Elecciones y desfiles ante la Confederación de la Producción y el Comercio
Opinión y Comentarios 2 octubre, 2014 Edición Cero
Haroldo Quinteros Bugueño/ Profesor universitario. Doctor en Educación
En los marcos del trato del caso Penta por fraude al fisco, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) Andrés Santa Cruz, ante todo el país y sin el menor desparpajo, en un reciente programa de Televisión Nacional, declaró que «un desfile de políticos pasan por las empresas para que les donen dinero.» No dijo quienes son éstos, y, por supuesto, debe hacerlo porque esta acusación, lanzada al voleo, conlleva la noción que todos quienes deciden nuestro destino como nación reciben plata desde donde ésta más se acumula, las faltriqueras del gran empresariado privado; es decir, donde anida la «raison d’ être» del sistema político y económico vigente, neo-liberal subsidiario, el mismo que la mayor parte del país quiere cambiar.
El tal «desfile de políticos» (léase, candidatos) ante la CPC sólo puede ocurrir en dos ocasiones: las campañas electorales, y llegado el momento en que los elegidos deben aprobar o rechazar una ley. Más claro todavía: si un parlamentario, alcalde, Core, concejal o el propio presidente de la República participó en ese “desfile,” al votar una decisión determinada, una ley o enviar un mensaje presidencial al Parlamento que involucre dinero, bien puede estar siendo coimeado o, simplemente, devolviendo el favor que “generosamente” le hicieron los dueños de la plata en Chile cuando era candidato. Ergo, si las elecciones son una actividad pública, ¿por qué las atraviesa el dinero privado? La legislación vigente es extremadamente oscura al respecto.
Existen legalmente los “aportes reservados” (es decir, secretos) a los candidatos. Si los aportes son secretos, no tienen límite, y, claro, como provienen de los magnates de la CPC, no los recibirán quienes sean sus adversarios políticos, sino sus defensores, en mayor o menor medida, según cómo devuelvan el favor. Por lo expuesto, aunque parezca ingenuo decirlo, planteo que los “aportes reservados” para las campañas electorales deben anularse por completo, que su financiamiento debe ser estatal, por lo menos hasta un 90%, y, por ende, ser igualitario para todos los candidatos; y, finalmente, que el 10% restante sólo debe provenir de personas naturales, y no de los imperios económicos reinantes en Chile.
De este modo, las campañas electorales serían transparentes, sobrias, sin el ridículo circo farandulero que les conocemos ni el despliegue de miles de millones tirados en las calles mientras faltan camas en los hospitales o pupitres en las escuelas. Sobre todo, serían serias, basadas exclusivamente en la argumentación política. ¿Quiénes son los candidatos que más millonadas reciben de los mecenas de la CPC? Al parecer, casi todos, unos más, otros menos; aunque muchísimo más quienes explícita y abiertamente protegen sus intereses; es decir, la derecha histórica.
Datos duros del SERVEL: bajo el concepto de “aportes reservados,” en la reciente campaña presidencial, Evelyn Matthei recibió $2.312.122.905, Michelle Bachelet, $1.405.681.423; Marco Enríquez-Ominami, 240 millones, Tomás Jocelyn-Holt 19 millones; y la humilde pobladora Roxana Miranda, 0 pesos. ¿Es justo esto?