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Prensa Fiscalía Tarapacá /En su segundo día de declaración en el Juicio del Caso Muebles, el ex jefe de la unidad de control externo... Caso Muebes: Ahora hay cuestionamientos por plazo en la entrega del mobiliario

fiscaliaPrensa Fiscalía Tarapacá /En su segundo día de declaración en el Juicio del Caso Muebles, el ex jefe de la unidad de control externo de la Contraloría Regional de Arica, Rodrigo San Martín, señaló que el Gobierno Regional de Tarapacá adjudicó el proyecto de adquisición de mobiliario para los colegios de dicha ciudad a Gianpiero Cánepa, considerando un plazo inferior al ofertado por la propia empresa.

San Martín explicó que entre los antecedentes del proceso licitatorio que aportó el intendente de Arica de la época, Luis Rocafull, estaba la oferta de la empresa Génova, en la cual se indicaba un plazo de entrega de los muebles de 90 días. Sin embargo, al revisar el acta de adjudicación, le llamó la atención que en el análisis de las distintas ofertas, se indicaba que Génova ofreció un plazo de 70 días, situación que permitió a la empresa obtener una mayor ponderación.

El funcionario de Contraloría enfatizó que no es posible que la empresa ni la comisión que realiza la evaluación modifique algunos de los términos de la propuesta ofertada, luego de cerrado el plazo de entrega. Agregó que de haberse realizado cualquier tipo de aclaración de la oferta, ésta debió comunicarse a todos los oferentes, lo que en este caso no ocurrió.

Sobre los pagos realizados a Gianpiero Cánepa por este proyecto -que totalizaron $399 millones-, San Martín confirmó que no debieron efectuarse, ya que si bien el plazo para la entrega del mobiliario vencía a comienzos de diciembre de 2007, incuso a marzo de 2008 sólo se había entregado el 50%, faltando muebles por más de 197 millones de pesos y, además, no cumpliendo la mayor parte del mobiliario entregado con las especificaciones técnicas.

Agregó que todos los funcionarios que participaron del pago de dicho proyecto tenían la obligación de revisar que estuvieran los antecedentes que confirmaran que la entrega del mobiliario se había cumplido en los plazos establecidos, y en la cantidad y calidad ofertada. “Cada uno de esos funcionarios era responsable de revisar los antecedentes respaldatorios, y si no los tenía, no podía dar curso al pago”, afirmó.

El funcionario indicó también que el mobiliario entregado por Génova no se ajusta a la norma fijada en Chile para los muebles escolares, y que debe ser conocida por todos los organismos pertinentes, como la seremía de Educación. Incluso, explicó que un funcionario del Ministerio de Educación envió esta norma al imputado Jorge Jacobs, jefe del Departamento de Inversiones suplente del Gobierno Regional, para que fuera considerado en las bases, pero éste nunca le respondió.

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