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Entre 2008 y 2016 incendios de gran magnitud devastaron 500 mil hectáreas. Cifra similar a la que han consumido hasta ahora las decenas de... Mega incendios: el historial de omisiones de las autoridades que abonó la tragedia

Entre 2008 y 2016 incendios de gran magnitud devastaron 500 mil hectáreas. Cifra similar a la que han consumido hasta ahora las decenas de incendios forestales que azotan al país desde enero. CIPER indagó en las sucesivas alertas oficiales y estudios que mostraron la precariedad del Estado para enfrentar estas catástrofes.

Todas exigían respuesta inmediata del Ejecutivo y del Congreso: dotar a la CONAF de un estatuto de derecho público, facultades de fiscalización y un presupuesto acorde a la amenaza que desde 2012 se instaló en Chile tras el incendio de Torres del Paine. Nada de eso ocurrió.

El martes 27 de diciembre de 2011 se desató en el Parque Nacional Torres del Paine (Región de Magallanes), uno de los incendios más devastadores de la última década en Chile. Vientos racheados de entre 70 y 90 kilómetros por hora azuzaron el fuego que en pocas horas se expandió sin control en esta Reserva de la Biosfera. El fuego fue extinguido recién el 8 de marzo de 2012, reduciendo a cenizas 17.606 hectáreas de flora nativa, estepas y praderas. Una catástrofe ecológica. Pero eso no fue todo. Porque el 29 de diciembre, un voraz incendio en el sector de Pichiqueime (Región del Biobío), arrasó con más de 25 mil hectáreas. Otros seis focos casi simultáneos en las regiones de La Araucanía y Valparaíso, dejaron a la temporada de incendios 2011-2012 como una de las más destructivas de la última década, con más de 90 mil hectáreas quemadas.

Ese 2012 debió haber instalado un antes y un después para Chile en materia de prevención y combate de incendios. No fue así. La indagación de CIPER indica que el mega desastre que hoy afecta a nuestro país desde las regiones de O’Higgins a La Araucanía –y que hasta ahora ha consumido cerca de 500 mil hectáreas, más de mil viviendas y ha cobrado la vida de 11 personas– sorprendió nuevamente al Estado con carencias institucionales profundas para enfrentar incendios de esa magnitud y que se arrastran desde hace más de ocho años.

Una de las carencias más graves afecta a la Corporación Nacional Forestal (CONAF), creada en 1970 para prevenir y combatir los incendios forestales, entre otras tareas. A pesar de que desde 2008 un fallo del Tribunal Constitucional (TC) dejó en evidencia la necesidad de dotarla de otro estatuto jurídico, la entidad ha permanecido con las mismas facultades y un presupuesto paupérrimo.

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