Apelan resolución de rechazo para reabrir caso de primer desaparecido en democracia, Hugo Arispe, ocurrido en Arica

La Sede regional de Arica y Parinacota del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), conjuntamente con la Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá (CAJTA), presentaron una apelación en contra de la resolución de rechazar la reapertura de  la causa por la desaparición forzada (secuestro permanente) de Hugo Arispe, por parte del ministro en visita responsable.

Hugo Arispe Carvajal trabajaba como cuidador de autos y fue detenido el 10 de enero de 2001 por Carabineros, con el argumento de que se encontraba en estado de ebriedad en la vía pública. Al no tener dinero para pagar la multa, fue llevado al Centro Penitenciario de Acha en Arica, pero cuatro días más tarde se perdió su rastro. Su caso es uno de los tres detenidos desaparecidos –junto con José Huenante (Los Lagos) y José Vergara (Tarapacá)- que el INDH reconoce que han ocurrido en democracia y por quien en 2016 presentó una querella por el delito de secuestro calificado (desaparición forzada de personas).

La familia ha buscado a Hugo Arispe Carvajal y se ha encontrado con todo tipo de dificultades e irregularidades en dicho proceso. Habían pasado 52 días desde su desaparición cuando una sobrina y el hermano de Arispe pudieron entrevistarse con el alcaide de la época, quien les mostró los libros de registros –que fueron adulterados, según las investigaciones- y les facilitó el acceso al lugar donde son guardadas las pertenencias de los internos. En ese lugar encontraron la cédula de identidad de Hugo Arispe Carvajal.

Desde que el INDH se presentó como querellante, ha impulsado el avance de la investigación, respecto de la cual considera que aún deben realizarse una serie de diligencias.

Como señalan diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, y particularmente la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas, la desaparición forzada constituye la privación de libertad de una persona cometida por agentes del Estado, seguida asimismo de la negativa de estos de reconocer el hecho, y de la pérdida de información sobre el paradero del detenido.

La jurisprudencia en materia de derechos humanos señala, asimismo, que no es indispensable que se conozca el paradero final de la víctima o que se hallen sus restos, para que se configure la desaparición forzada.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que existe una relación directa entre la desaparición forzada de personas y el delito de secuestro. Siendo la primera un secuestro de carácter permanente, por cuanto su consumación se prolonga durante todo el tiempo en que la persona permanezca desaparecida sin que se esclarezca el hecho.

DESAPARICION FORZADA

Hugo Arispe

Hugo Arispe Carvajal trabajaba como cuidador de autos y fue detenido el 10 de enero de 2001 por Carabineros, con el argumento que se encontraba en estado de ebriedad en la vía pública. Al no tener dinero para pagar la multa, fue llevado al Centro Penitenciario de Acha en Arica, pero cuatro días más tarde se perdió su rastro. Su caso es uno de los tres detenidos desaparecidos que el INDH reconoce que han ocurrido en democracia y por quien en 2016 presentó querella por el delito de secuestro calificado (desaparición forzada de personas).

Arispe habría sido aislado y castigado con una golpiza al interior del penal, en la que habrían participado a los menos cuatro gendarmes integrantes del llamado Grupo de Reacción, especializado en amagar riñas y hechos violentos que ocurran en la cárcel.

La familia ha buscado a Hugo Arispe Carvajal y se ha encontrado todo tipo de dificultades e irregularidades en dicho proceso. Habían pasado 52 días cuando una sobrina y el hermano de Arispe pudieron entrevistarse con el alcaide de la época, quien les mostró los libros de registros –que fueron adulterados, según las investigaciones- y facilitó el acceso al lugar donde son guardadas las pertenencias de los internos. En ese lugar encontraron la cédula de identidad de Hugo Arispe Carvajal.

Las versiones contradictorias de los gendarmes, la negación permanente de los hechos por parte de guardias del recinto, la adulteración de documentos y los testigos que hablan de la golpiza y eventual muerte de Arispe al interior del penal, van configurando una situación que la  legislación chilena califica como un delito de secuestro calificado,  pero que conforme  lo indica la legislación internacional constituye un caso de desaparición forzada de personas, toda vez que la víctima no aparece desde que se perdiera toda noticia de su paradero, en circunstancias en que se encontraba bajo custodia de agentes del Estado.

José Huenante

El 3 de septiembre de 2005 el adolescente de 16 años, José Huenante, se encontraba junto a un grupo de amigos en las calles de la población Vicuña Mackenna de Puerto Montt. Luego de un confuso incidente, José habría sido detenido por Carabineros de Chile, sin que haya rastro alguno sobre su paradero a 10 años de ocurridos los hechos. Justamente, para esclarecer la desaparición de Huenante, el INDH  presentó en 2015 una querella criminal que fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Puerto Montt.

El tribunal determinó que será la justicia ordinaria quien indague las eventuales responsabilidades de civiles en el caso, mientras que la presunta participación de funcionarios de Carabineros seguirá siendo conocida por la justicia militar.

José Vergara

José Antonio Vergara Espinoza, es un joven de 22 años detenido por Carabineros el 13 de septiembre de 2015 y cuyo paradero hasta ahora se desconoce. Por este motivo el INDH presentó en 2016 una querella contra quienes resulten responsables de su desaparición forzada.

El día en que desapareció Vergara, funcionarios policiales concurrieron a la vivienda de la víctima en la población La Tortuga, comuna de Alto Hospicio, luego que sus familiares alertaran sobre una serie de desórdenes que José estaba provocando producto de la esquizofrenia que padece.

Tras su detención el joven no retornó al hogar y pese a la intensa búsqueda no se han encontrado rastros de su ubicación. Hasta ahora la única pista es la información proporcionada por los propios funcionarios policiales a cargo del procedimiento, quienes fueron dados de baja luego de reconocer que abandonaron a José Vergara en el sector de “Caleta Buena”.