El pueblo chileno se ha puesto de pie

Profesor Haroldo Quinteros Bugueño.- Por cierto, con respecto al pasado plebiscito municipal nacional, la derecha no esperaba dos cosas: primero, que hubieran ido a votar tantos chilenos (casi dos millones y medio de ciudadanos, más que en todos los comicios electorales desde el fin de la dictadura, con muchos partidos políticos y sus cientos de candidatos); y, segundo, que el resultado fuera por una mayoría tan abrumadora (casi el 80% de los votantes está por una nueva Constitución y, como si eso fuera poco, por la vía de la Asamblea Constituyente. El pueblo, entonces, ya dio su veredicto. El plebiscito municipal, si bien no fue vinculante, es, de partida, una severa advertencia a la derecha –sobre todo a la UDI, pinochetista aún, violenta e irreductible en lo ideológico- que la opción ganadora fue la de echar al tacho de la basura, y para siempre, la constitución espuria y fraudulenta de la dictadura.

Más que llamar a todo el fenómeno iniciado el 18 de noviembre “Chile despertó,” lo más correcto es decir: “Chile se ha puesto de pie.” Es así, porque ahora el país vive un nuevo escenario político: el pueblo chileno, desafiante y en franca insurrección – civil y pacífica, pero insurrección al fin- ha cambiado la política nacional de una semana a otra. La derecha ha retrocedido y a la social- democracia que ha co-gobernado con ella en la administración del sistema impuesto al país por la dictadura, sólo le alcanza vigor para pretender adjudicarse parte del mérito de un dramático cambio en el país, en el que no tuvo ninguna  participación.

La división en la derecha no puede ser más evidente. Para empezar, Renovación Nacional y otros grupos de tradición – teóricamente por lo menos no fascista, aunque hayan gobernado en un gobierno fascista- han revisado sus primeras posturas frente al pacto transversal parlamentario llamado “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” en materia de paridad de género, pueblos originarios y participación política parlamentaria de independientes: En este último caso, lo que hay ahora es que sólo puede ser candidato al Parlamento quien sea militante de un partido político, o ser presentado como tal por uno de ellos; en otras palabras, partidocracia pura, una de las peores antítesis de la democracia verdadera. La UDI, en cambio, sigue empecinada en que nada cambie en Chile.

Concretamente, hasta hace dos semanas, la derecha entera se había cuadrado contra esas tres materias, sobre todo en cuanto escaños permanentes en el Parlamento para representantes de los pueblos originarios, pero hoy, Renovación Nacional se ha abierto a que estas opciones se incorporen en la consulta constitucional que se avecina. También tendrá que discutirse el derecho a voto de los chilenos en el exterior, para los casos de los poderes Ejecutivo y Legislativo, como ocurre en todo país que se precie de democrático. En fin, como la UDI no transige, el quiebre de la derecha tenía que producirse. La división es tan seria que la UDI ha congelado su participación en Chile Vamos, a tal punto que ha resuelto no asistir a las reuniones semanales de los lunes con el Presidente de la República, aunque es parte del gobierno.

Conviene detenerse en este “Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución” fraguado en el Parlamento. A ver, lo primero: es obvio que un “acuerdo por la paz,” sólo corresponde a dos partes que están en conflicto, en este caso el Estado y el pueblo de Chile movilizado. Sin embargo, este “acuerdo” se suscribió por parlamentarios que fueron elegidos antes del conflicto social que vivimos y, por lo tanto, no para ocuparse de redactar una constitución política. Se suma a ello el hecho que ante la ciudadanía, el desprestigio de la clase política es literalmente absoluto, más aun ahora, cuando con este acuerdo nuestros políticos profesionales han ratificado su decisión de prescindir completamente del pueblo en el tema constitucional, como si los sindicatos, federaciones estudiantiles y juntas vecinales no existieran. Cualquier chileno digno, que crea en la libertad, que sea honestamente democrático y obedezca sólo a su conciencia, no puede aceptar este acuerdo. Veamos:

Se elaboró y firmó bajo la amenaza del uso de la fuerza. El acuerdo se realizó luego que se reuniera el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), conformado por un 60% de militares. El Presidente de la República Sebastián Piñera lo convocó muy poco después del estallido social, para preparar a tiempo la represión que vino después. Además, las partes no se entendieron en aspectos fundamentales del trato, lo que lo invalida porque  presenta lo que se denomina jurídicamente “error esencial,” cuestión que grafica bien el ya aceptado  quórum de 2/3 para los temas más importantes, además de la “hoja en blanco”, si en caso de desacuerdo se mantendrán los artículos de la constitución de la dictadura. Está también el término “Convención Constituyente”, presentada como sinónimo de Asamblea Constituyente, cuando en realidad no es lo mismo.

Una Asamblea Constituyente contempla todos los procesos y acuerdos emanados de la base social, y “convención” implica más bien la sola elección de los delegados. Finalmente, el “acuerdo” se celebró desconociendo que el poder constituyente, que es el pueblo, ya está deliberando y derechamente marchando hacia la Asamblea Constituyente; por lo tanto, este acuerdo de la clase política  deliberadamente niega que el poder constituyente originario  reside exclusivamente en la ciudadanía, que, por lo demás, se encuentra activa en un proceso constituyente propio, sin importarle un bledo lo que acuerde u opine la clase política.

