El complicado primer mes del gobernador del Tamarugal, Luis Tobar Toledo

Anyelina Rojas Valdés/ No cabe dudas que el gobernador del Tamarugal, Luis Tobar Toledo, vive tensos momentos, desde que asumió en el cargo. En su gestión ha tratado de realizar un activo trabajo en terreno y en contacto con las diferentes comunas y localidades de la extensa provincia que comanda. Sin embargo, nada de esa prolífera gestión, ha logrado opacar algunos hechos que, por decir lo menos, dañan su gestión y podrían vulnerar la normativa que rige a la Administración Pública. Antes de asumir, Tobar era el Presidente Regional de Evópoli en Tarapacá.

Tras las acusaciones de hostigamientos y despidos arbitrarios, que realizara la Federación de Asociaciones de Funcionarios de los Servicios del Ministerio del Interior y Servicios Afines, FENAMINSA, se suma el bullado caso de allanamiento ilegal, perpetrado por efectivos de la SIP de Carabineros, tras el llamado de la propia autoridad y una reunión política efectuada en la sede de la Gobernación, hechos que hoy son investigados en la Contraloría Regional. Este organismo es el que regula el actuar de los servicios que dependen del Estado.

El hecho de mayor envergadura es la acusación de “allanamiento ilegal” o visita inspectiva, como se ha dicho desde la gobernación. Y al amparo de robos que habrían ocurrido en gestiones anteriores, se justificaría la medida.  Esto ocurrió el 12 de abril, es decir, al final de la jornada del mismo día en que asumió sus funciones la nueva autoridad.

En el matutino local, La Estrella de Iquique, (edición domingo 15 abril) se consignan declaraciones de Daniel Fuentes Torres, director ejecutivo regional de la Fiscalía, quien fue consultado por la presencia de la SIP en la Gobernación del Tamarugal. Señala que:

•  «Verificados nuestros sistemas registrales en la región de Tarapacá, informo que dicho procedimiento no se ajusta a ninguna instrucción decretada por algún fiscal del Ministerio Público de esta región».

El portal El Independiente, además, publicó con anterioridad, un Oficio DER N° 003/2018, de la Fiscalía, cuya materia es responder a solicitud recibida por Ley de Transparencia y que data del 29 de marzo de este año, donde se indica:

• “… sobre el procedimiento realizado por Carabineros de Chile en la gobernación del Tamarugal. Al respecto, y verificados nuestros sistemas registrales en la Región de Tarapacá, le informo que dicho procedimiento no se ajusta a ninguna instrucción decretada por algún Fiscal del Ministerio Público de esta región.”

El Oficio lo firma Daniel Fuentes Torres, director ejecutivo regional de la Fiscalía Regional.

Es decir, la Fiscalía no entregó orden para que la SIP de Carabineros se constituyera en la Gobernación. De este modo, la “inspección” o “allanamiento ilegal”, está fuera de toda normativa, porque no es posible allanar o revisar un lugar, si no hay una orden que autorice la diligencia investigativa.

FENAMINSA

Luego que este portal EDICION CERO, difundiera mediante una nota de prensa, las acusaciones contra el gobernador Tobar, por hostigamientos y despidos arbitrarios y publicara la declaración de FENAMINSA, empezaron a reaccionar otros medios, especialmente radiales,  que también contactaron al vocero de la entidad Gremial, Cristian Inzunza

Señaló el dirigente, que si bien, la Gobernación Provincial del Tamarugal, fue la primera en despedir a funcionarios de carrera, no es un caso aislado, por lo que la FENAMINSA está visitando todas las asociaciones regionales para evaluar en terreno la situación. Ya estuvieron en Tarapacá, pero no se descarta una nueva visita, a la luz del curso que están tomando los hechos.

Inzunza defendió la calidad de funcionario del estado o funcionario de línea, de los empleados públicos, ante las “falsas acusaciones en despidos de funcionarios de los servicios de gobierno interior y las gobernaciones provinciales, invocando como causal la de ser operadores políticos. Según  la ley, el único funcionario de confianza en las gobernaciones, es el gobernador. Los demás funcionarios son de carrera”, señaló, indicando que su llamado a las nuevas autoridades es a que se respete la ley.

De hecho, hace algunos días, la FENAMINSA se reunió con el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, donde uno de los temas planteados, fue el caso de la provincia del Tamarugal.

Insistió que, en la mayoría de las gobernaciones del país, el gobernador es la única planta del servicio, mientras que los demás funcionarios tienen la modalidad de contrata. “Desde el 2015 en adelante la Contraloría y los Tribunales de Justicia, han ido estableciendo que los funcionarios públicos que tienen más de dos renovaciones de sus contratas, tienen la calidad de confianza legítima. En ese marco, se entiende que entonces, los funcionarios que tienen esa condición son funcionarios públicos, del estado de Chile y en ningún caso, son de confianza, por lo tanto, no pueden ser desvinculados sin una razón válida”, señaló Inzunza.

Destacó que los dos funcionarios despedidos en el Tamarugal son profesionales de líneas, que desempeñan funciones permanente en la Gobernación del Tamarugal, que es una unidad muy pequeña en cuanto a dotación, pero territorialmente extraordinariamente extensa

“Entonces, si uno revisa, lo que ha tenido que hacer el Estado, es cumplir un rol de formar profesionales. El ejercicio del trabajo mismo, es el que implica el mayor aprendizaje, por eso, las desvinculaciones de funcionarios de carrera, supone retroceder porque hay que formar otros funcionarios”, aclaró.

Estos dos despidos, le parecen particularmente llamativos, puesto que la unidad del Tamarugal “ha cumplido todos sus indicadores y metas, por eso quebrar un equipo que está funcionando bien, no tiene sentido. Y afecta y daña al mismo Estado, por el servicio que tiene que entregar a los ciudadanos”.

Añade que “lo que hemos visto es que se está vulnerando el derecho laboral de los funcionarios.  Una autoridad que despide sin evaluar, sin considerar la historia de los funcionarios; y peor aún sin considerar su desempeño ni considerar aquellos aspectos de la ley que regulan a los funcionarios público, daña al servicio mismo y a  la ciudadanía”.

Aún peor, explica el dirigente nacional, si la causal de despido es “falta a la probidad”, como ocurrió en este caso y según se indica “en la resolución del Servicio, que es el acto administrativo que notifica a los funcionarios, se indica que hay una falta a la probidad.  El Estatuto Administrativo, señala que, para poder comprobar la falta a la probidad, tiene que haber un sumario administrativo y acá no lo ha habido. Ni siquiera hubo una reunión con los funcionarios y menos una evaluación, para ver cuáles son las causas reales en que se produce la desvinculación”.

Hay que considerar que la Contraloría no tiene plazos para responder, por eso la FENAMINSA, ha realizado otras acciones, en forma paralela. Por ejemplo, como se indicó, solicitaron al subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, que es la autoridad que visa el acto administrativo, que reconsidere la medida, “en consideración que no hay elementos que avalen ese acto administrativo, como un sumario administrativo. Es decir, el acto no está fundado”, reforzó, explicando que están a la espera de la respuesta de Ubilla.