Sobre leyes de Participación y No Discriminación, capacitaron a funcionarios públicos y municipales

Ahondar en los aspectos claves de las leyes sobre Participación Ciudadana (20.500) y No Discriminación (20.609), fue el sello de la jornada de capacitación para funcionarios públicos de la región, organizada por la Seremi de Gobierno y el Observatorio del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

La instancia, que reunió a más de 50 funcionarios de las unidades de participación y Oirs tanto de servicios públicos como municipalidades, permitió a estos conocer los mecanismos que exige la ley para implementar la participación ciudadana en las políticas públicas, ya sea a través de diálogos, consultas públicas; así como también la protección del derecho a las personas a no ser discriminadas arbitrariamente.

Para la vocera regional de Gobierno, Ana María Tiemann, es fundamental que los funcionarios que tienen contacto directo con las personas, «conozcan y apliquen lo que establecen ambas legislaciones, para facilitar el trato, la entrega de información y resolución de consultas o trámites».  Todo ello, explicó, tendiente a fortalecer  «la participación ciudadana en la gestión pública y la inclusión sin discriminación, así como también el rol del Estado como garante de estos principios democráticos».

Alejandro Ramos, profesional del Observatorio de Participación Ciudadana y No discriminación, puntualizó que “esta capacitación se está realizando en todas las regiones del país, con el fin de fortalecer el trabajo de los funcionarios públicos. Para el Gobierno es esencial que la participación, la mayor inclusión y la diversidad sean ejes para todos los funcionarios públicos y, particularmente, para nuestro Gobierno”.

La Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, fue promulgada en febrero del 2011, y cuyo eje central es la participación ciudadana en la gestión pública y la asociatividad entre personas (juntas de vecinos y otras organizaciones). Además, crea los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil a nivel de municipalidades.

Mientras que la Ley 20.609, llamada por algunos como “Ley Zamudio”, establece la protección del derecho de las personas a no ser discriminado arbitrariamente, estableciendo un mecanismo judicial de corto plazo para resolver el tema, con multas a beneficio fiscal.