En el acuerdo de marras tampoco se ofrecen soluciones a las demandas que la movilización popular clama en las calles; de hecho, no las considera en lo más mínimo. Por cierto, nada raro hay en esto, porque el Parlamento siempre pudo legislar sobre los acuciantes problemas que afectan tan gravemente a la ciudadanía, por sólo mencionar algunos, tales como eliminar las AFP; un nuevo estatuto para las ISAPRE, FONASA, medicamentos y servicios sanitarios; el problema del transporte urbano; los delitos de colusión, soborno y cohecho; una nueva Ley de Educación en todos sus niveles, que la consagre como atención preferente del Estado, es decir, no más financiar con fondos públicos la educación empresarial privada y con fines de lucro, de modo que esos recursos estatales se destinen a la Educación del Estado, tal como ocurre en todos los países del mundo.

En fin, el problema mayor que tenemos hoy es que la clase política profesional entera, en su conjunto, no ha resuelto los problemas del pueblo de Chile, y, sin embargo, tiene ahora el desparpajo de arrogarse un poder que no sólo no le corresponde, sino que no merece:  el poder constituyente. Los chilenos no podemos dejar pasar esto así no más. Es cierto que los “honorables” acaban de acordar que el tema constitucional será votado el próximo 26 de abril, pero esta iniciativa no es suya; sólo se vieron forzados a tomarla, y por las malas, sin siquiera haber querido tramitarla en hace 3 décadas.

Se ha conseguido el plebiscito constitucional, pero ¡cuidado, chilenos! Desde el mismo 18 de noviembre, salvo contadas excepciones, personajes de la clase política, a todas luces, tratan de distorsionar lo que ya es el proceso constituyente que ya se inició en Chile, de modo que el contundente y categórico resultado del plebiscito municipal del 15 de diciembre pasado no refleje la decisión popular nacional de cambiar de raíz el orden político, social y administrativo vigente; es decir, poner fin al neoliberalismo, impuesto en Chile desde el extranjero, usando a nuestra patria como un vulgar conejillo de Indias de la muy yanqui Escuela de Chicago.

Al igual que el domingo pasado, nuestra primera exigencia ciudadana será que las  opciones básicas que se votarán el 26 de abril tendrán que ser dos: una nueva constitución o reformar la de Pinochet. Como es indudable que ganará la primera –como ya ocurrió el 15 de diciembre- no podemos aceptar que la nueva constitución, democrática y limpia, sea redactada por la clase política profesional que gobierna hoy, sino exclusivamente por delegados a una Asamblea o Convención Constituyente, elegidos sólo para ese propósito y sobre la base de igualdad de género y la participación de los pueblos originarios e, incluso, con el voto de los chilenos en el exterior. Esto debe ser ineluctablemente así, porque el pueblo de Chile ha dejado muy en claro que no ha entregado directa ni indirectamente a nadie su representación para la redacción de la nueva constitución, ni tampoco sobre los términos y temas menores que se incluirán en el voto o los votos que contemplará el plebiscito. Otra trampa que se ha inventado, en la que no podemos caer, es que según el acuerdo mencionado, los delegados a lo que será la Asamblea o Convención Constituyente serán elegidos por los mismos sistemas electorales vigentes. Veamos:

Según el “Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución” la elección de los delegados constituyentes se realizaría con el mismo sistema electoral que se ha usado siempre, hasta la última elección de diputados, creado para beneficiar a partidos y coaliciones mayores, obviamente con el fin de fortalecer los dos grandes bloques existentes, en detrimento de los candidatos independientes y partidos nuevos emergentes. Un candidato independiente deberá reunir un número exorbitante de firmas, las que no siempre puede alcanzar, así que se vería forzado, por razones de cálculo electoral, a tratos obligatorios con partidos o a ingresar a alguno de los de las viejas y gastadas grandes coaliciones. En otras palabras, los políticos profesionales firmantes de este acuerdo escogieron el sistema electoral vigente porque éste favorece a sus partidos; es decir, se está  usando la vieja y espuria constitución de Pinochet -que queremos eliminar- para la configuración de una nueva. Según la constitución actual, para ser, por ejemplo, diputado, CORE o concejal hay que ser ciudadano con derecho a sufragio, ser mayor de 21 años, tener residencia en la región, tener cuarto medio rendido, estar en una lista o cumplir con las firmas necesarias para ser electo. Si se aplicaran estas disposiciones, en el proceso constituyente que se nos viene los jóvenes entre los 14 y 21 años estarán excluidos, en circunstancias que ellos fueron los iniciadores del estallido social que ha generado la actual situación política que vivimos en Chile y el dramático cambio en la correlación de fuerzas en el país. Es decir, lo que pretenden es cortar el paso a la gente joven a integrar la Asamblea o Convención Constituyente.

