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Juan Pablo Càrdenas, Director  Radio U.Chile Una cosa es irritarse o fustigar lo que los medios de comunicación hacen, pero otra muy distinta es... Querella contra Qué Pasa: La Libertad de Prensa intimidada

Juan Pablo Cardenas
Juan Pablo Càrdenas, Director  Radio U.Chile

Una cosa es irritarse o fustigar lo que los medios de comunicación hacen, pero otra muy distinta es amedrentar la libertad de prensa con querellas que nos llevan a revivir los peores momentos de la Dictadura.

Se hace difícil calcular cuánto más puede desplomarse la popularidad de la Presidenta, de su Gabinete y de todo su gobierno con la decisión de querellarse criminalmente en contra de la Revista Qué Pasa por difundir una grabación que, sin duda,  resulta lesiva a la honra de la Primera Mandataria. Pero una cosa es irritarse o fustigar lo que los medios de comunicación hacen, pero otra muy distinta es amedrentar la libertad de prensa con querellas que, como ésta, nos llevan a revivir los peores momentos de la Dictadura en esta materia. Es archisabido que estas acciones judiciales es muy difícil que prosperen, salvo que los gobiernos estén dispuestos a ejercer sobre los Tribunales una presión inaudita. Pero ni aun así lo logran si no llegan a acometer acciones deleznables.

Recuerdo que bajo el Régimen Militar, la periodista Mónica González y el que habla fueron denunciados ante los Tribunales por difundir una entrevista en que el senador actual Andrés Zaldívar criticó en duros términos al Dictador. Sin embargo, esta querella no prosperó de momento que el juez de la causa estimó que las presuntas injurias o calumnias contra el Jefe de Estado no eran de los periodistas, sino del propio entrevistado; que era a Zaldívar a quien debía el Ejecutivo presentarle un requerimiento y no a los periodistas que publicaron fidedignamente sus juicios en la revista Análisis.

Una situación que emula hoy la Presidenta al emprenderlas contra los periodistas deQué Pasa y no contra el operador Juan Díaz que la implicó en una conversación telefónica y que, como sabemos, es uno de los formalizados por el Caso Caval. Escándalo que ha comprometido severamente el ánimo y la imagen de la Mandataria, cuando es su propia nuera la que se ve envuelta en tan graves ilícitos. Cuando consta, también, que el imputado Díaz sostuvo reuniones en el propio Palacio Presidencial con personas de confianza de la Primera Mandataria.

Precisamente por el mismo Caso Caval es que la Presidenta debió pensarlo mucho,  antes de querellarse contra este semanario, luego de que fuera éste medio de comunicación el que, precisamente, hiciera estallar este nuevo escándalo. Sin duda que su querella será vista en Chile y el mundo como un acto de venganza oficial por la denuncia que afectó a su hijo, nuera y, ahora, a ella misma. Razonablemente molesta por el proceder periodístico de un medio, la verdad es que no se entenderá una querella contra los que difundieron una grabación y no hacia los que presumiblemente injuriaron y calumniaron.

No podemos darle crédito a la versión que dice que esta querella de Michelle Bachelet es emprendida como persona y no como Presidenta de la República, cuando su propio vocero oficial es el que la anunció al país y se sabe de la confidencia hecha por un diputado en cuanto a que el propio ministro del Interior, Jorge Burgos, estimaba la posibilidad de acudir hasta a la Ley de Seguridad del Estado, incluso, para sancionar a Qué Pasa.  ¡Vaya que flaco favor le ha hecho el abogado Burgos, de nuevo, a su superiora jerárquica!

