Una Mesa Laboral e implementar una cuarentena con protección social, exije la CUT Tarapacá al Intendente Quezada.

Hasta el frontis de la Intendencia de Tarapacá, llegaron los dirigentes del la CUT Tarapacá, que preside Esmeralda Contreras, para exigir al Intendente Miguel Ángel Quezada, la constitución de de un Mesa Laboral, para enfrentar la situación que afecta a los trabajadores. Además, proponen que se implemente una Cuarentena con Protección Social, para apoyar a las personas más vulnerables.

«La emergencia sanitaria del Covid-19, es una tarea donde todos los actores sociales deben participar, involucrarse y comprometerse en la búsqueda de los mejores mecanismos para enfrentarla, entendiendo que esta emergencia sanitaria derivará en una crisis económica  y podría generar un estallido social, ya que los costos de esta no pueden ser asumidos por los trabajadores y las trabajadoras», señala la misiva.

También se refiere a que el Gobierno desde el ministerio del Trabajo y Previsión  Social, «ha promulgado leyes y Dictamines que no han sido de  real resguardo del trabajador ni en el sector público ni privado,  distorsionando todo espíritu de protección como ha sucedido con la ley de protección al empleo y con el Dictamen N° 1283 / 006 que ha abierto una puerta a la incertidumbre y el abuso por parte del empleador».

Además da cuenta que como CUT han solicitado a la Dirección del Trabajo en Tarapacá «información sobre detalle de empresas acogidas a la ley de protección de empleos en la región, así como información en relación a la cantidad de despidos por la causa de fuerza mayor o caso fortuito, y también por otras causales, recibiendo como respuesta que esa información se concentra en la capital, sin dar una opción del director regional solicitarla, dejando al desnudo el burocrático centralismo que impera en este servicio».

Y señalan que detectan un aumento considerable de despidos, «muchos de ellos firmados en notarías, además de abusos en la presión para que muchos firmen la suspensión laboral o adelantamiento de vacaciones; que observamos la nula capacidad de fiscalización ante las denuncias por parte de la Inspección del Trabajo de la región.

LO QUE SOLICITAN

1. La creación de una mesa laboral para enfrentar situaciones que afecten a los trabajadores, en la cual se podrán ir invitando distintas organizaciones por sectores económicos  a participar para ver sus situaciones con mayor detalle y optimizar la búsqueda de soluciones, apoyando fuertemente a pequeñas y medianas empresas de la región y trabajadores independientes.
2.  La búsqueda de implementar en la región una cuarentena con protección social, ello implicará revisar apoyo económicos a los sectores más vulnerables, y no sólo hablamos de los más pobres, muchas familias de clase media también se verán afectadas ya que de quedar sin trabajo hoy no cuentan con subsidios algunos salvo los que puedan aparecer productos de la emergencia sanitaria. Además de fiscalizar en forma efectiva las empresas que estén abusando de leyes en perjuicio de los trabajadores, de empresas de la cadena de abastecimiento cumplan con las normas sanitarias y de seguridad en resguardo del personal que labora. Seguimiento a los pagos de licencias médicas por parte de las isapres y Fonasa.
3. Solicitar a Santiago información con detalle regional de finiquitos, causales, empresas que se han acogido a la suspensión de vínculo laboral, ya que el director regional no tuvo la voluntad de hacerlo, desde el 1 de marzo del año en curso, cuando esta crisis comenzó a asomarse en nuestra geografía social.
4. Gestionar un proceso efectivo de fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo que impida los abusos que hemos visto en empresas como KFC, buses San Luis, Transportes Hualpen, Comercial importal JPT.
5. Además solicitamos aclarar uso de finiquito electrónico entendiendo que es una materia que aún se tramita en el parlamento por lo tanto carece de toda legalidad.

Finalmente señala la misiva que «rechazamos la idea del gobierno central que pretende exponer innecesariamente a los trabajadores del sector público haciéndolos concurrir  a sus puestos de trabajo en una etapa en el que aún no hemos alcanzado el peak de contagiados, como así también rechazamos la idea de abrir el comercio en centro comerciales, toda vez que en el consumidor no existe una cultura de auto cuidado y en los empresarios aun no se asume del todo que la seguridad del trabajadores no es un gasto sino una inversión vital».

CARTA A INTENDENTE