Paguanta y la crisis ambiental
Opinión y Comentarios 6 agosto, 2014 Edición Cero
Víctor Guerrero Cossio. Dr. En sociología. Académico UNAP.
En la década del 60 Iquique vivía de la industria minera y aceptaba el más evidente de sus males, la contaminación atmosférica. Hoy la región de Tarapacá nutre su economía de la minería, pero sus efectos ambientales causan creciente disconformidad ciudadana. Del ingenuo “olor a dólar” proveniente de los procesos industriales pesqueros se ha pasado a conscientes reclamos por las extracciones que realiza la minería, hoy afirmados en el NO a Paguanta y que revelan la presencia de una crisis ambiental.
El cambio de sensibilidad ciudadana frente a los problemas generados por la economía local, expresado en marchas y comunicados en redes sociales, no asegura que la mayoría respalde dicha disconformidad. Hay que considerar el contexto y este si ha variado en los últimos 40 años:
En la región antes sólo existía la actividad pesquera como actividad económica de relevancia y conciencia ambiental prácticamente no había. En la actualidad la potente minería es el principal aporte al PGB regional, pero también están la ZOFRI, el turismo, la construcción y la propia pesquería.
El mundo actual ha relevado el tema ambiental por las catastróficas consecuencias que ha traído al equilibrio natural y por ende a la vida humana. La ciencia ambiental hoy día puede dar cuenta de los perjuicios que trae la actividad económica irresponsable y también el país cuenta con una Ley de Bases del Medio Ambiente. Hay educación ambiental en los colegios y más información, como también redes sociales donde las voces pueden multiplicarse frente a las amenazas ecológicas.
Lo bueno de este proceso es que hay una mayor protección legal y social con respecto a los riesgos y daños ambientales, que se advierte en la participación ciudadana en comités de evaluación ambiental y el incremento de la capacidad de respuesta de la ciudadanía.
Lo malo es que los avances son insuficientes o bien las decisiones finales priorizan la inversión económica, soslayando los derechos de las comunidades –urbanas y rurales- y las propias decisiones de estas cuando están representadas en los comités de evaluación. El hecho que finalmente las decisiones dependan de comités ministeriales centralizados lleva a que prime el interés estatal de admitir inversiones económicas por sobre los derechos sociales y el equilibrio natural.
Se requiere entonces una urgente discusión para actualizar la normativa ambiental, estableciendo espacios de participación ciudadana con más poder, así como dictar regulaciones más potentes para admitir proyectos de inversión que son requeridos para el crecimiento económico de Chile. Sin embargo, estos deben someterse al interés regional tanto como nacional y esto no apunta a negar la entrada a las extracciones naturales, sino que salvaguardar los derechos sociales, el equilibrio ecológico y el uso de la naturaleza por las generaciones futuras.