Además de lo anterior, hay algo mucho peor: un quorum supra-mayoritario de 2/3 para que el “órgano constituyente” apruebe todas las normas de votación. Vale decir, la minoría de 1/3 pueda bloquear la decisión de la mayoría, tal como ha ocurrido en la práctica parlamentaria durante 30 años. Así, es muy posible que la derecha vete los acuerdos que no favorezcan sus intereses, impetrando estos 2/3 de los constituyentes, de los cuales la mitad serían… los mismos actuales parlamentarios. En suma: debemos impedir que los “honorables” participen en la redacción de la nueva constitución, votando por la opción “Convención o Asamblea Constituyente;” contra el “Congreso Constituyente.” Conseguido esto, debemos alcanzar una mayoría de delegados tal, que impida que la tretav de los 2/3 consiga dejar las cosas igual como estaban. El pueblo debe, entonces en primer lugar, continuar auto-convocándose para discutir cómo asegurar el éxito de estos dos objetivos.

Según el acuerdo habría una comisión de “expertos” designada por los partidos para, según nuestros “honorables,” dar objetividad al proceso constituyente, gane o pierda la opción que considera en la redacción de la nueva constitución a los parlamentarios en ejercicio. Se trata de una comisión técnica cuyo fin es definir “los aspectos indispensables para su funcionamiento.” ¡Plop!. Con este truco, se prescinde de la opinión de los ciudadanos, olvidando que el poder constituyente originario radica en el pueblo, el único que debe estatuir las normas y todos “los aspectos indispensables” del proceso. Como es obvio, los expertos serán elegidos a dedo por los partidos políticos, de manera proporcional, lo que no cambiaría nada la correlación de fuerzas del actual escenario político profesional. ¡Vaya objetividad! ¿Qué harían estos expertos sino sólo representar los intereses de los partidos?

Los políticos firmantes del acuerdo representan a partidos que no cubren más del 4,8% de la población, con 684.973 inscritos, de los cuales no militan en ellos ni siquiera el 1%. Dicho con toda claridad, estos 684.973 militantes son gobernados por no más de un par de centenares de políticos profesionales, muchos de ellos dirigentes de partidos y, además, parlamentarios, algunos metidos hasta los tuétanos  en casos de corrupción, cohecho y coimas. Cabe, entonces, exigir se descarte la intervención de estos “expertos,” no sólo por la esencia politiquera de esta propuesta, sino porque es seguro que ganará la opción contraria, aquella que no permitirá que la clase política profesional –los parlamentarios- participen en la redacción de nuestra y nueva Carta Magna.

Finalmente, al acuerdo por la Paz, se suma ahora la popularmente llamada “Ley anti-saqueos.” El pasado miércoles 4 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó por 127 votos contra 20 el proyecto de ley anti-saqueos y anti-barricadas, una desfachatez increíble porque esta ley ha sido presentada por un presidente que no cuenta ni con el 10% de respaldo ciudadano, a un Parlamento que nunca tuvo la intención de cambiar nada importante en el país. Lo que hay tras esta ley es sólo criminalizar la protesta social. Hay leyes de sobra  para meter presos a vándalos y al lumpen que saquea, roba y comete graves  desmanes.

El derecho a la protesta es parte de una democracia y la ley debe ser flexible si sobre todo gente joven comete algunos excesos. No es así en el Chile de hoy. De lo que se trata aquí es recrudecer la represión, en lugar de dar respuesta a las demandas del pueblo, demandas que son la única causa del estallido social. En concreto, esta ley penaliza con cárcel los paros laborales en ciertas actividades económicas que interrumpan servicios públicos, cualquiera forma de autodefensa ante la represión policial, la interrupción del tránsito de personas o vehículos, las tomas de terreno, de edificios y todas formas de reivindicación territorial. Como si esto fuera poco, irán a la cárcel quienes se organicen en grupo, en “agrupaciones de  dos o más personas.”

Esta ley, entonces, se nos viene encima como si la represión sufrida hasta hoy no hubiese sido suficiente. Casi 300 personas han  perdido un ojo y varias, los dos. Está fehacientemente probado que el “guanaco” dispara agua con soda cáustica y las FF EE no sólo disparan pesadas bombas lacrimógenas, sino usan escopetas que lanzan gas pimienta a quemarropa; todo eso además de la extrema crueldad con que golpean a manifestantes luego que han sido reducidos. Es tarea urgente exigir la derogación de esta ley y denunciar su naturaleza represiva. A favor de ella, sin excepciones, votaron los diputados de la derecha; también la DC, con sus 19 diputados; el PR y varios partidos del Frente Amplio, a saber, Revolución Democrática, Convergencia Social y el Partido Liberal, además de Boric y Jackson, que, por lo menos se han arrepentido públicamente de haberla votado. Con este giro, el Frente Amplio, un referente político que nació con el objetivo central de enfrentar al sistema neoliberal vigente, se acaba de quebrar. Re-editarlo y reorganizarlo sólo se podría bajo el principio de que “no se puede mezclar el aceite con el vinagre.” Se está o no se está contra el orden vigente. Así de simple.