Prisión preventiva para militares y aduaneros bolivianos detenidos en zona fronteriza del altiplano
Actualidad 22 marzo, 2017 Edición Cero
Con prisión preventiva por 120 días, quedaron los 9 ciudadanos bolivianos, que fueron detenidos en la zona fronteriza con Bolivia, acusados de tres delitos, cargos que le fueron informados durante la audiencia de formalización, realizada en el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte. Sin embargo, la defensa de los funcionarios públicos de ese país -2 militares y 7 aduaneros- señaló que los delitos no fueron debidamente acreditados.
Los delitos son robo con violencia, infracción a le ley de control de armas y contrabando, por los cuales el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte ordeno la prisión preventiva, por 120 días. La medida cautelar se ordena porque se teme que al no tener domicilio en el país, pueden intentar una fuga del territorio nacional, eludiendo la justicia.
“Hay peligro evidente de fuga porque ninguno de los imputados mantiene domicilio o arraigo dentro de territorio nacional o de competencia de este tribunal”, señaló el Fiscal Hardy Torres.
La fiscalía tuvo a la vista para solicitar la medida cautelar, el parte de Carabineros que dio cuenta de los hechos y la declaración del copiloto del camión que se intentó, supuestamente, robar para trasladarlo a territorio boliviano. Tanto los hechos relatados en el documento policial chileno, como la declaración del testigo, son desestimadas por los acusados.
REACCION
Desde el inicio de los hechos, en Bolivia se ha considerado la detención de sus connacionales como un “secuestro”, generando una situación en extremo tensa entre ambos gobiernos.
Ahora además, hay molestia porque no se aceptó la solicitud de la defensa, para que fuera el consulado de Bolivia de otorgara domicilio a los detenidos, para quedar a la espera de la investigación. Y se optó por la prisión preventiva.
Por su parte, el abogado defensor de los ciudadanos bolivianos, el ex gobernador del Tamarugal, Claudio Vila, señaló que los fundamentos para acusar a los imputados, no fueron debidamente acreditados y que además, siendo todos funcionarios públicos del gobierno, precisamente formaban parte de un programa para prevenir el contrabando que se da en el frontera.