migratoria europea, que tiene su origen en situaciones extremas de pobreza y violencia en el continente africano, se ha incrementado por causa de la invasión rusa a Ucrania y la guerra en Gaza.
Por su parte, la crisis migratoria regional, la mayor en la historia de América del Sur, de la que Chile es tributario, se genera en Venezuela. Este es el contexto, tantas veces omitido, que desató el desbordamiento de migrantes pobres que llegaron a Colchane desde el verano de 2021, decenas de los cuales han fallecido debido al rigor del viaje. De algún modo, el canciller Van Klaveren graficó esta crisis, hace un año, afirmando que Chile “ha agotado su capacidad de recibir migrantes”. De hecho, tras Costa Rica, Chile es el país que posee una mayor proporción de migrantes, en relación con su población total[4], con más de un 8.8% de personas de nacionalidad extranjera[5] que actualmente suman sobre el millón seiscientas mil[6].
Desde luego, la mayor parte de los migrantes se encuentran regularmente en el país y se han incorporado al trabajo formal. Además, el ingreso irregular al territorio nacional ha descendido progresivamente desde inicios de 2023 hasta la fecha[7]. Pero, pese a ello, habita Chile una cantidad de personas en situación de inobservancia legal – ¿ciento cincuenta mil?[8] – que impide afrontar con éxito la crisis migratoria a que hemos hecho referencia. Esta multitud está integrada por migrantes que ingresaron irregularmente al territorio nacional o siguieron en él luego de vencer sus permisos de residencia transitoria (turística) y también por quienes, encontrándose en una inicial situación regular, esperan la resolución de sus solicitudes de residencia temporal o permanente[9].
La irregularidad migratoria mantiene a los afectados sin documentos en regla y, por tanto, imposibilitados de acceder a contratos formales de trabajo[10] y a soluciones habitacionales regulares, lo cual los condena al hacinamiento y determina que constituyan un importante porcentaje de la población de los campamentos, a saber, un 16,2% de los Macrocampamentos y un 14,5% de los campamentos denominados Grandes Migrantes, con predominio de la nacionalidad venezolana[11]. Esto demuestra que la irregularidad no solo afecta al Estado sino que es también el principal enemigo de los migrantes.
Pero además, en la actual situación de seguridad, caracterizada por el incremento regional e interno del crimen organizado transnacional y el resultante aumento de los delitos violentos, la vulnerabilidad propia de los migrantes en situación irregular es aprovechada por las bandas criminales, que captan a los más maleables para utilizarlos como operadores de su actividad criminosa e, incluso, capturan campamentos donde ellos viven, como lo hicieron el clan “Los Gallego” en Cerro Chuño de Arica y “Los Trinitarios” en Cerrillos, cuyos integrantes se encuentran actualmente procesados y encarcelados. Por consiguiente, la persistencia en el tiempo de la irregularidad migratoria favorece, en general, el aumento del delito y, en particular, el crimen organizado, generando en la población nacional un sentimiento anti migrante que, por cierto, se ve favorecido por el discurso xenófobo del extremismo populista que identifica a todos los migrantes con la criminalidad.
Por cierto, la solución de este complejo trance no consiste, como lo postulan los autores de ese discurso, en la expulsión de todas las personas que ingresaron irregularmente al país o que permanecen en situación de irregularidad. En lo que va del actual gobierno, se ha expulsado a 894 personas, de las cuales 306 fueron objeto de resoluciones judiciales y 588 de decretos administrativos, un lento itinerario que es demostrativo de la dificultad que encierra encontrar a sujetos que cambian u ocultan su lugar de residencia. Cuando asumió, la administración del presidente Boric se encontró con 24.000 órdenes de expulsión pendientes desde 2014, a las cuales se han sumado cuatro mil nuevas. De todas ellas apenas se ha podido materializar poco más de un diez por ciento[12]. Aunque la PDI ha ejecutado aplicadamente el Plan Nacional de Fiscalizaciones, “cuyo objetivo es detectar a personas en situación irregular” o “con decretos de expulsión vigentes”, el resultado se limita a 300 sorprendidas en situación infraccional[13], por lo cual la ministra del Interior ha anunciado que se propondrá un nuevo mecanismo de control de las personas con orden de expulsión administrativa.
