Los avatares de una Orquesta Regional (segunda parte y final)

Julio Cámara Cortés / Consejero Regional  CNCA de Tarapacá

Con el arte y la cultura, desde la perspectiva de su definición y valoración social,   ocurre algo parecido a la educación.  En el discurso público existe amplio consenso acerca de su importancia y relevancia en el desarrollo general del país.  Claro, eso en el discurso. Y lo mismo respecto del consenso, transversal, como se acostumbra hoy decir.

Como digo, parecido a la educación, ámbito en el que es difícil encontrar opiniones y posturas  contrarias a su importancia en la vida social de un país.  El desarrollo y progreso del país debe construirse y sostenerse desde los sólidos pilares de la educación, se dice y pontifica desde el discurso. Pero,  en cuanto se entra a su aplicación y a debatir acerca de sus contenidos, costos, calidad y accesibilidad,  las dificultades y discrepancias asoman  casi hasta el infinito.

Y es que en estas discrepancias y reparos de toda índole, se manifiestan  también, inevitablemente, visiones filosóficas, ideológicas  y políticas, incluidos intereses económicos, que se ligan a definiciones mayores acercan del tipo de sociedad que habitamos y las contradicciones que cruzan su devenir, amén de otras  interrogantes existenciales lindantes  con la especie humana y su destino.  Todo esto dicho a “groso modo”, y sin intención de caer en simplismos.

 Al final, estamos insertos y vivimos en una sociedad políticamente organizada, en que los grandes temas país se abordan, para bien o mal, “teñidos” o cruzados también de este sello ineludible. Somos, quiérase o no, “animales políticos”, como lo dijo un antiguo filosofo.

Y es que el arte y la cultura que produce esta sociedad “políticamente organizada”, más allá del consenso respecto de su valoración y relevancia social, no está exenta, al igual que la educación, de visiones  contrapuestas y dilemas varios, en el que, según mi experiencia, el tema recursos o bases económicas y su accesibilidad, entre otros, ocupa siempre un lugar preponderante en las inquietudes de artistas, gestores y entidades sociales con pertinencia en el tema.

Me he permitido este preámbulo antes de retomar los avatares del proyecto de orquesta regional para la región,  expuesto en mi anterior columna, para responder a amigos bien intencionados que comentaron dicha publicación, haciendo referencia a que los problemas “existenciales”  del quehacer artístico cultural tienen en su origen,  al final de cuentas,  una definición  o sustrato político, apreciación que, sin duda, comparto plenamente acorde con lo que he expresado antes.

Sin embargo, lo anterior no significa, al menos en mi caso, subvalorar lo que hoy tenemos como contexto para avanzar y construir, aún con las falencias e insuficiencias que conocemos. A lo anterior, habría que agregar como pesimista corolario, las incomprensiones y/o carencias de visión provenientes de la denominada “clase política”, y su recurrente falta de capacidad para valorar y apreciar el enorme aporte que el arte y la cultura pueden proporcionar en el desarrollo y progreso del país, por tanto, no constituyen prioridad en agendas y políticas públicas.  (¿Desde cuándo se discute la creación de un ministerio de la cultura?)

Mención aparte merece la constatación de que no existe una contraparte ciudadana, que articulada orgánicamente y con capacidad de influir y presionar socialmente, pudiera lograr avances más sustantivos, “arrancados” desde los centros del poder político.  Este es un tema que amerita una reflexión mayor.

Todo lo dicho no significa caer en el conformismo pasivo, ni menos claudicar ni “arriar las velas” en cuanto a seguir pretendiendo y reclamando respuestas y acciones mayores y consistentes desde el Estado, respecto a potenciar con decisión y compromiso el quehacer artístico cultural como ámbitos prioritarios a considerar en las políticas públicas del gobierno de turno.

De allí mis referencias a la gestión más visionaria y productiva que se lleva a cabo en esta área en la segunda región de Antofagasta, tarea que  desarrollan con el “rayado de cancha” existente hoy en Chile, y que no  ha impedido que emprendan acciones dignas de replicar y posean la capacidad de sostener en el tiempo proyectos artísticos relevantes como lo es una orquesta regional, estable y consolidada.

En esa dirección reitero, como le he planteado en columnas anteriores, que la propia ley 19.175, le impone a los gobiernos regionales como misión estratégica de gestión, “el desarrollo social, cultural y económico” de sus respectivos territorios.

Tenemos aquí, entonces, un mandato legal que aplicado con mayor voluntad política, decisión y compromiso por parte de las autoridades regionales de turno, permitiría acometer iniciativas tendientes a resolver falencias y carencias varias en dicho ámbito, además de brindar mejores condiciones para el despliegue del quehacer artístico y cultural de la región, todo ello ligado estrechamente a la tarea común de alcanzar una mejor calidad de vida para la ciudadanía regional.

Un ejemplo que da cuenta de la falta de voluntad política, decisión y compromiso real por parte de dichas autoridades respecto de la tarea de potenciar el arte y la cultura, ocurrió con una propuesta generada en el seno del Consejo Regional (CORE) y que terminó finalmente “naufragando” en las turbias aguas de la incomprensión y miopía política, y que a continuación expongo.

En diciembre de 2008, y por iniciativa de algunos consejeros, me incluyo,  el CORE aprobó la creación de una Corporación Cultural y Deportiva, con el fin de potenciar ambas áreas acrecentando los recursos provenientes del 2% del FNDR.  Al disponer de  mayores recursos era factible entregar apoyo sostenido y estable a iniciativas cuyos resultados no son visibles ni palpables en el corto ni mediano plazo, es decir, se apostaría a proyectos de cara al futuro.

Entre tales iniciativas,  a modo de ejemplo, se tenía en cuenta el desarrollo y perfeccionamiento de jóvenes talentos, tanto artísticos como deportivos de la región, cuyo proceso de formación, por las exigencias implícitas, requiere de tiempo y apoyo financiero estable en el tiempo. Dicho apoyo se canalizaría a través del establecimiento de becas, y así, excluirlos de la inestabilidad e incertidumbre que implica la obtención de financiamiento  a través de concursos.

Asimismo, se consideraba impulsar y apoyar proyectos de mayor envergadura y proyección, y asegurar financiamiento estable a eventos que ya hubieran alcanzado un nivel de reconocimiento y consolidación, tanto a nivel nacional como internacional en ambas áreas.

En fin, los buenos propósitos no faltarían, entre ellos, sin duda alguna, la de sostener una orquesta regional, que no solo brindara su labor artística  gratuitamente a la comunidad, con programación anual de conciertos, sino que impulsara y fomentara como acción adicional en materia  docente, la formación musical de niños y jóvenes de la región.

Pero, no obstante el acuerdo emanado del CORE, su materialización desde el punto de vista jurídico y administrativo, era una tarea que competía al intendente regional.  En esta absurda tramitación, que abarcó el periodo de diciembre 2008, hasta marzo de 2014, hay evidente desidia y  responsabilidad compartida entre intendentes de los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, quienes postergaron de manera incomprensible una iniciativa de la relevancia de una corporación con los fines indicados.

A la fecha, entiendo que el acuerdo aún sigue vigente y esperando que alguna autoridad se digne a llevarlo a la práctica… o lo sepulte definitivamente en el baúl de los recuerdos.

Revisa columna interior: ¿Es viable una Orquesta Regional para Tarapacá? (Parte I)