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Anyelina Rojas Valdés/ Con cierta tensión, pero en calma, se realizó la audiencia reparatoria, donde los dos oficiales del Ejército de Chile, pidieron disculpas... Querellantes: “Aceptamos disculpas pero lo que correspondía era que los oficiales fueran dados de baja del Ejército de Chile”

Anyelina Rojas Valdés/ Con cierta tensión, pero en calma, se realizó la audiencia reparatoria, donde los dos oficiales del Ejército de Chile, pidieron disculpas pública a los familiares de Ejecutados Políticos, asesinato ocurrido al interior de Regimiento de Telecomunicaciones, en octubre de 1973 y cuyo memorial inaugurado en su honor, fue dañado por los efectivos castrenses, mientras se encontraban bajo los efectos del alcohol. El memorial fue inaugurado el 11 de septiembre de 2015 y esa misma madrugada, fue objeto  del acto de barbarie de intento de destrucción de la memoria histórica, asociada a los derechos humanos.

Casi dos años de la investigación, tras la querella presentada en contra de los oficiales, los familiares y dirigentes de DDHH, esperaban que ambos militares fueran destituidos de la institución castrense, hecho que no ocurrió, pese que se lo hicieron saber al general directamente al general de división, John Griffiths Spielman, actualmente comandante del Comando Conjunto Norte, de Ejército.

LA AUDIENCIA

La audiencia partió con una hora de retraso, por temas administrativos. Y pese a ser de carácter público, concurrieron sólo los involucrados. Los acusados, Mauricio Pacheco Urrutia  y Pablo Henríquez Fernández, ambos oficiales del Ejército de Chile en servicio activo, y sus respectivas abogadas.

Por la parte querellante se presentaron el ex preso político, Luis Caroca, representando a la Centro de Formación Memoria y Futuro, mediante la cual se construyó e instaló el memorial; Héctor Marín Rossel, hermano de Jorge Marín  y Lisabeth Millar, hija de Williams Millar, en cuyo honor y de todos quienes pasaron por el Regimiento de Telecomunicaciones, se erigió el memorial. El abogado querellante es Germán Valenzuela Olivares, histórico profesional vinculado a la defensa de los derechos humanos, los representó.

Realizada la audiencia, los militares leyeron la DECLARACIÒN PÚBLICA FINAL, no exenta de tensión, como acusaban sus voces. Fue una lectura rápida, sin énfasis ni marcando inflexiones de acuerdo al texto; además, leyeron de corrido y con premura. Sólo fue posible registrar el momento con imágenes captadas de espalda, porque no aceptaron registro de audio ni video. Al concluir, tampoco accedieron a dar declaraciones a este medio www.edicioncero, medio que ha seguido todo el caso, desde que partió hace casi 2 años.

El acuerdo incluyó además, una  publicación pagada en el diario local La Estrella de Iquique, aportes el hogar de abuelitos San Vicente de Paul de 3 unidades tributarias mensuales, y pago en dinero a los afectados,  -alrededor de 1 millón de pesos por cada uno de los procesos-, para sustentar los gastos realizados y aún por realizar para recuperar el monolito.  Es decir, dinero destinado al Centro, autor del monolito.

En el caso del militar Mauricio Pacheco, que conducía el vehículo en el que se desplazaba junto a su compañero, además se le aplicó la sanción de suspensión de licencia de conducir de 3 años, a contar desde el momento de la audiencia. El acusado solicitó que se le reconociera el tiempo transcurrido, pero el juez se negó, aplicando el principio de igualdad ante la ley y en consideración, que a contar recién, de esta fecha, se le aplica la sanción. Pacheco, conducía con 2.66 gramos de alcohol en la sangre, es decir, en evidente estado de ebriedad. Sin embargo esto,  no hay daño asociado a la conducción.  La destrucción al monolito, la realizaron con sus propias manos, golpeando el sólido peñasco y dañando la placa recordatoria.

LOS QUERELLANTES

Si bien los querellantes aceptaron las disculpas públicas de los militares, señalaron que esperaban que el Ejército como institución, diera una señala ejemplar, destituyendo a los oficiales. “Este hecho es extraordinariamente grave y refleja la actitud de miembros del Ejército, en temas tan sentidos como son los delitos de derechos humanos. Son delitos de lesa humanidad, que por su gravedad, no prescriben”.

Héctor Marín, presidente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, señaló que “quienes cometieron este atentado que recuerda a Jorge Marín y  a William Millar,  que son  detenidos desaparecidos,  que fueron asesinados en ese lugar  (Regimiento Telecomunicaciones) pudimos traerlos a los Tribunales y que emitieran una declaración pública dentro del Tribunal”.

Añadió que les hubiese gustado que fuera  diferente, “que pudiese haber quedado como un testimonio de audio o de video, de lo que estaban expresando forzosa o libremente cada uno de ellos. Lo que dijeron fue parte de un acuerdo y lo que rescatamos es que queda como precedente que un atentado a un monolito que recuerda crímenes cometidos de lesa humanidad o cualquier ataque que se pueda dar a dirigentes o a organizaciones de DDHH no van a quedar impunes, y que podemos recurrir, a la justicia, que es lo que corresponde”

 Lisabeth Millar, evidentemente emocionada, dijo: “Fue un largo pasar… es recordar muchas cosas… En el monolito se recuerda a mi padre y a Jorge, en un lugar donde fue tan emblemático, donde murió tanta gente, donde  desapareció gente, donde torturaron y donde estos dos uniformados que hicieron, tanto daño al destruir el  monolito, revivieron nuestro dolor. Ahora tuvieron que presentar sus disculpas públicas”.

“Queda como precedente –añadió-, que esto no va a quedar impune porque, si vuelve a ocurrir una cosa así nosotros como familiares alzaremos nuevamente las voces y nos dirigiremos a los lugares donde corresponde. Lo que esperábamos es que dentro del Ejército se tomaran medidas drásticas y destituyeran a estos oficiales, pero eso no ocurrió, lamentablemente”.

Ambos familiares, señalaron que si de verdad el Ejército busca reconciliación, “que nos diga donde están nuestros familiares, que rebele donde los dejaron. Tenemos derecho a saberlo, o al menos que nos cuenten cómo los hicieron desaparecer, porque de lo contrario, la herida nunca cerrará”.

DAÑO MORAL

El abogado Germán Valenzuela puso el acento, en que además del daño material al monolito, se produjo un daño moral a los familiares, que se extiende a otras personas afectadas y a ex prisioneros que pasaron por la prisión política.

“De algún modo, ese daño moral ha sido mitigado, quizás reparado… no en su totalidad, pero el resultado ha sido positivo. Me pongo en el lugar de los familiares y creo que han visto satisfecha sus expectativas al hacer esta querella, porque han obtenido una disculpa pública”, expresó el abogado.

Destacó que en la declaración de los oficiales del Ejército, reconocen que a Marín y Millar se le infringieron dolores injustificados, y que con el daño al monolito, se revive el dolor en sus familiares.

Consultado sobre si este hecho marca un hito, señaló Valenzuela que si bien es un paso quizás pequeño, “es un paso más,  si se considera que en Iquique hubo un daño muy grande en materia de derechos humanos. Creo que es primera vez que ocurre algo como esto, que miembros del Ejército y de algún modo representantes de esta institución, asuman que en ese lugar se cometieron torturas y atropellos a las personas, y que de ese lugar desaparecieron los señores Millar y Marín”, concluyó.

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