De otra parte, si se pretendiese expulsar a las más de cien mil personas en situación de irregularidad, como lo demandan las consignas populistas, se debería contar con un presupuesto de sobre $175.000.000.000; y para comenzar a practicar las resoluciones pendientes, se requeriría $49.000.000. Pero el presupuesto aprobado es de $3.500.000.000 y solo alcanza para practicar dos mil expulsiones[14]. A esta dificultad, cabe agregar las de carácter logístico y la certeza de que un porcentaje importante de las personas sobre las cuales pesa orden de expulsión recurre a los tribunales superiores y obtiene, en un apreciable porcentaje, sentencias favorables. A fin de cuentas, aquella propuesta insensata solo cumple fines electorales para sus autores.
Desechado este impracticable camino y considerando que a nadie se le ha escuchado proclamar la consigna contraria, esto es, que todos los migrantes en situación irregular, cualesquiera sean sus antecedentes, debiesen permanecer en el país, la única solución a la irregularidad migratoria, sin perjuicio de expulsar a quienes hayan delinquido, es un proceso rápido de regularización. Al hacerlo, el actual Gobierno no estaría sino replicando los dos exitosos procesos de regularización aplicados por el gobierno del Presidente Piñera, en 2018 y 2021, que permitieron insertar regularmente a la sociedad a más de doscientas mil personas. Por lo demás, la Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, de la cual Chile es parte, establece imperativamente que “los Estados Parte en cuyo territorio haya trabajadores migratorios y familiares suyos en situación irregular tomarán medidas apropiadas para asegurar que esa situación no persista”[15].
No hay razones prácticas que se opongan a este imperativo, pero sí el temor a la reacción político-electoral de la oposición, ante el anuncio de un proceso de regularización. Este temor concede al adversario del gobierno mayor poder de persuasión que el que pueden ostentar las fuerzas oficialistas. Mas, con la postergación de tan imprescindible decisión lo único que se logra es acrecentar una situación masiva de indocumentación, que afecta tributariamente al Estado y, además, es caldo de cultivo del crimen organizado, para servirse de los migrantes que se encuentran en situación más vulnerable.
Con el empadronamiento biométrico de casi doscientas mil personas ya concluido[16], debiese regularizarse a todas aquellas que concurrieron al correspondiente registro. Si lo hicieron es porque poseen las condiciones y la voluntad de incorporarse honestamente a la vida nacional. Quienes encontrándose en situación de irregularidad no se presentaron al llamado público que realizó la autoridad deberán atenerse a las consecuencias, que contemplan su expulsión.
Otro paso en la dirección inclusiva que requiere el proceso migratorio, para superar la crisis, es acortar el extraordinario retraso en resolver las solicitudes de asilo o estatus de refugiado, que daña la imagen internacional de nuestro país. No es explicable que de las 26.475 solicitudes interpuestas entre 2017 y 2023 solo hayan sido resueltas 8.272 (7.623 denegatoriamente)[17], manteniendo a casi veinte mil personas en una situación de incertidumbre que no satisface las exigencias del Derecho Internacional de los Refugiados.
No cabe duda de que, remedando el relato Trump, simplón, aunque electoralmente exitoso, la oposición reaccionará contra un programa de regularización, amplificando su discurso expulsor y olvidando lo realizado dos veces por su anterior Gobierno. Hasta el momento, la derecha ha sido exitosa en esa campaña anti migratoria[18] y logra que la discusión sobre la materia gire en torno a las expulsiones, sentando periódicamente en el banquillo a las autoridades administrativas, que se defienden explicando cuántas órdenes de expulsión han dictado y las dificultades que encuentran para su concreción.
A la oposición no le basta con la nueva legislación que modificó el sistema de notificación de las expulsiones, haciéndolo más expedito; ni la que amplió el plazo de arresto de las personas notificadas de una resolución de expulsión; ni la que introdujo mayor estrictez al examen de admisibilidad de solicitantes de asilo o refugio. Tampoco le satisfará la promulgación de la ley, aún pendiente de aprobación, destinada a aumentar el control sobre los extranjeros. Con seguridad, continuará acusando al Gobierno de debilidad contralora e impulsando el proyecto de ley que penaliza el ingreso ilegal al territorio nacional, con cuya aprobación Chile pasaría a ser el único país del Continente en criminalizar la inmigración irregular, atentando contra el principio general del Derecho que prohibe tal tipificación[19] y abandonando todos los compromisos asumidos en las Conferencias Sudamericanas de Migraciones y demás foros latinoamericanos.
