Corte Penal Internacional pide arrestar a criminales de guerra
Opinión y Comentarios 30 mayo, 2024 Edición Cero
Carlos Graña Sarmiento, periodista.-
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó, el 20 de mayo del 2024, a los jueces de este tribunal emitir órdenes de detención contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, primer ministro y ministro de Defensa israelíes, principales responsables del genocidio, que se comete contra el pueblo palestino. También contra Yahya Sinwar, líder de Hamás en Gaza; Mohammed Deif, jefe de la rama militar; e Ismail Haniyeh, líder de la rama política de esta organización. Todos son acusados de “crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”, que no pueden quedar en la impunidad.
El fiscal acusa a Hamás de haber planificado el ataque del 7 de octubre del 2023, con el fin de “asesinar, exterminar, tomar rehenes, y realizar actos de violencia sexual”, y ser culpables de “torturas y tratamientos crueles”. Considera, por otro lado, que Israel tiene derecho a defenderse, pero eso “no le exime de sus responsabilidades de cumplir con el Derecho Internacional Humanitario”.
Hay “pruebas razonables”, indica, “para creer que funcionarios” del gobierno israelí “fueron responsables de actos de tortura, tratamientos crueles”, “someter a civiles a hambrunas como arma de guerra” e “intencionadamente dirigir ataques contra la población civil”.Estos crímenes serían “parte de un extendido y sistemático ataque contra la población civil palestina”. La solicitud del fiscal y las acusaciones de responsabilidades criminales están argumentadas basándose en investigaciones, un informe de expertos en Derecho Internacional, testimonios, y análisis.
La solicitud de arresto contra los líderes de Israel y Hamás recibió el respaldo de Francia , país que manifestó que respetan la independencia del Tribunal.
Como se recordara, el Derecho Internacional Humanitario fue establecido en cuatro tratados de la Convención de Ginebra (1949) y subsiguientes protocolos sobre la protección legal y acceso a ayuda humanitaria para civiles y prisioneros en situaciones de guerra. Se trata de un derecho con muchas excepciones, pero es el marco de referencia al que los Estados, y grupos armados no estatales, deben remitirse para tener legitimidad.
Los 124 estados que han firmado el Tratado de Roma que dio lugar en 1998 a la CPI están obligados a detener a los acusados si entraran en su territorio, a menos que tengan inmunidad diplomática.
El fiscal indica en su solicitud que los crímenes se han cometido en el marco de «un conflicto armado internacional entre Israel y Palestina, y un conflicto armado no internacional entre Israel y Hamás». Israel no ha firmado el Tratado de Roma. Pero, debido a que Palestina (que tiene condición de estado observador no miembro en la ONU) si es parte de la CPI desde 2015, el fiscal considera que tiene jurisdicción para que las acciones de Hamás en Israel y de Israel en el Estado de Palestina puedan ser juzgadas.
El gobierno israelí sufre un creciente desprestigio internacional y nacional. El derecho a defenderse, argumento clave en las primeras semanas después del ataque, ha perdido peso.
A la demanda que interpuso Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el supuesto delito de genocidio en Gaza se suma ahora la acusación en la CPI. Así mismo, familiares y ciudadanos israelíes acusan a Netanyahu y a su gobierno de colonos extremistas de boicotear las negociaciones con Hamás en Doha. Estas buscan obtener la liberación de los aproximadamente 120 rehenes a cambio de un cese el fuego permanente.
La acusación del fiscal de la CPI, así mismo, pone a Hamás en un serio aprieto. La resistencia violenta a la ocupación israelí es para este grupo un derecho. Sin embargo, la polémica sobre la diferencia entre derecho a la resistencia, autodeterminación y terrorismo ha sido constante desde la era la descolonización, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial.
El ataque del 7 de octubre de 2023, y asesinato de 1200 ciudadanos israelíes ha generado un grave desprestigio a Hamás. Esto se une a criticas crecientes en la población de Gaza contra sus líderes por no haber tenido en cuenta el coste humano y en infraestructuras que tendría la respuesta israelí.
«El derecho internacional y las leyes de los conflictos armados se aplican a todos», afirmó el fiscal Khan al presentar su solicitud. “Ningún soldado de infantería, ningún comandante, ningún líder civil –nadie– puede actuar con impunidad. Nada puede justificar privar intencionadamente a seres humanos, incluidos tantas mujeres y niños, de las necesidades básicas necesarias para la vida. Nada puede justificar la toma de rehenes o los ataques contra civiles”.