Haroldo Quinteros Bugueño/ Profesor universitario. Doctor en Educación
Acabamos de recordar el nacimiento del Libertador y Padre de la Patria don Bernardo O’Higgins, de quien la historiografía oficial poco dice de su ideario latinoamericanista y su lucha por la unidad e independencia económica de nuestros pueblos frente a los nacientes imperios extranjeros del siglo XIX. Por cierto, O’Higgins, depuesto y expulsado del país por la oligarquía criolla en 1823, jamás hubiese permitido la entrega de nuestras riquezas al capital extranjero, como sucedería después, primero con el salitre y luego con el cobre; menos aun hubiese entregado la economía agraria e industrial a un puñado de capitalistas nacionales.
A esa patriótica línea fue fiel el Presidente José Manuel Balmaceda durante su mandato constitucional (1896-1891) y sufrió peor suerte que O’Higgins. Un, 21 de agosto del año 1891, tuvo inicio la insurrección en su contra con la batalla de Concón, que terminaría con la de Placilla, una semana después. El levantamiento armado contra el Presidente había sido organizado por el Congreso, compuesto mayoritariamente por representantes de la oligarquía nacional en estrecha alianza con el imperialismo inglés, de acuerdo a un plan cuyo fin era la propiedad y explotación de la gran riqueza internacional de esos tiempos, el salitre, que Balmaceda en su campaña presidencial había prometido al país hacer un bien del Estado.
Ante la conjura, el Ejército de Chile fue leal al Presidente, como así lo ordenaba la Ley, y fue derrotado por la Marina, apoyada por un ejército mercenario comandado por unos pocos oficiales desertores y, sobre todo, militares profesionales alemanes contratados en Berlín. En tres años de Guerra del Pacífico las bajas chilenas fueron de unos 5.000 soldados. Esa suma se elevó al doble en la semana que duró la insurrección contra el gobierno legítimamente constituido, un desastre si se piensa que el país tenía entonces no más de 2 millones de habitantes. De los 10.000 soldados y oficiales muertos, por lo menos tres cuartas partes eran del Ejército constitucionalista.
Balmaceda, asilado en la Legación Argentina, se suicidó un mes después de la derrota de Placilla, queriendo aplacar con su sangre el odio y sed de venganza que desataron los triunfantes golpistas. No lo consiguió. Fueron fusilados la mayor parte de los oficiales sobrevivientes del Ejército, civiles constitucionalistas fueron recluidos, torturados y asesinados en las cárceles públicas; las casas de las personalidades presidencialistas fueron destruidas, incendiadas, expropiadas u objeto de pillaje; se expulsaron de la administración pública a los balmacedistas y la Universidad de Chile fue intervenida y exonerados de ella los académicos y estudiantes sospechosos de simpatía con el mandatario depuesto.
Las misiones diplomáticas asilaron a los pocos personeros del gobierno que consiguieron llegar a ellas, entre ellos, el Ministro de Cultura de Balmaceda, el poeta Eusebio Lillo, autor de la letra de nuestro himno patrio. En la asonada golpista, la experticia militar la pusieron alemanes bien pagados, encabezados por el coronel prusiano Emil Körner, y su financiamiento fue compartido entre financistas ingleses, cuyo cabecilla John North, se hacía llamar “El Rey del Salitre,” y la oligarquía chilena. El proyecto de Balmaceda era éste: riqueza minera nacionalizada, fomento industrial propio, banca estatizada, obras sociales, y educación moderna y universal. La conjura que lo derribó sólo demuestra, una vez más, que los imperios y la clase dominante criolla nunca dejan de actuar contra el poder civil cuando éste afecta sus intereses.