A nuestro juicio, no es comprensible que el Gobierno ceda ante el populismo y continúe postergando la única solución posible a la crisis migratoria, esto es, un proceso con estricto apego a la legalidad vigente, que regularice la residencia de todas las personas que, sin antecedentes penales, cuenten con vínculos familiares en el país o presenten opciones de inserción laboral regular, mediante contrato o trabajo por cuenta propia, criterios que, por lo demás, han sido consagrados por la jurisprudencia de los tribunales superiores.
Si para hacerlo se espera que pasen las elecciones municipales, por temor a la reacción de la derecha, mayor temor habrá cuando se acerquen las elecciones presidenciales y el tema migratorio recobre controversia, postergando más la solución y favoreciendo con ello el tráfico de contratos simulados de trabajo y el reclutamiento de personas vulnerables por el crimen organizado.
Por cierto, aunque se opte por un anuncio de bajo perfil, el proceso de regularización debiese contemplar, en caso necesario, una convincente explicación a la ciudadanía. Creemos que el gobierno es plenamente capaz de explicar las ventajas que conlleva regularizar a esa inmensa mayoría de migrantes honestos: lograr su inclusión en lo tributario, lo laboral y comercial, lo previsional, lo habitacional, lo educacional, etc., con los beneficios que ello significará para la población nacional, la economía del país y la seguridad ciudadana.
Por supuesto, el Ejecutivo también debiese reiterar que continuará persiguiendo la expulsión del territorio nacional de aquellas personas en situación irregular que no acudieron al proceso de empadronamiento o cuenten con antecedentes penales, que persistirá en la mantención y mejoramiento del control policial o militar de frontera, y ejecutará una gestión circunscrita de los nuevos flujos migratorios, tal como se ha definido en la Política Nacional Migratoria. Además, deberá impulsar la cogestión regional de las migraciones, compartiendo responsabilidad con los demás gobiernos de América del Sur, especialmente en cuanto se refiere al éxodo masivo desde Venezuela.
Realismo, coraje, confianza en sí mismo y en la gente. Esto es lo que se espera del Gobierno, para esta tarea impostergable.
[1] Director del SERMIG, en sesión de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, 04.06.2024.
[2] https://www.acnur.org/datos-basico. Visto el 07.07.2024
[3] https://www.unhcr.org/sites/default/files/2024-07/PUB2023-093
[4] Banco Mundial. Informe sobre el desarrollo mundial. 2023.
[5] Encuesta Casen 2022.
[6] Servicio Jesuita a Migrantes, SJM (2024). Anuario Estadístico de Movilidad Humana en Chile 2023. Santiago, Chile.
[7] Según información del Director del SERMIG, en 2023 dichos ingresos descendieron en un 20% respecto a 2022, y en los primeros cinco meses de 2024 el descenso ha sido de 26%, en relación con igual periodo del año anterior. Emol 02.06.2024
[8] Esta es la cantidad aproximada que resultó de un estudio realizado por el INE y el SERMIG, en 2023. https://www.ine.gob.cl/sala-de-prensa/prensa/general/noticia/2023/12/29
[9] En 2023, el SERMIG avanzó en la resolución del 61% de las solicitudes pendiente, pero restaban aún más de doscientas mil solicitudes por resolver-
[10]La tasa de ocupación informal de la población migrante alcanzaba, en 2022 un 34,1%. Servicio Jesuita a Migrantes, SJM (2024). Anuario Estadístico de Movilidad Humana en Chile 2023. Santiago, Chile. Elaboración a partir de resultados de Encuesta Nacional de Empleo (ENE) Anualizada (2023).
[11] Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Catastro de Campamentos 2024
[12] Apreciación propia, a partir de datos de la PDI y del SERMIG.
[13] @PDI_CHILE05.07.2024.
[14] Director del SERMIG, en sesión de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados, 04.06.2024).
[15] Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, artículo 69.
[16] Centro de Política Migratoria, Política Nacional de Migración y Extranjería: Estado de Avance abril/2024.
[17] Servicio Jesuita a Migrantes, SJM (2024). Anuario Estadístico de Movilidad Humana en Chile 2023. Santiago, Chile.
[18] En la Encuesta Percepciones sobre la Seguridad Ciudadana, UDP, abril 2023, un 88% de los encuestados estima que “la migración aumenta la delincuencia”.
[19] Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos y Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia Ref.: OL CHL 1/2023.
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