La esencia de la Acusación

Sergio Bitar Chacra, ex ministro y ex senador por Tarapacá

No es posible explicar la aprobación de la acusación constitucional por el Congreso chileno sin referencia a la persistente demanda de amplios sectores sociales y políticos por un cambio de rumbo. En los tres últimos años hemos vivido una de las más prolongadas e intensas manifestaciones estudiantiles en la historia de Chile y de América Latina, que nadie imaginó, respaldadas por una amplia mayoría ciudadana.

¿Cual es esa demanda? Concebir la educación como un bien público y no como bien de consumo (expresión del presidente Piñera) y avanzar hacia una sociedad menos individualista y sometida al mercado, y más cohesionada, igualitaria y participativa.

Las movilizaciones están apelando a una educación pública de mejor calidad, un rol mayor del Estado en la regulación y el financiamiento, el término del ” lucro” en las universidades privadas y la gratuidad. Estas demandas han trascendido hacia temas más globales: reformas tributaria, electoral y constitucional, temas centrales de la campaña presidencial que comienza.

Podría extrañar que ello ocurra en el país de América Latina con los más altos índices de desarrollo humano y crecimiento, de cobertura en educación superior y de calidad en la región.

Pero muchas veces las aspiraciones crecen en periodos de progreso, las expectativas se levantan cuando hay más seguridad, trabajo, apego a los derechos, democracia. Entonces la desigualdad, los abusos, la falta de participación se torna inaceptable.

La decisión de senadores y diputados a favor de la acusación, debe interpretarse en este contexto. La decisión no apuntó a las cualidades o el comportamiento de una persona. Se juzgó que el ministro y el gobierno no actuaron debidamente para aplicar sus atribuciones fiscalizadoras e impulsar las medidas reglamentarias para impedir el lucro en las universidades privadas.

Esa decisión tiene otras implicancias. Es una señal principal de sintonía política con las demandas emergentes de la sociedad, hecho relevante ante el creciente distanciamiento de la política con la sociedad civil, y la pérdida consiguiente de legitimidad de las instituciones.

El futuro dependerá de la capacidad política de articular la relación de los partidos con los movimientos sociales, para dar conducción y solidez a las reformas que vienen y fortalecer los caminos democráticos. Es un signo alentador que los principales líderes estudiantiles se dispongan a competir en las próximas elecciones parlamentarias de 2013.

En Chile está finalizando un ciclo y comenzando otro. Culminó el periodo inspirado en la reconstrucción democrática, el respeto a los derechos humanos, la reducción notable de la pobreza, con crecimiento y equidad, que condujo por dos décadas la Concertación, con éxito indudable, y continuado, en alguna medida, por el gobierno de derecha actual.

Se está iniciando otro, que apunta a reducir las desigualdades, la segmentación, la discriminación, a incrementar la participación, el poder de las regiones, de las minorías indígenas, generar un sistema electoral más abierto y una nueva constitución que supere su ilegitimidad de origen, impuesta en dictadura. Estamos en una etapa de transición.

Hay otras consecuencias políticas que deben ser anticipadas. La demanda por educación superior en Chile, como vehículo prioritario de movilidad social, seguirá y puede extenderse por toda América Latina. Los temas están para quedarse, en cuanto la educación, la igualdad y la participación sean una prioridad de verdad en nuestros países

Es deseable y viable que en las próximas semanas se restablezca un diálogo para aprobar proyectos indispensables que se encuentran en el Congreso. El gobierno puede y debe tomar la iniciativa.

Fuente: Radio Cooperativa