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Haroldo Quinteros Bugueño/ Profesor universitario. Doctor en Educación Por cierto, la mayoría de los chilenos nunca tuvo dudas de la estrecha relación entre el dinero... Y ahora… Soquimch

haroldo quinterosHaroldo Quinteros Bugueño/ Profesor universitario. Doctor en Educación

Por cierto, la mayoría de los chilenos nunca tuvo dudas de la estrecha relación entre el dinero y la política; dicho con más claridad, la relación entre los políticos prominentes del país cuando están en campañas electorales, y los dueños de las mega-empresas chilenas que las financian. Por supuesto, ¿cómo explicar las descomunales cantidades de dinero que se dilapidan en elecciones, muy lejos de lo que podrían aportar de sus bolsillos los candidatos “favorecidos” o los partidos políticos a los cuales pertenecen?

PENTA ha puesto al descubierto, sin lugar a la menor duda,  esa perversa relación. Como ella es un delito tipificado en nuestras leyes, por contener la obvia sospecha de coima y soborno a quienes las hacen, esa relación entre política y dinero se ha materializado a través de fraudes tributarios y falsificaciones de boletas de honorarios. Al principio, la investigación realizada por el Fiscal Gajardo, a partir de una denuncia presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), desnudó sólo la relación de los corifeos de la UDI con PENTA, como su presidente el diputado Silva, los senadores Von Baer y Moreira, los ex candidatos Golborne y Lavín, y Jovino Novoa.

Además, el affaire también embadurnó al ex-candidato presidencial Andrés Velasco, entre otros personajes. Ahora, dos nuevos hechos proveen de mayor base a la asunción, ya popular, que nuestro país está bien lejos de ser la república impoluta libre del flagelo de la corrupción. Primero, el escándalo CAVAL, que ha salpicado a la propia Presidenta de la República, quien pudo haber conseguido para su hijo y nuera un desproporcionado crédito en el Banco de Chile; crédito que permitió a la pareja ejecutar un vergonzoso negociado.

La única pregunta importante sobre el caso CAVAL, hecha por una periodista a la Presidenta, fue ésta: “¿usted tuvo alguna conversación con Luksic antes que su hijo hablara con él?” Pues bien, esa pregunta no fue respondida. Segundo, la denuncia del SII contra el UDI Pablo Wagner, trajo la arista SOQUIMICH (SQM), que involucra al UDI Pablo Zalaquett y –aquí está lo nuevo-  también a varios políticos de la coalición de gobierno, como el hijo del diputado León de la DC, el ex embajador DC Marcelo Rozas y su esposa, y al senador Fulvio Rossi. Hasta ahora todo da vueltas en un enrarecido aire, mientras continúan las indagaciones.

Así como fue un error del gobierno intentar reducir el caso CAVAL a un simple transacción privada, también fue un error exonerar de las indagaciones sobre el caso PENTA al fiscal Gajardo, muy sospechosamente justo cuando se extendía a SQM, y con ello, a Fulvio Rossi. Efectivamente, la Fiscal Nacional, la socialista Solange Huerta, había cambiado a Gajardo por Andrés Montes, otro socialista, e hijo del senador Carlos Montes, también socialista.

Por lo menos, ante la presión de todo el país, ahora el Fiscal Nacional Sabas Chahuán será quien se hará cargo de la investigación completa del caso, lo que da esperanzas que por fin la verdad se conozca en toda su desnudez. Obviamente, con un fiscal del mismo bando político de los involucrados, podía llegarse -como señala El Mostrador- a la suspensión condicionada del procedimiento, que consiste en un acuerdo entre el fiscal y el imputado para paralizar el proceso entre 1 y 3 años, y así, hasta el sobreseimiento definitivo del caso.

Ahora, anulada esa burda maniobra, y conscientes los chilenos de lo que está sucediendo en nuestro país en materia de probidad y transparencia políticas, sólo nos resta exigir, no esperar,  que la justicia haga bien su trabajo. Como decía Serrat, “el problema de la verdad es que no tiene remedio.“ Pues, que no lo tenga y se imponga por completo, caiga quien caiga.