Fiscalía: “Cuando el control jerárquico no funciona, se crean brechas de corrupción”
Actualidad 6 junio, 2013 Edición Cero
Comunicaciones Fiscalía/Al inicio de su alegato de clausura en el juicio del Caso Muebles, la Fiscalía destacó la importancia que tiene el control jerárquico al interior de las instituciones públicas para evitar situaciones que pongan en riesgo el patrimonio fiscal. “A las autoridades superiores y jefaturas intermedias les corresponde controlar el comportamiento de sus subordinados, bajo los principios de eficiencia, eficacia, oportunidad, transparencia y, sobre todo, probidad. Cuando este control jerárquico no funciona, se crean brechas de corrupción”, indicó.
El fiscal Eduardo Ríos detalló los distintos hechos que se verificaron durante la prueba rendida en el juicio oral, y que permiten configurar los delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público. Explicó que desde la génesis de los proyectos, los funcionarios públicos realizaron diversas acciones con el sólo fin de que el acusado Gianpiero Cánepa se adjudicara las licitaciones. “Se preparó el terreno, eliminando controles previos que aumentaron el riesgo para el patrimonio”, señaló el fiscal.
El prosecutor ejemplificó con el hecho de que fue la propia ex intendenta Antonella Sciaraffia quien resolvió que fuera el Gobierno Regional (Gore) el ente ejecutor de los proyectos, y no una institución externa que pudiera ser controlada por el mismo Gore; también nombró al acusado Jorge Jacobs como jefe de Inversiones, manteniéndolo al mismo tiempo como encargado de proyectos; y además nombró a Alejandro Cifuentes como jefe de la división de Administración y Finanzas, pese a que no tenía experiencia en esta última área.
De igual forma, Ríos indicó que esta “preparación de terreno” se verificó también en la modificación de las bases originales de los proyectos por bases menos exigentes que, por ejemplo, en el caso de los muebles, establecieron pagos anticipados, “aún conociendo los riesgos que implicaba su seguimiento”, y en el caso de los computadores, incorporando licencias que tenían un mayor costos a las acordadas por el Consejo Regional.
El fiscal agregó que cuando una autoridad o un funcionario público no cumple con su deber de resguardar los intereses del Estado, está consintiendo en la defraudación, y esto se puede ver en este caso con la absoluta ausencia de una actividad fiscalizadora que hubiera permitido a lo menos, controlar el cumplimiento de los proyectos antes de proceder a los pagos.