Caso cajas de alimentos: Formalizarán por fraude al fisco a exintendente Quezada, su equipo de confianza y a 6 empresarios

Justo el día en que el abogado particular y exdiputado Hugo Gutiérrez Gálvez, ingresó una ampliación de la querella en el caso Cajas de Alimentos, involucrando en los hechos también a la actual senadora Luz Ebensperger y otros altos funcionarios; el juez de Garantía Ricardo Leyton, fijo la audiencia de formalización, para el 13 de diciembre, a las 08.30 horas, en el Juzgado de Garantía de Iquique, correspondiente a la querella inicial.

Son nueve los imputados quienes deberán concurrir a esa audiencia de formalización, listado que encabezad el ex intendente Miguel Ángel Quezada, quien, durante la pandemia, fue el responsable de implementar   el  programa “Alimentos para Chile” ejecutado por la Intendencia Regional de Tarapacá. Los otros imputados son Lilian Plaza Bravo, Jhonny Muñoz Cancino, Lorena Barrientos Ramírez, Juan Carlos Ayala, Ximena Ciudad Varela, Jorge Venegas López, Dimitri Díaz Neira y  Ricardo Peric Becerra

Esta querella inicial fue presentada en abril de 2021 por Matías Ramírez, actual Diputado; el abogado Enzo Morales; Hugo Gutiérrez, exdiputado, y Pedro Cisternas. Indicando que “se han separado los hechos en relación con los procesos de adquisición de las cajas de alimentos, esto es, trato directo y transferencias a terceros”, y luego detallan con documentación pertinente, que los hechos son constitutivos de delito.

 AMPLIACIÓN DE QUERELLA

Hugo Gutiérrez confirmó que este jueves 28, ingresó la ampliación y complementación de la querella por fraude al fisco y otros delitos,  en contra contra de la senadora Luz Ebesnperger Orrego, del exintendente Miguel Ángel Quezada; además, Daniela Solari,  consejera regional de Tarapacá; Lilian Plaza, María Luisa Lemus Jhonny Muñoz, abogado Alberto Tunesi, Ximena Ciudad,  Juan Carlos Ayala, Lorena Barrientos, Rodrigo Vega y Gabriel Díaz y todos quienes resulten responsables de los delitos de Negociación Incompatible Soborno Entre Particulares, Fraude a Organismos del Estado, Lavado de Activos, y del delito de Omisión de Denuncias. Además, por  Asociación ilícita.

LOS HECHOS

Dice la ampliación de la querella que:

En el contexto de Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto N°4, de 2.020, del Ministerio de Salud, por la amenaza a la salud pública producida por la propagación a nivel mundial del Covid-19, sumado al Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, ordenado  a través del Decreto Supremo N°104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por 90 días, en conjunto con el decreto N°107, de 2020, del mismo Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se declararon como zonas afectadas por catástrofe todas las regiones del país, incluida la región de Tarapacá.

El lunes 20 de abril de 2.020, mediante resolución N°122, el subsecretario del interior autorizó a la Intendencia de Tarapacá a utilizar $1.190.887.000 de pesos del Fondo Regional de Emergencia –aprobado el 31 de marzo del mismo año por parte del Consejo Regional de Tarapacá- con la finalidad de pagar gastos de emergencia correspondientes a ayuda social consistente en la adquisición de canastas de alimentos y elemento de aseo, enmarcados en la emergencia sanitaria a causa del “Nuevo Coronavirus 2019 (2019-nCoV)”.

Al menos desde el 12 de mayo de 2020, se iniciaron gestiones por parte de JHONNY MUÑOZ CANCINO, Jefe Departamento de Administración y Finanzas, para lograr adquirir las referidas canastas de alimentos. Entre las primeras empresas regionales con las que toma contacto es la Distribuidora Cáceres, quien envía su cotización. Jhonny Muñoz luego diría: “La distribuidora Cáceres recuerdo que alcanzaba a $47.000 por 3.000 cajas”.

Otras empresas regionales, entre ellas ADELCO, también presentaron sus presupuestos. Todas ellas fueron ignoradas.

