Edición Cero

Cambio21/ Por Mario López M.- El caso Soquimich dejó hace rato de ser una arista más del caso Penta. El manto de dudas por... Conozca los 37 nombres de políticos ligados a dineros sospechosos que Soquimich intentó ocultar

casp sqmCambio21/ Por Mario López M.- El caso Soquimich dejó hace rato de ser una arista más del caso Penta. El manto de dudas por el actuar del SII, que ha amenazado la posibilidad cierta de investigar delitos y las filtraciones de nombres de políticos involucrados, esta vez de manera transversal, ligados a boletas “truchas”, son una estocada al corazón de nuestra democracia.

Durante meses el país observó cómo un sector específico del espectro político, la UDI, se hundía víctima de sus propios errores y horrores no forzados. Una derecha dura nacida al amparo de la dictadura se unía a empresarios que hicieron su riqueza justamente protegidos por un sistema totalitario y lo hicieron en medio de la oscuridad, a espaldas de la gente y en desmedro de los intereses del país, para defraudar a Chile.

La extraña conducta del SII

La abogada Marisa Navarrete, quien destapara en sus inicios el caso FUT que dio origen a las investigaciones a Penta, la UDI y ahora Soquimich, «evidentemente algo se está tapando aquí y es eso justamente lo que la gente quisiera saber, qué pasa. Llama la atención esta medida de protección que está amparando justamente a SQM, lo que al parecer no operó respecto de Penta, y eso dice relación con el actuar del SII que comenzó a tener una actuación errática a diferencia de lo que hizo con las empresas de Délano y Lavín», sostiene a Cambio21.

Y aún va más allá: «Aquí el SII partió el 9 de enero con una querella amplia que incluía varios años y posteriormente comienza a limitar los periodos en que se puede revisar la contabilidad. La querella original es dirigida en contra de Pablo Wagner, su cuñada María Carolina de la Cerda y en contra de quienes resulten responsables por la facilitación de boletas y quienes hicieron registro contable de ellas entre 2009 y 2014, nombrando a 6 o siete empresas, entre ellas Penta y también SQM», sostiene.

Un paso adelante dos atrás

Lo que extraña a la profesional, es que «Sin embargo unos días después se presenta por el servicio un escrito en la fiscalía que limita en el caso de SQM solo a un mes del 2009 y eso es justamente lo que se le cuestiona al organismo dirigido por Michel Jorratt, pues se discutió sobre si el Ministerio Público tenía facultades o no para conocer los antecedentes del total del periodo original».

Las reacciones no se hicieron esperar. El diputado de la DC, René Saffirio, abrió los fuegos por Twitter: «Presidenta: Deseamos seguir creyéndole. Disponga mañana querella SQM. Instituciones están en riesgo. Debe investigarse todo», disparó. En paralelo, la ciudadanía asistía perpleja a un intrincado partido de ajedrez entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional (TC) y el SII.

Tribunal Constitucional «error involuntario»

Todos órganos de la república encargados de velar por los intereses del país, pero que esta vez se enfrentaban en una contienda que más perecía el intento de algunos para evitar se conocieran hechos que justamente afectan los intereses de la nación. La fiscalía pedía antecedentes a la empresa los que se le negaban, mientras la sociedad de Ponce Lerou recurría al Tribunal Constitucional en busca de dilatar la entrega de antecedentes.

«Tanto es así que el cuestionamiento que se presenta por el abogado PPD, (Samuel) Donoso ante el TC, justamente apunta a esta falta de facultades de la fiscalía. El por qué el SII hace esto, resulta inexplicable y es justamente lo que no se sabe y que resulta inédito, pues jamás el servicio había actuado así. Sume a eso el que la misma SQM se niega a entregar la contabilidad. No hay que ser muy inteligente para entender que algo estaban ocultando», afirma la abogada Navarrete.

Para la profesional, «Tampoco pasa desapercibido que el TC de forma extraordinaria y que al menos nunca lo había visto, resuelve muy rápidamente una suspensión del procedimiento sin siquiera haberse pronunciado sobre la admisibilidad del requerimiento presentado por SQM. Eso es anormal, pues lo que corresponde es que el TC al recibir un requerimiento, coloca la causa en tabla (fija una audiencia) en que primero se pronuncia sobre la admisibilidad y luego sobre la suspensión o no del procedimiento».

Ponce Lerou pierde terreno

El propio Ministerio Público reclamó ante el TC por el hecho, pero agregó algo más. Uno de los ministros que había votado favorablemente la suspensión del procedimiento, era nada menos que Cristián Letelier, el ex diputado de la UDI que aparecía como abogado de una de las implicadas del caso Penta (Paula Rojo) y además el mismo aparece en un mail enviado a Carlos Délano solicitándole dinero para Pablo Longueira en su frustrada intentona presidencial. De inmediato el Ministerio Público pidió la inhabilidad de Letelier para resolver el requerimiento sobre SQM en el Tribunal Constitucional.

