Senadores ex Nueva Mayoría y UDI lograron su cometido: Pedir a Piñera que realice gestiones a favor de Cardoen, el empresario de las letales bombas de racimo, que posee una alerta roja de la INTERPOL

Fundamentando que el empresario Carlos Cardoen Cornejo, conocido tristemente en Iquique por la explosión de la Planta en Alto Hospicio, donde fabricaba las letales bombas de racimo y que provocó la muerte de 29 jóvenes, “ha contribuido significativamente al desarrollo cultural y turístico de nuestro país”, senadores de la ex Nueva Mayoría y de la UDI, solicitaron al Presidente Piñera, mediante un proyecto de acuerdo, que realice las gestiones por la mantención de la alerta roja que mantiene la INTERPOL, en contra de Cardoen.  Los congresistas consideran, que la medida que se mantiene desde 1993, es ilegal y vulnera los estándares internacionales de DDHH.

Pues bien, la moción se aprobó con 26 votos a favor, y una abstención, señala: «…realizar las gestiones políticas, diplomáticas y judiciales necesarias para dar auxilio al empresario Carlos Cardoen Cornejo ante Interpol por la mantención ilegal de la Alerta Roja, y plantee ante ese organismo su preocupación por la falta de adecuación de sus prácticas institucionales a los estándares internacionales de derechos humanos”.

La Senadora por nuestra Región de Tarapacá, Luz Ebensperger, votó a favor de la moción de apoyo al empresario Carlos Cardoen, mientras que el Senador Jorge Soria, no concurrió con su voto por cumplir con otra actividad parlamentaria a esa hora

LA ALERTA ROJA

La alerta roja que mantienen la interpol en contra de Cardoen Cornejo, no es antojadiza. Se basa en un proceso que se lleva en su contra en Estados Unidos desde los 90. Así, en 1993 y en el 2009 se emitió una orden de extradición contra el empresario, la cual fue renovada por la Interpol en el 2015 y nuevamente este año.

La solicitud de extradición surge en en contexto de un proceso en el que fue acusado de venta de armas a Irak, las que comprendían un elemento importado, aparentemente en forma ilegal desde Estados Unidos. La orden de captura internacional, se mantiene desde 1993.

PRENSA DEL SENADO

La iniciativa fue presentada por los senadores Letelier, Allende, Aravena, Ebensperger, Muñoz, Rincón, Von Baer, Allamand, Araya, Chahuán, Durana, Galilea, García, García Huidobro, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Pérez, Pizarro, Pugh, Quinteros y Sandoval.

Mientras, contó con el voto favorable de los parlamentari@s Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Provoste, Rincón y Von Baer, Araya, Castro, Coloma, Durana, García, García-Huidobro, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Letelier, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval. Se abstuvo el sebnador Latorre.

Los legisladores instaron al gobierno para  que, “dentro del marco de las normas republicanas de separación de poderes y del ordenamiento jurídico internacional, adopte las medidas que correspondan para fortalecer el auxilio del Estado de Chile Asimismo, para plantear su preocupación por la  falta de adecuación de las prácticas institucionales de este organismo internacional con los estándares de derechos humanos en el marco de su próxima Asamblea General. Ello a través del compromiso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Policía de Investigaciones de Chile, así como otros árganos competentes”.

Como es de público conocimiento, desde el año 1993 y hasta la fecha, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) mantiene una orden de Notificación Roja  en su contra, a raíz de una solicitud del Gobierno de los Estados Unidos. Esta ha sido reiterada por dicho Estado en 2009, y renovada por INTERPOL, inicialmente hasta 2015, y posteriormente hasta el año 2019.

La información proporcionada por Estados Unidos a INTERPOL, señala que en relación a este caso «se solicitará su extradición a cualquier país que haya concertado con Estados Unidos un tratado actualmente en vigor que permita la extradición».

El proyecto de acuerdo agrega que: «han transcurrido más de dos décadas de dicha notificación, y sin embargo, y a pesar de encontrarse de forma pública y abierta residiendo en territorio chileno, el Gobierno de los Estados Unidos no ha presentado aún la solicitud de extradición correspondiente a los delitos imputados, impidiéndole así toda posible defensa ante un tribunal competente».

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