El imputado MIGUEL ÁNGEL QUEZADA TORRES, a la sazón Intendente de la región de Tarapacá, sin realizar ningún estudio de mercado sobre los precios de las mercaderías que comprendían las cajas, impuso a sus tres proveedores: DID Sonido y Compañía SpA, Sociedad V y L Deportes Limitada y Lorena Barrientos Ramírez.  Es así como al imputado JHONNY MUÑOZ se le insta a requerirles cotizaciones. El primer correo electrónico es enviado a la empresa DID Sonido para cotizar la adquisición de 11.675 cajas de alimentos. El segundo correo fue dirigido a la empresa Sociedad V y L Deportes Limitada, remitiendo idéntico requerimiento que a la empresa anterior.

Posteriormente, con fecha 19 de mayo de 2020, es enviado un correo electrónico para participar en el Trato Directo para la adquisición de las cajas a la señora Lorena Barrientos Ramírez, como personal natural.

Para el efecto, no se cumplió con el requisito previo de una resolución fundada, exigido por el Nº 3 del artículo 8ª de la Ley Nº 19.886.

En la apariencia el trato directo es pactado con Lorena Barrientos Ramírez E. I. R. L.

Decimos en la apariencia, porque en la verdad de los hechos, dicha empresaria Barrientos sirve como persona interpuesta para que el contrato sea adjudicado y ejecutado por Ciudad Eventos SpA, empresa que es conformada por XIMENA CIUDAD VARELA y su cónyuge, JUAN CARLOS AYALA BRITO.

Tan es así que, para los efectos de notificaciones y comunicaciones con el Gobierno Regional, Lorena Barrientos Ramírez EIRL señala el correo electrónico «gerencia@ciudadeventos.cl«

La señora Lorena Barrientos Ramírez y su pareja, LUIS CEPEDA CEPEDA, reciben una suma de dinero por parte de Ciudad Eventos SpA, como una retribución por un insólito servicio de “prestar el nombre” para cumplir con los trámites del trato directo y la percepción del precio del contrato. La razón de la compra de una posición contractual es porque la empresa Ciudad Eventos SpA estaba inhabilitada de participar en una oferta pública. Esta situación, de hecho, era conocida por el imputado Quezada, sabía que proponer un tratado directo a Lorena Barrientos, era para beneficiar al matrimonio Ciudad&Ayala.  Toda la construcción delictiva tiene su autoría en el imputado Quezada, que se ha negado reiteradamente a cooperar con la investigación, asilándose en el derecho a guardar silencio.

Existen ya antecedentes que indican que Lorena Barrientos Ramírez reconoce públicamente este hecho a través de redes sociales, indicando que su empresa interviene “de nombre”.

Finalmente, mediante resolución N°1/20, de fecha 19 de mayo de 2020, se autorizó la modalidad de trato directo bajo la causal de emergencia, urgencia o imprevisto, para la adquisición de 23.113 canastas familiares para emergencia Covid-19, en la región de Tarapacá. De acuerdo con el tenor de la citada resolución, se autorizó la adquisición a los siguientes proveedores:

1. 1. 1. DID Sonido y Compañía SPA: 8006 cajas, valor unitario $50.944, por un valor total de $407.857.664.
      2. Sociedad V Y L Deportes Limitada: 7650 cajas, valor unitario $51.180, por un valor total de $391.527.000.
      3. Lorena Barrientos Ramírez: 7457 cajas, valor unitario $52.500, por un valor total de $391.492.500.

          Cada uno de los proveedores le puso el precio que estimó conveniente a los productos que contendrían las cajas, sin verificarse por la Intendencia Regional de Tarapacá si dichos valores tenían alguna correspondencia con los costos del mercado. Es decir, se adjudicaron la confección de las cajas de alimentos y elementos de aseo a esos tres proveedores sin encargar ni hacer ningún estudio de mercado. La orden del imputado Quezada era realizar los contratos de Trato Directo que esos tres proveedores, DID Sonido, V y L Deportes y Ciudad Eventos, alias Lorena Barrientos, sin importar, aparentemente, lo que cada uno de ellos cobrara por las mercaderías que integraban las cajas de alimentos.

          Más aún, el imputado Quezada no podía menos que saber que debía operar el convenio marco, que en la dirección de Compras y Contrataciones Públicas existían 26 proveedores en el portal de mercado público; no consideró incluso las averiguaciones que se estaban realizando con proveedores a nivel central, tal es el caso de la empresa SURTIVENTAS; y mucho menos se le ocurrió designar una Comisión Evaluadora para realizar el llamado a proveedores del mercado local, existiendo oferentes.  Se saltó todos los procedimientos administrativos para favorecer con contratos de trato directo a tres proveedores “amigos”.