Al final, el TC no acogió a trámite el requerimiento de SQM y con ello abrió las puertas a que el Ministerio Público terminara allanando e incautando la contabilidad entre el 2009 y el 2014, tal como sucedió. Este «error involuntario del TC, de acoger la orden de suspensión sin haberse pronunciado sobre la admisibilidad, dio lugar a la justificada sospecha que los equipos de computación retirados «subrepticiamente» de SQM en el intertanto, haya sido una maniobra destinada a eliminar información vital.

Con la incautación de antecedentes, se abre una tremenda caja de Pandora, la que tiene inquieta a toda la clase política y en particular a la derecha. Sin embargo hay otro que ha perdido el sueño, Julio Ponce Lerou (en la foto), quien por primera vez teme perder el control de la empresa, amenazado por el Ministerio Público y sin la protección del Tribunal Constitucional y el errático actuar del SII. Como si fuera poco, las querellas en su contra en EEUU amenazan más que su tranquilo dormir.

Se arriesga prescripción de delitos

El tema preocupa, pues hay delitos que estarían prescribiendo a partir de abril de 2015. El tema es claro para Marisa Navarrete: «Aun cuando ignoramos qué delitos se les va a imputar en el caso SQM, pero si son declaraciones maliciosamente falsas, prescriben ellas en 5 años. El plazo de prescripción se cuenta respecto de la empresa a partir de que se utilizan en la declaración anual de impuestos, esto es en abril del año siguiente. En este caso los ilícitos correspondientes a 2009 comienzan a prescribir a partir de abril del 2015, pues se presentaron en abril del 2010».

Concuerda con esta visión el diputado René Saffirio: «El manto de duda con que se cubre este proceso no iniciado es enorme», señala el parlamentario DC., siendo categórico en resaltar que «por ejemplo hay eventuales delitos cometidos en 2009 que podrían prescribir en abril si es que no hay una denuncia de por medio (…) lo que está en juego es la supervivencia de las instituciones del Estado».

Soquimich entre la venta y la crisis

La situación interna de SQM es «grave», sostienen fuentes allegadas a la empresa y que conocen muy bien la trama interna. «Con la salida de Patricio Contesse (gerente general de la empresa), Julio Ponce Lerou ha hecho una jugada muy riesgosa y parece que no le resultó». Nuestra fuente se refiere a la renuncia del gran amigo de Ponce y que ha sido su aliado en la empresa por más de 20 años.

Según las fuentes, dos serían las razones que gatillaron la salida, la primera, para dedicarse a la defensa judicial y segundo, como «moneda de cambio» para evitar la salida de tres directores que representan a PotashCorp (PCS), la empresa canadiense con presencia en el directorio (con 32% de la propiedad de la empresa). El fracaso se plasmó en una escueta declaración: «PotashCorp y sus representantes en el directorio de SQM han exigido una investigación exhaustiva, transparente e independiente por la empresa».

PotashCorp optó por retirar sus directores ante la negativa del grupo controlador por entregar información a la fiscalía. En USA en el intertanto, el estudio de abogados Pomerantz LLP inició acciones para determinar si la administración y el directorio violaron regulaciones del mercado norteamericano. Otros inversionistas menores anunciaron acciones legales, lo que resulta de extrema gravedad por la penalidad asociada a los ilícitos y porque se puede prohibir que la empresa opere en ese país. La SEC (el regulador del mercado de valores en Estados Unidos), también anunció acciones legales.

Director del SII con fecha «vencida»

Michel Jorratt fue designado por el presente gobierno como Director del Servicio de Impuestos Internos, de manera «transitoria y provisoriamente» el día 12 de marzo de 2014, mediante el Decreto 453 del Ministerio de Hacienda. El sucesor de Jorratt debe ser designado por concurso público, de acuerdo a las normas de la Alta Dirección Pública. De hecho él mismo postuló y quedó entre los 6 seleccionados entre 179 postulantes, Pero el proceso aún no termina.

Tratándose de un cargo «transitorio y provisorio», la ley 19882 establece de manera perentoria que no puede durar más allá de un año. «De haber cargos de alta dirección vacantes, la autoridad facultada para hacer el nombramiento podrá proveerlos transitoria y provisionalmente, en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente (…) Estos nombramientos no podrán exceder de un periodo, improrrogable, de un año, contado desde la fecha de los mismos (…)».

Es decir, Michel Jorratt terminó el desempeño de su cargo, por el solo ministerio de la ley, el 13 de marzo de 2015. La única posibilidad de poder mantenerse en tal calidad provisional es «previo informe positivo de la Dirección Nacional del Servicio Civil». Sin embargo tal informe no aparece mencionado en la página www.serviciocivil.gob.cl que da cuenta como última gestión el 18 de marzo de 2015 que «se envía a autoridad nómina de candidatos elegibles para el cargo». Según el ministerio, ya se avisó la prórroga.

Caso SQM: Algunos nombres y apellidos

Hasta ahora los trascendidos han señalado solo algunos nombres asociados a “boletas sospechosas” extendidas en un solo mes del 2009. Los políticos que aparecen relacionados con familiares o asesores que extendieron tales documentos a Soquimich, pertenecen a distintas tiendas políticas.

