Defensoría pide a tribunales sustituir o revocar prisión preventiva para cerca de mil imputados privados de libertad ante riesgo sanitario por brote de COVID 19

Mediante una acción masiva, coordinada y simultánea, los defensores penales públicos de todo Chile iniciaron este jueves 26  la presentación de solicitudes de revisión de prisión preventiva ante los tribunales de justicia, solicitando la sustitución de esta medida cautelar para cerca de mil imputados privados de libertad y pertenecientes a grupos en riesgo sanitario, según las definiciones de las autoridades de salud. Esta acción institucional masiva, coordinada y simultánea busca salvaguardar la salud de imputados que se encuentran en los siguientes grupos de riesgo: adultos mayores, enfermos crónicos, mujeres embarazadas y madres con hijos lactantes.

La iniciativa se enmarca en un conjunto de acciones del Estado que se orientan a proteger la salud de la población en el contexto de la emergencia sanitaria, particulamente se suma a otras iniciativas como el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para condenados privados de libertad en grupos de riesgo sanitario.

La recopilación de datos de la población penal en riesgo sanitario fue posible gracias a la información entregada por Gendarmería de Chile, entidad que cooperó en el levantamiento de antecedentes.

La iniciativa que se enmarca en la emergencia sanitaria que enfrenta el país a raíz del Covid-19., busca salvaguardar la vida y la integridad sanitaria de las personas imputadas privadas de libertad de grupos en riesgo como adultos mayores, enfermos crónicos, mujeres embarazadas y madres con hijos lactantes.

Como una manera de agilizar el trámite y evitar que existan contactos directos entre los intervinientes, los recursos se están interponiendo por escrito y a través de las plataformas de tramitación electrónica del sistema interconectado,  lo que evita el traslado de los imputados, privilegiando de esta forma la prevención de contagios y la celeridad en la resolución de estas solicitudes.

“Como Defensoría Penal Pública levantamos un registro a nivel nacional con todas las personas que están imputadas y en prisión preventiva y que pertenecen a estos grupos en riesgo. Me refiero a adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y madres con hijos lactantes”, dijo el Defensor Nacional, Andrés Mahnke.

Explicó que respecto de este universo, cercano a las mil personas, “a partir de hoy se inició el envío de las solicitudes a los tribunales respectivos a nivel nacional, pidiendo se sustituyan o modifiquen dichas cautelares por otras como el arresto domiciliario”.

Agregó que la iniciativa institucional fue dada a conocer esta semana al Comité Operativo de Emergencia del Ministerio de Justicia, que convoca a todas las instituciones intervinientes en el sistema, con el propósito de salvaguardar la salud en el marco del hacinamiento carcelario.

CONDENADOS EN GRUPO DE RIESGO

Las acciones judiciales interpuestas por la Defensoría se suman a otras acciones de Estado para enfrentar la emergencia sanitaria, como el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ayer comenzó su tramitación en el Senado, para conceder un indulto general conmutativo a personas condenadas y privadas de libertad en las cárceles de Chile y que son población de alto riesgo en la actual emergencia sanitaria.

De acuerdo a lo explicado por el Ministro de Justicia y DD.HH, Hernán Larraín, la iniciativa legislativa busca hacerse cargo de los grupos de alto riesgo que hay en los centros penitenciarios del país y de los internos, que por la forma de cumplir su condena entran y salen de los penales.

Para ello se busca que los condenados en lugar de cumplir su condena en un recinto penitenciario lo hagan en su domicilio, bajo el estricto control de Gendarmería, y con el uso de tobilleras electrónicas. El grupo que se quiere salvaguardar con este proyecto de ley son personas mayores de 65 años, con un trato especial a los mayores de 75 años, mujeres embarazadas y las madres que tengan hijos menores de dos años y que vivan con ellas en las cárceles.

En el caso de los internos con reclusión parcial, se exige un tiempo mínimo de condena de un tercio de su pena -y que les quede por cumplir un saldo igual o inferior a los 36 meses-, la propuesta del Ejecutivo consiste en la conmutación del saldo de pena que les que falta cumplir, por reclusión domiciliaria nocturna por el tiempo equivalente al saldo de condena que les quede por cumplir. Este proyecto de ley no incluye a los condenados por delitos de violación a los derechos humanos y de lesa humanidad.

Los imputados por su parte, serán abordados por estos recursos y acciones que ya se encuentra desplegando la Defensoría Penal Pública en todo el país.