Edición Cero

Su profundo rechazo a la negativa del Gobierno de Chile, por firmar el Pacto Mundial para la Migración expresaron los docentes e investigadores del...

Su profundo rechazo a la negativa del Gobierno de Chile, por firmar el Pacto Mundial para la Migración expresaron los docentes e investigadores del Instituto de Estudios Internacionales, INTE, de la Universidad Arturo Prat, dejando en claro que  el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, ignora el Artículo 13, de la Convención de DDHH que establece que «Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país». Además, con esta actitud se aleja de la postura tradicional de nuestro país y su apego irrestricto al multilateralismo y la promoción de los Derechos Humanos.

LA DECLARACIÓN

«Los abajo firmantes investigadores del Instituto de Estudios Internacionales (INTE) de la Universidad Arturo Prat (UNAP), señalan que a propósito de la conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, manifestemos nuestro profundo rechazo a la negativa a firmar el Pacto Mundial para la Migración por parte del gobierno de Chile. Luego de que el Subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, ignorando absolutamente el artículo 13 de la Convención (“Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”), trasparentara la visión de este gobierno, con la ya famosa frase “Migrar no es un derecho humano” marcó la negativa del gobierno chileno a firmar el 1er Pacto Mundial sobre Migración. Con absoluto desconocimiento, el gobierno argumenta que firmar este Pacto implicaría una perdida de soberanía e incentivan la migración irregular. Además, aseveró que este obligaría a aceptar a migrantes “indeseados” (sin especificar a quien se refiere) y a compartir los derechos sociales, suponiendo que los y las chilenas no deberían compartir derechos con quienes viven en Chile y nacieron en otros países. Estas declaraciones muestran absoluta ligereza de los gobernantes, al incitar al odio y la violencia -lo que es un delito en la legislación nacional e internacional-, así como al abrir espacios para la discriminación, la segregación y la exclusión social».

«Al contrario de lo que el Ejecutivo ha planteado, este Pacto, primeramente no es vinculante y parte del principio de soberanía, al que cada país puede hacer uso en torno a su política migratoria. En segundo lugar, se basa en recomendaciones hacia los Estados en un marco de respeto de los DDHH, junto con promover mecanismos de cooperación entre países expulsores y receptores de migración. Es decir, muchas menos exigencias a las dispuestas en la Convención Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional de los Derechos de los trabajadores migrantes y sus Familias, el acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo y las opiniones consultivas de las Corte Interamericana de DDHH, todos firmados y ratificados por Chile. Por lo tanto, estamos frente a un retroceso de casi un siglo, cuando luego de la Segunda Guerra Mundial se llegó a un consenso antiracista por parte de las naciones que formaron la ONU, en reacción al genocidio nazi».

«Con esta decisión, Chile se alinea con otros gobiernos de extrema derecha que con sus políticas y discursos antiimigrantes -que relacionan migración y seguridad buscan cautivar a los grupos conservadores, aparentar una buena gobernanza y generar un ambiente de hostilidad y miedo en la ciudadanía. Desgraciadamente, la asociación de migración y seguridad fue concebida en el año 2000 en el marco de una asamblea de la misma ONU, pretexto para que todas las políticas migratorias relacionen ambos fenómenos, con las consecuencias como el aumento del racismo y el cierre de fronteras».

«El aparente desconocimiento del gobierno chileno impresiona o, quizás, es justamente parte de su estrategia. Este Pacto, que firmaron más de 150 países, y al que junto a Chile se opusieron EEUU, Israel, Australia e Italia entre otros países con gobiernos de extrema derecha, es más conservador en materia migratoria que casi todos los tratados internacionales que Chile anteriormente ha firmado. Así esta decisión es una continuación de las políticas que se han seguido frente a la migración desde abril de este año. Han sido políticas hostiles hacia los y las migrantes y divorciadas de las instituciones técnicas y sociales dedicadas a este complejo tema».

«Esta medida, como en casos anteriores, no responde a las exigencias y magnitudes políticas y éticas del Pacto. No obstante, se ajusta a la actual Ley de Extranjería y al actual proyecto de ley de migraciones, en discusión parlamentaria, por lo que da cuenta de una continuidad de al menos 43 años, en la que los Derechos Humanos brillan por su ausencia».

«Además, al no firmar, Chile expone una voluntad inédita en la política exterior de nuestro país, que históricamente destaca dentro de sus pilares el apego irrestricto al multilateralismo y la promoción de los Derechos Humanos. En concreto, con esta decisión que se aleja a los pactos suscritos por Chile, crea nuevas condiciones para la explotación de migrantes, rehusando tomar medidas para evitar la trata, perseguir el tráfico y garantizar el derecho igualitario a los derechos sociales y el trabajo. Por otro lado, evidencia una clara intención de gobernar según el termómetro que (re)producen los medios de comunicación, evitando firmar un documento que parte de la sociedad podría interpretar como una medida que favorecería a los y las migrantes».

«No todo está dicho. Queda una semana para la ratificación del Pacto Mundial para la Migración en Marruecos, 19 de diciembre, y el gobierno de Chile aun tiene la opción de llevar su firma a Marrakech. ¿Que pierde Chile en el plano internacional? Pierde en prestigio al posicionarse dentro los Estados retrógrados de la comunidad internacional. Además, este último gobierno, con el rechazo de este pacto y del Tratado de Escazú hace unos meses, manifiesta una actitud indolente nunca antes vista en un país comprometido con la denominada agenda global».

«Esperamos que se corrija esta desafortunada decisión que, además de nuestra devaluación internacional, aleja la posibilidad de avanzar en otros asuntos de extranjería en base a los instrumentos vinculantes ya ratificados . Aún nos falta mucho en materia de extranjería en base a los instrumentos ratificados vinculantes. De no firmar este pacto, la esperanza que avancemos en los pendientes, parece alejarse cada vez más».

Firman: Marcela Tapia, Haroldo Dilla, Nanette Liberona, Sandra Leiva, Haroldo Dilla, Gonzalo Álvarez, Raúl Bernal, Camila Álvarez, Cristian Ovando, Miguel Ángel Mansilla, Carlos Piñones, Pablo Mardones, Jorge Olivares, Ingrid Breton y Daniel Quinteros.