Edición Cero

Iván Vera-Pinto Soto, Cientista Social, pedagogo y escritor. El pasado martes 23 se celebró el Día del Libro y el Derecho de Autor, fecha fijada... El libro, un artículo suntuoso

Iván Vera-Pinto Soto, Cientista Social, pedagogo y escritor.

El pasado martes 23 se celebró el Día del Libro y el Derecho de Autor, fecha fijada por la UNESCO el año 1995 en recuerdo de los fallecimientos de tres gigantes de la literatura universal: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, aunque algunos señalan que Cervantes murió el día 22 y Shakespeare lo hizo once días después. Al parecer, en la situación del dramaturgo inglés, la confusión de tiempos se debe a la diferencia entre el calendario gregoriano, que es el que se seguía en España y el que hoy se sigue en gran parte del mundo, y el juliano, por el que entonces se regían los británicos.

Con todo, la decisión del organismo internacional tuvo como objetivo rendir un homenaje a los textos y autores, alentando a todes, y de manera especial a las nuevas generaciones, a descubrir el placer de la lectura y a valorar las valiosas contribuciones de aquellos escritores quienes impulsaron el desarrollo social y cultural de la humanidad.

Bajo ese marco, como es de costumbre, muchos colectivos literarios, artistas, gestores culturales e instituciones educativas, han tomado la iniciativa de organizar eventos especiales, promociones y programas diversos que contribuyan a la construcción de un nuevo horizonte para los escritores, y por derivación, a los lectores y al mundo del libro en general.

Pero más allá de estos buenos propósitos, debemos reconocer que en nuestro país existen entornos que se contraponen con el fondo que tiene dicho festejo. Citemos algunos ejemplos. Para nadie es un misterio los precios privativos que tienen la mayoría de los textos, debido a múltiples factores históricos. A saber, no solamente el 19 % del IVA, gravamen establecido el año 1976 por el régimen de Pinochet, perjudica a las publicaciones, sino también influyen el bajo tiraje, y la inexistencia de estímulos a los componentes de la cadena, como maquinarias, tinta o papel, así como el escaso hábito de lectura.

Sumemos a este magro escenario la formación cultural, donde una persona de bajo sueldo puede gastar un dineral en comprarse cualquier mercancía, pero nunca en un libro. Está claro que los escollos del fomento de la lectura y de la industria se arrastran desde hace muchísimo tiempo, y el Estado aún no ha dado con una solución. Quizás, el único momento en que los libros estuvieron al alcance de los ciudadanos y ciudadanas fue en el gobierno de Salvador Allende, al crearse la Editorial Quimantú, la cual permitió equiparar los precios al nivel de una cajetilla de cigarrillos. En cambio hoy en día un libro es considerado como un bien suntuario.

Y al ser tan caro, entonces se da paso a la piratería que de igual forma  afecta a los intereses de las editoriales y autores. Por lo demás, como pasa en otras esferas de la economía, son los grandes consorcios los que dominan el mercado: Random House y Planeta, quienes han logrado introducir autores extranjeros en todos los ámbitos, especialmente en los colegios y universidades. Por otro lado, la existencia de un mercado reducido, obliga a los editores medianos y pequeños a hacer tirajes muy limitados para no arriesgar pérdidas en sus inversiones, así, por lógica, se encarecen las ediciones.

Hay algunos que alegan también la existencia de una variable política, pues es lógico que la existencia de una masa ilustrada puede ser peligrosa para la dominación cultural que ejercen las clases de poder. Este argumento no nos parece descabellado. Basta recordar a Luis Emilio Recabarren, quien conocedor de la explotación humana que vivía el asalariado salitrero a comienzo del siglo XX, se propuso alfabetizar a los obreros para que tomaran consciencia de la realidad. Movido por ese fin, utilizó las charlas, el teatro, la prensa y los libros.

Ahora bien, imaginemos que en nuestros días los trabajadores pudieran leer a precios módicos a los pensadores y filósofos revolucionarios, es muy factible que tendrían otra visión y actitud frente a la sociedad: más crítica y combativa. Quizás por ello a la elite le conviene mantener los libros caros, ya que puede ser un objeto muy comprometedor para el orden establecido. En esa línea, podemos elucubrar que allí podría estar la razón por la cual nuestras autoridades políticas, durante tantos años de recuperación de la democracia y en pleno siglo XXI, no hayan eliminado el IVA mediante un proyecto de ley. Por el momento, nos parece que uno de los pocos caminos que nos queda es hacer resurgir el movimiento ciudadano que, desde hace décadas, lucha por eliminar, o reducir al menos, el oneroso impuesto que rige sobre los libros.

No podemos negar la existencia de políticas públicas que fomentan la lectura, tampoco el sostenido avance que ha operado en cuanto a la infraestructura en regiones, y en la instalación de bibliotecas municipales; así, también el Plan de Lectura 2015-2020 que provee un marco sistemático e integral para abordar el tema de la experiencia lectora. Empero, estos esfuerzos no son suficientes para evitar la caída sostenida de la adquisición de libros, y el poco hábito de lectura que tenemos los chilenos.

Los estudios demuestran que no ha aumentado el número de lectores en nuestro país; es más, en el contexto latinoamericano somos los que menos adquirimos este artefacto literario. Los entendidos en el tema plantean que para salir de este atolladero que perjudica el nivel educacional de toda la gente, el Estado debería tomar, de una vez por toda, algunas decisiones políticas sustantivas, tales como: exención del IVA, bajar el impuesto a toda la cadena de materiales (tinta, papel, impresoras), hacer una fuerte campaña en colegios, sindicatos, centros culturales y otras instituciones sociales para impulsar más la lectura, no sólo como un medio para acceder a nuevos conocimientos, sino también como un ejercicio recreativo. Por supuesto, consideramos que estas acciones deberían ir acompañadas con una política sistémica, que está presente en el discurso de la política institucional, pero que no se aplica de manera íntegra, en relación al desarrollo de la industria editorial, especialmente en las emergentes, en el apoyo a las librerías, y el fomento al lector, entre otras medidas.

A nuestro juicio, si bien resulta muy atractivo celebrar con actos simbólicos, creemos que no es suficiente para superar los bajos índices de lectura y de capacidad lectora de nuestra población. Opinamos que el mejor tributo que se le puede brindar a los creadores y a sus creaciones, es materializar las gestiones mencionadas, las que suponemos cimentaría una mejor perspectiva a las editoriales, y por derivación ayudaría a los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores a aumentar la capacidad de conocimientos y saberes.

Es un hecho que una mejora de la calidad educacional comienza con el incremento de la lectura. Y mientras los precios sigan al alcance sólo de los grupos sociales privilegiados, la lectura seguirá mermando. El contar con libros asequibles a todos los bolsillos es sólo el primer peldaño, pero significativo, para así conseguir tener una comunidad inteligente y culta en el sentido más amplio de la acepción. De lo contrario, seguiremos atestados en nuestras casas de mercancías superfluas e inservibles, sin permitirnos crecer integralmente como personas y ciudadanos; restringidos en nuestros pensamientos, imaginación, emociones y sueños, y, en consecuencia, limitados para poder crear un país cuya palanca fundamental de desarrollo sea la cultura.