Según la carpeta investigativa del caso Penta y cuando aún se investigaba como un apéndice la “arista” SQM, aparecieron 240 RUT asociados a boletas vinculadas a políticos de distintos sectores. Su origen un oficio del SII que daba cuenta del periodo tributario 2009 que fuera declarado el 2010. De esos documentos, 39 se resaltaron por su vinculación directa o indirecta a políticos. Esta es la lista que aparece como sospechosa. Cambio21 no imputa, por el solo hecho de publicarla, delito alguno.

 Las boletas no fueron extendidas, en ninguno de los casos, por aquellos a quienes se les imputa relación con ellas, sino que por terceros vinculados, familiar o laboralmente a los políticos señalados más adelante. Salvo en el caso Wagner, no existen imputaciones  a estas personas y tampoco aun han sido citadas a declarar. Tal como lo señaló el fiscal Carlos Gajardo, se investiga si estos fondos fueron a parar a las campañas de los políticos mencionados.

Fulvio Rossi (Senador PS): Existen 4 boletas por un total de $ 28.892.429, extendidas por terceros, sus asesores o ex asesores, Mariela Molina, María Martínez Zaror y René Madariaga Caronna.

Pablo Wagner (UDI exsubsecretario de Piñera): Existen 2 boletas por un total de $ 16.666.668, extendidas por su cuñada, María Carolina de la Cerda.

Gustavo Alessandri Balmaceda (RN): Existen 2 boletas por un total de $ 8.888.889, emanadas de los terceros Gustavo Alessandri Bascuñán y Nicole Etcheverry Spadaro, hijo y ex periodista asesora, respectivamente.

Juan Antonio Coloma (Senador UDI): Existe 1 boleta por $ 4.444.444, extendida por un tercero, el militante UDI y asesor del senador, Víctor Krefft Marín.

Jaime Orpis (Senador UDI): Existe 1 boleta por $ 3.335.011, extendida por Carolina Isabel Gacitúa Larenas, asesora del senador desde el 2007.

Joaquín Lavín (UDI): Existe 1 boleta por $ 3.340.000, entregada por Karen Grollmus Fritz, asesora en sus campañas presidenciales y también ex funcionaria de gobierno de Piñera. Trabajó con Lavín mientras fue alcalde de Santiago.

Pablo Longueira (UDI): Existe 1 boleta por $ 4.450.333, extendida por un tercero, José Tomás Longueira Brinkmann, su hijo.

Suman y siguen

Además aparecen otros nombres relacionados, como los UDI Manuel Rojas $ 2.777.780 (exdiputado); Juan Pablo Aguerreberry (vicepresidente Juventud UDI, $5.555.555);  Laura Toledo Cruz, (cónyuge de Aguerreberry, $5.555.555); Enrique Gillmore Carmona (director de Escuela de Liderazgo U. San Sebastián, parte del consejo general de la UDI, $14.472.230); Roberto Lewin Vial (hijo del Core Roberto Lewin Valdivieso ex jefe de avanzada presidencial de Piñera, $6.673.340); Alejandro Arias Edwards (ex funcionario Dirección de Obras Portuarias y en Sernapesca, $5.566.670) y Manuel Óscar Rodríguez Campillay (UDI candidato a Core, 1.666.667 en 2009 y $13.350.003 en 2010).

Existen 8 boletas por un total de $ 68.038.926, que fueron extendidas por terceros distintos de Sebastián Piñera, todos ex funcionarios de su gobierno o quienes prestaron servicios en su campaña, Matías Hormazábal Cavieres, Robert Araya, Pamela Campos Joost, Marisol Cavieres Romero, Marcelo Pizarro San Martín y Juan Pablo Jestuet González.

 Desmentidos y aclaraciones

Otros personeros de la Alianza involucrados son Alejandro Moreno Prohens (antiguo militante RN y ex funcionario de la dictadura, $4.466.666), Patricio Marcelo Lazcano Silva (ex concejal RN por San Joaquín y cargos en otras municipalidades, $12.241.122), Jorge Rodrigo Brito Gajardo (actual Core del Bío Bío y ex candidato a diputado del PRI, $16.666.677).

De la Nueva Mayoría aparecen mencionados: Marcelo Rozas (exembajador) $100.928.832; Roberto León; Raúl Castro Letelier presidente Gobierno Regional Metropolitano de Arica, Core $1.500.000;Hernán Rivera Letelier, ex candidato a diputado por el PS, $8.806.966.

Tanto Rossi como León se han hecho cargo de los rumores y han desmentido la información. El senador PS afirmó que tales asesores no trabajaban para él en las fechas de las boletas y el diputado DC reconoció que su hijo prestó servicios efectivos para SQM, dada su calidad profesional ligada al giro de la empresa. Al respecto René Saffirio reflexionó que lo “que está en juego no es la suerte de Rossi, no es el destino de los partidos (…) lo que estoy intentando es tratar de convencer a mis pares para que recuperemos la credibilidad de un sistema que se está corroyendo”.lopez