Tenemos la impresión que este arrebato oficial le va a costar muy caro a la imagen ya tan deteriorada de la Jefa de Estado, cuando una nueva encuesta le consigna una reprobación de más del 70 por ciento de los habitantes del país. Asimismo, ahora es posible entender que desde los niveles más altos del oficialismo, se propusieran solapadas  iniciativas de ley que pretendieron imponer nuevas mordazas al periodismo. Un cometido que nos prosperó gracias a la rápida reacción de los medios de comunicación y de algunos parlamentarios que descubrieron tal operativo legislativo. Como lo hemos sostenido tantas veces, no hay duda del malestar general de la clase política y de los empresarios más poderosos del país con los descubrimientos de la prensa respecto de una serie de episodios de corrupción, cohecho, soborno y fraude al Fisco que inculpan transversalmente a las autoridades. Delitos, por lo demás, que han logrado derrumbar el mito de que vivíamos en un país probo y con un régimen institucional irreprochable y eficiente.

Sorprende que un abogado de prestigio como Juan Pablo Hermosilla se disponga a ejecutar (ad honorem, como se nos ha advertido) una acción legal que será vista como un severo atentado a la libertad de prensa, como que por los propios medios de comunicación haya declarado que lo que se pretende con esta querella es castigar la intención que tuvo una empresa periodística de afectar la honra de la Jefa de Estado, cuando él sabe muy bien que en un estado de derecho, y en relación a la jurisprudencia internacional,  solo los hechos y no las intenciones pueden ser punibles. Una declaración que se hace más temeraria, todavía, cuando denuncia la existencia de un “montaje” en contra de la imagen de la Presidenta, lo que será le será más difícil de probar, todavía, ante la Justicia.

Será inevitable que esta querella provoque la reacción colectiva de los periodistas y medios de comunicación comprometidos en el libre ejercicio de nuestra actividad y misión social. Así como será, al mismo tiempo, imposible contener la reacción desde el extranjero y de la prensa mundial frente a una acción judicial que se interpretará como un acto de censura y amedrentamiento al periodismo independiente. Además (y esto es más grave aún) de ser atribuido como una amenaza a los fiscales y jueces que llevan los casos de corrupción y, en particular, a quien recién se hace cargo del Caso Caval.

En toda una trayectoria profesional hemos sido muy celosos en practicar y exigir la ética que deben considerar todas nuestros actos periodísticos. Es por esto que hasta hoy nos hemos opuesto a la impunidad que ha favorecido a algunos medios de comunicación que debieron ser sancionados por su complicidad en el montaje real y probado de horrendos crímenes de lesa humanidad cometidos por Pinochet y sus secuaces durante  17 años. Sin embargo,  los gobiernos de la posdictadura prefirieron soslayar estos despropósitos y hasta  condonar las millonarias cifras con que el Dictador favoreció, desde el Banco del Estado a los medios que le fueron serviles; asegurándoles, en todos estos años,  abundante publicidad estatal para su plena consolidación. Por ello es que todavía se comprende menos una querella por un hecho tan puntual, en que la propia Revista ha ofrecido una disculpa y, por cierto, una reparación. En vez de ejercer el derecho a réplica como corresponde hacerlo en un régimen que solo se presume democrático.

Tan grave como lo anterior nos parece que con esta querella se pretenda (como lo insinuara el propio abogado Hermosilla) que los medios de información se obliguen a editar mejor sus notas y reportajes periodísticos, cuanto se propenda que cada noticia acompañe la prueba de lo que se denuncia o declaran sus distintas fuentes. Que los periodistas y editores ejerzan al interior de los medios una autocensura extrema y que, al mismo tiempo, se obliguen a resguardar la imagen de las autoridades, cuando una de las misiones del periodismo es servir de vigías de quienes ejercen los distintos poderes del Estado; incomodar al poder como lo consignan nuestros manuales de ética . Que bajo el pretexto de que todo debe estar previamente probado se atente contra la responsabilidad e independencia crítica de los medios y, desde luego, el pluralismo político o ideológico.

Como si los  delitos de Caval, Soquimich, Penta, del grupo Angelini fueran culpa de la prensa y los periodistas y estos graves acontecimientos debieran permanecer sumergidos hasta que los medios, y no los Tribunales, prueben la acción de sus hechores.

Fuente: Radio U. Chile