Además, en el marco de la misma emergencia sanitaria surgen los Convenios de Transferencia de Recurso Públicos de Asignación Directa, mediante los cuales el Gobierno Regional de Tarapacá, en concreto el imputado Quezada, decide transferir recursos a dos entidades sin fines de lucro por un monto de 1.192.344.000, con la finalidad de canalizar ayuda traducida en cajas de alimentos: la Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique, por un monto de 946.200.000 y la Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá y Arica-Parinacota, por un monto de 246.144.000.

El Gerente General de la Asociación Cristiana de Jóvenes Iquique, es Juan Carlos Salgado Magna, quien también es socio del imputado Miguel Ángel Quezada Torres en la sociedad que se indicará. Curiosamente ninguno de los imputados vinculados a la YMCA han cooperado con la investigación, todos se han resguardado en el derecho a guardar silencio, actuando como una verdadera cofradía, como que supieran que se puede develar su gran secreto: millonarios contratos de trato directo que suscribieron durante los gobiernos de Piñera, todos eran, en realidad, donaciones encubiertas.

¿Quiénes se ampararon en el derecho a guardar silencio y que están vinculados a la Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique?

-Miguel Angel QUEZADA TORRES, ex presidente

-Juan Carlos SALGADO MAGNA, gerente general

-Juan Manuel TORRES SANTIBAÑEZ, presidente del directorio YMCA

-Paula ROJAS ESTAY, secretaria ejecutiva de la YMCA

Es del caso, que, a su vez, la Asociación Cristiana de Jóvenes gestiona con la firma LD SPA, cuyo titular es Gabriel Díaz Durán, la distribución de 6000 cajas de alimentos.

Al efecto, el imputado Gabriel Díaz Durán ejecuta los servicios junto al imputado Rodrigo Vega Lafertte, quien se presenta como trabajador de la firma y quien se encuentra ligado por parentesco en cuarto grado de consanguinidad lateral con la imputada Daniela Solari Vega, Jefa de División y Planificación de Desarrollo Regional.

Merece ser dicho que Rodrigo Vega Lafertte ha sostenido ser trabajador de la firma referida -LD SpA-, mas al mismo tiempo afirma haber realizado un préstamo por la suma de $ 60.000.000 a Gabriel Díaz Durán con la finalidad de brindarle solvencia para ejecutar los servicios. En sus palabras, dicha suma habría sido devuelta por Gabriel Díaz Durán una vez que se le pagó la primera parte del precio convenido.

Esta versión de la realidad no es creíble y permite concluir que:

1.- Gabriel Díaz Durán o Studio LD SpA efectivamente transfiere o hace llegar a Rodrigo Vega Lafertte la suma de $ 60.000.000 una vez que percibe el pago de la primera parte del precio acordado.

2.- Rodrigo Vega Lafertte, lógicamente, no es trabajador de dicha firma ni de Gabriel Díaz Durán, pues un dependiente ni presta ni recibe una suma tan alta de su empleador, en medio de una de sus operaciones o negocios.

3.- Rodrigo Vega Lafertte percibe una suma de $ 60.000.000, más bien, como resultado de las operaciones y actuaciones relacionadas con la campaña Alimentos para Chile en los que participa su familiar, Daniela Vega Solari.

4.- En este sentido, existen ya numerosas piezas probatorias que acreditan que Rodrigo Vega Lafertte, aún antes de que se afinara la contratación de Studio LD SpA, publicó avisos en redes sociales para averiguar sobre arrendamiento de galpones y otros recintos necesarios para almacenar comestibles y posteriormente distribuirlos. ¡Ya estaba dateado por su prima!

