Las consecuencias del informe de Amnistía Internacional

Omar Williams López, Sociólogo.

Es muy probable que muchos chilenos desconozcan a la organización Amnistía Internacional y en consecuencia ignoren sus informes de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura. Esos informes tuvieron el mismo rechazo que hoy observamos por parte del actual gobierno.

Amnistía Internacional es una organización con presencia en más de 150 países y territorios en el mundo y participan en ella aproximadamente siete millones de miembros y su propósito fundamental es que un día todas las personas del mundo puedan disfrutar sin restricción de los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948.

Su símbolo es una vela encendida rodeada por alambres de púas, en palabras de su fundador, Peter Berenson, significa: La vela no arde por nosotros, sino por todas aquellas personas que no conseguimos sacar de prisión, que fueron abatidas camino de prisión, que fueron torturadas, secuestradas o víctimas de ‘desaparición’. Para eso es la vela.

Recordemos algunos de sus principales párrafos referidos a nuestro país:

• Las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera – principalmente el Ejército y Carabineros (la policía nacional) – están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta. Estos ataques han dejado hasta el momento un saldo de cinco muertos y miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas.
• La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes.En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”.
• La responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”.

Amnistía Internacional no es el único organismo que ha visitado Chile es importante recordar que desde que se iniciaron las manifestaciones sociales, diversos organismos de Derechos Humanos, han llegado a observar las situaciones de Derechos Humanos, entre ellos Human Rights Whatch, la Comisión Inter América de Derechos Humanos, una Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos, estos últimos entregaron con fecha 12 de Noviembre resultados y recomendaciones, entre las que destacan:

• Inmediata desmilitarización de la gestión de las protestas y manifestaciones, priorizando canales de mediación y uso de medidas no violentas, aplicando los principios de precaución, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. Hasta que una evaluación independiente no revise los protocolos de actuación a la luz de las generalizadas afectaciones de derechos producidas, debe suspenderse la utilización de armas de fuego (escopetas) y dejar de utilizarse equipamiento “menos que letal” (gas lacrimógeno, gas pimienta, camiones hidrantes – carro lanza aguas) de manera generalizada y con el objetivo ilegal de producir daños en las personas.
• Durante y después de las manifestaciones, se recomienda que se realicen inspecciones no anunciadas a los lugares de detención administrados por Carabineros, Policía de Investigaciones y a los Centros de Justicia por parte de la Defensoría Penal Pública, la Fiscalía Nacional, el Poder Judicial y el Instituto de Derechos Humanos – INDH. Estas inspecciones deben incluir entrevistas confidenciales con las personas privadas de libertad con el fin de detectar situaciones de torturas y malos tratos, asistir a las víctimas, brindarles adecuada protección contra represalias, investigar los hechos detectados y sancionarlos administrativa y penalmente.
• Se recomienda que todas las personas privadas de libertad accedan sistemáticamente a un control médico de constatación de lesiones en instituciones de salud pública, que este ocurra con la privacidad que corresponde, y que el acta de salud sea completada por personal de salud. También recomienda que se protocolice el accionar médico, con especial énfasis en la detección proactiva de lesiones, conforme al Protocolo de Estambul, que se deje expresa constancia de la conformidad del detenido-paciente, y que el reporte, atendiendo a la confidencialidad, se entregue en sobre cerrado dirigido al juez de garantía. Asimismo, se insta al sistema de salud a llevar un registro de detección de lesiones compatibles con torturas y malos tratos y de alegaciones recibidas por parte de las personas privadas de libertad examinadas.
• Se recomienda que el Estado chileno brinde todas las facilidades a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH para realizar su visita in loco en el país.
• Se recomienda que durante y luego de las manifestaciones se garantice que los periodistas, observadores de derechos humanos y el personal y voluntarios de atención a la salud puedan realizar sus tareas de manera adecuada y cesen las agresiones y detenciones contra los mismos.
• Se recomienda llevar a cabo una investigación por parte de un organismo independiente sobre las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo y la adopción de medidas inmediatas disciplinarias/penales en casos en los que hay funcionarios públicos identificados en conductas irregulares que vulneran derechos humanos, y en particular el derecho a la vida e integridad personal.
• Se recomienda fortalecer el trabajo del INDH a nivel nacional garantizando que no existan obstáculos para el desarrollo pleno de sus funciones, en lo particular en el control de la situación de privación de libertad durante las primeras horas de detención y en la protección contra la tortura y los malos tratos.
• Se recomienda al Estado de Chile y al INDH que concrete la efectiva puesta en funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Asimismo, que se asegure las condiciones para que las organizaciones de la sociedad civil puedan cumplir efectiva y libremente su rol de protección de los derechos humanos, dando entrega de la documentación, registros y contacto con las personas privadas de libertad.

Señalado lo anterior, debemos recordar que con fecha 19 de noviembre un grupo de once diputados de oposición, presentaron una acusación constitucional contra el Presidente de la República, Don Sebastián Piñera, “por su responsabilidad en materia de derechos humanos durante el estallido social”.

Si bien en un comienzo esta última acusación, no se le veía un futuro promisorio, el informe de Amnistía Internacional y eventualmente de otros organismos internaciones, otorgan sustento y avizora un intenso debate, con una ciudadanía expectante sobre la decisión que deberán tomar, los diputados y posteriormente los senadores.