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Haroldo Quinteros Bugueño/ Profesor universitario. Doctor en Educación El tema del aborto es hoy el que más suscita la atención pública en Chile.  Entonces, es...

haroldo quinterosHaroldo Quinteros Bugueño/ Profesor universitario. Doctor en Educación

El tema del aborto es hoy el que más suscita la atención pública en Chile.  Entonces, es importante revisar algunos datos. El aborto voluntariamente decidido por una mujer embarazada e inducido profesionalmente es legal, total o parcialmente, en la  mayor parte de los países del mundo, especialmente en los  de mayor importancia política y económica. El aborto terapéutico – aquel que se practica en caso de inviabilidad del feto, violación, incesto y, sobre todo, si el parto conlleva riesgo de muerte para la embarazada- prácticamente hace del aborto una figura legal en todo el mundo.

Digo “prácticamente,” porque el aborto sólo es ilegal en tres pequeños países, que difícilmente alcanzan a constituir el 1% de la población mundial. Ellos son Chile y dos pequeñas repúblicas de Centro América, República Dominicana y El Salvador. Polonia, el único país de Europa en que el aborto hasta hace poco era ilegal, está introduciendo cambios claves en sus leyes; obviamente, relacionados con los casos arriba mencionados, los que universalmente justifican el aborto terapéutico. Es decir, en el tema del aborto, Chile es la mayor excepción en el mundo.

Sin embargo, que así sea es tan ilegítimo y antidemocrático como lo es la espuria constitución política de 1980, redactada por un puñado de militantes de la ultra-derecha nacional. Por cierto, el problema ya había sido resuelto en Chile en 1931, año en que se legalizó el aborto terapéutico. Por lo tanto, ese legítimo status jurídico del aborto sólo pudo ser revocado porque en 1973 una dictadura cívico-militar, conducida políticamente por lo más granado del conservadurismo político criollo, barrió a sangre y fuego con nuestra antigua democracia.

En el acta del 14 de noviembre de 1974 de la llamada “Comisión de Estudios de la Nueva Constitución,” consta que el más radical de los asesores políticos de la dictadura, Jaime Guzmán, propuso la siguiente redacción para una ley sustitutiva sobre aborto: “La madre debe tener el hijo aunque este salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o, aunque de tenerlo, derive su muerte.”

También consta en esa acta que los demás redactores, conservadores pero menos misóginos que Guzmán, si bien no aceptaron tan macabra redacción, votaron por penalizar el aborto en cualquiera de sus formas, con el texto constitucional actualmente vigente: “no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar el aborto;” o sea, aun si muere la parturienta. Entonces, son harto curiosos los actuales corifeos de los movimientos “pro vida”.

Nunca se juegan de verdad por terminar con la abominable desigualdad social existente en nuestro país ni les importa mucho qué pasará con el que nacerá, i. e., si al “nasciturus” le espera una vida libre de miseria, desnutrición y desamparo médico que fácilmente le causarán la muerte a los pocos meses o  años de vida, como realmente sucede. Además, piden la restitución de la cavernaria pena de muerte…

En fin, ¿estamos o no estamos por la vida?