En cuanto a la Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá y Arica-Parinacota, los sobreprecios aparecen evidenciados en diversas declaraciones, entre las más relevantes la de la señora Grace Greeven Frank, quien señala:

“Conforme a lo mismo, debo señalar que, a partir de un llamado que recibí de un señor de nombre César CACERES SERNA, quien me dio a conocer que sabía la necesidad del tema de las cajas, dándome a conocer que su empresa podía prestar el servicio, que finalmente generó la derivación de un correo donde adjuntaba una cotización que al recibirla, me pude percatar que, existía en ella una diferencia con las cotizaciones que previamente me habían sido derivadas por Pamela ORELLANA, ya que tenía una evidente diferencia en el precio de las cajas de alimento, puesto que, al tener la cotización a la vista, el valor bruto de este proveedor alcanzó la suma de $43.880, percatándome de un diferencial de unos 10 mil pesos con los otros proveedores que superaban los 52 mil pesos, lo que originó que el día 27 de mayo del año 2020, a eso de las 15:20 horas y fracción, enviara un correo, que tengo a la vista al momento de mi declaración, a Pamela ORELLANA y a la casilla de Daniela SOLARI, ya que habían sido las funcionarias con quienes tuve contactos respecto a este proyecto, no obstante, no recibí respuesta a dicho correo, pero sí sostuve conversación con una de las dos, no recordando en este momento con quien fue, pero sólo recibí la respuesta que el proveedor estaba listo. Lo que, en mi caso, no depuse mayor problemática ya que no es mi función supervisar al propio Gobierno Regional ya que desde mi cargo no tengo esa facultad.”

Era obvio, los imputados Quezada, Plaza y Solari nuevamente habían elegido al proveedor más caro, perjudicando el patrimonio fiscal.

El nombre del proveedor de las cajas de alimentos para la Asociación de Municipios Rurales fue entregado personalmente por Lilian Plaza Bravo en el gobierno regional. Y el de los proveedores de la YMCA, por Daniela Solari Vega.

En resumen: en toda esta larga cadena de adjudicaciones por contratos de trato directo a DID Sonido, V y L Deportes y Ciudad Eventos, alias Lorena Barrientos y convenios de transferencia de recursos públicos a la Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique y a la Asociación de Municipio Rurales, se advierte el uso de herramientas o soluciones en contra de su sentido original, omitiendo sus requisitos, para lograr el resultado de garantizar que una empresa inhabilitada para contratar con el Estado, finalmente logre hacerlo interpósita persona y que, además, terminen ejecutando similares actividades, otras personas o empresas como DID Sonido, que no exhiben una trayectoria en el giro de la campaña Alimentos Para Chile, empresas sin capacidad financiera. Toda la legalidad administrativa fue derechamente echada al tacho de la basura. Todos los procedimientos de compra fueron burlados.  Lo único que importaba era aprovechar una gran oportunidad que ofrecía la calamidad que estaba sufriendo la región para hacer un buen negocio y lucrar.

Como excusa, según consta de la investigación, los funcionarios querellados explican que debía favorecerse la “Economía Local” con estas contrataciones.

Es del caso, SS., que sólo en la ciudad de Iquique, lucen domicilio y actividades, empresas que sí exhiben una dilatada trayectoria en el giro de la adquisición y distribución de alimentos, como Comercial Cáceres, El Chiguanko y Distribuidora  Adelco que, como se señaló anteriormente, hicieron llegar sus cotizaciones, pero ninguna de sus ofertas estaban destinadas a ser consideradas en una licitación privada ni se utilizó ningún mecanismo que permitiera saber de sus ofertas técnicas o administrativas, pues el imputado Quezada ya tenia todo decidido junto a su gabinete.

Por eso, el argumento de favorecer la “Economía Local”, carece de seriedad y busca encubrir el propósito de favorecer desde el inicio a determinadas personas, incluso una empresa inhabilitada para contratar con el Estado, como fue Ciudad Eventos SpA o a una empresa como DID Sonido, que carece de toda experiencia en el rubro y que amplió su giro el mismo día en que se adjudica el trato, para abarcar también la distribución de alimentos.

DID Sonido es conocida en la Región de Tarapacá, en especial en la ciudad de Iquique por dedicarse a un giro completamente distinto: el de amplificación de sonido y de montaje de escenarios para eventos.

Mas, sería de interés para la investigación determinar qué precio y condiciones pudieron ofrecer empresas como Comercial Cáceres, El Chiguanko y Distribuidora Adelco, para participar de una contratación pública como la referida.

          Todas estas circunstancias, son del conocimiento de la actual senadora por la Región de Tarapacá, Luz Ebensperger Orrego, por dichos de Johnny Muñoz Cancino.

          En efecto, en los antecedentes de la investigación, en especial Informe de Policía de Investigaciones, ya consta una conversación de Chat Whatsapp en que los imputados Jhonny Muñoz Cancino y Lilian Plaza Bravo, Jefe de Gabinete del Gobierno Regional….