Víctor Guerrero Cossio. Dr. en sociología, Académico UNAP.
El carácter minero del norte de Chile se ha consolidado en el siglo XXI, aunque su influencia siempre se ha revelado en todo su acontecer: los ciclos históricos de la plata, del salitre y actualmente del cobre así lo demuestran. Luego de su fallido proyecto industrializador iniciado a mitad del siglo XX, reinició a fines su predominante actividad económica extractiva desde 1973 hasta la actualidad, constituyendo la actividad minera del cobre su mayor exponente.
Para atraer la inversión de las más grandes transnacionales mineras del mundo: Teck, BHP Billiton y Angloamerican, entre otras, el Estado de Chile en los años 80 dispuso leyes e incentivos muy favorables a esos inversores, facilitando que sus negocios alcanzaran gran rentabilidad económica.
La inversión minera en Tarapacá es de altísimas dimensiones, constituyendo el principal aporte al PGB regional desde los años 90. Y esto, que ha sido una constante, se confirma con los planes de continuidad que tienen Quebrada Blanca (costo de capital para continuidad se ha estimado inicialmente en US$4.739 millones) y Collahuasi (inversión estimada de US$ 3.200 para continuidad de sus operaciones por veinte años más), las dos más importantes mineras de la región.
La relevancia económica en la región es de enormes proporciones y en el empleo, directo e indirecto, es decisivo para la región, alcanzando a 30 mil puestos de trabajo. Sin embargo, para bien o para mal, el impacto en la vida regional excede la economía y se expresa en todas las dimensiones de la sociedad humana y naturaleza regional.
Así, la minería es un factor decisivo en la atracción de población inmigrante nacional e internacional, que pretendiendo incorporarse a las enormes y complejas redes de la economía minera en su mayoría no lo consigue. Esta población es demandante de empleo, educación, salud, vivienda y otros servicios sociales, rebasando la oferta regional y generando déficits que las instituciones estatales deben cubrir no siempre de manera suficiente y oportuna.
También la minería requiere de bienes naturales para su explotación rentable, encontrando en Chile normativas muy favorables a sus intereses. Compite así con otros potenciales usos en el dominio del territorio y sus riquezas. Reduce las posibilidades del turismo en valles y cordillera; también en la costa con pescadores artesanales, y con la población urbana por la calidad y cantidad de agua dulce.
Sin embargo, uno de los impactos negativos más altos que muestra la realidad actual son los elevados y crecientes números del déficit habitacional, los que se expresan en la existencia de hacinamiento habitacional en Iquique y el aumento de campamentos de pobladores en Alto Hospicio.
Por cierto, son incuestionables los aportes de la minería a la economía regional, pero también son apreciables los costos ecológicos y socioculturales que genera. Y esta contradicción es superable, con normativas firmes y de sentido regional, que disminuyan los daños ecosociales, los compense y los capitalice en rentabilidad social para cubrir los déficits que ha generado en los últimos treinta años y en los próximos veinte de sus planes de continuidad.